El Gobierno Regional 2.0 que debutará en Ñuble

Por: Isabel Charlin Fotografía: Victor Orellana 08:20 PM 2018-04-29

La ley de Fortalecimiento de la Regionalización (traspaso de competencias) elimina, además, la denominación numérica de las regiones.

En febrero pasado, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgó las últimas dos leyes de la Agenda Descentralizadora que lideró: la ley orgánica constitucional que regula la elección de gobernadores regionales (actuales intendentes), que se desarrollará en octubre de 2020; y la ley de fortalecimiento de la Regionalización, más conocida como “traspaso de competencias”.

Esta última, ha sido catalogada por actores regionalistas, como la Fundación Chile Descentralizado, como un gran adelanto en materia de empoderamiento de las regiones, ya  que da nuevas atribuciones en lo inmediato a los gobiernos regionales en materias de fomento productivo e industria, desarrollo social y humano, e infraestructura y transporte; a la vez que  establece un procedimiento para que las regiones puedan requerir en el futuro nuevas competencias al gobierno central. 

También permitirá conformar áreas metropolitanas en las principales conurbaciones del país (dos o más comunas que superen los 250 mil habitantes), y crea nuevas divisiones en los gobiernos regionales, para que se hagan cargo de las nuevas facultades.

Actualmente los gobiernos regionales (Gores) cuentan con tres divisiones: Análisis y Control de Gestión (que pasará a llamarse de Inversión y Presupuesto, y de la cual dependerán los departamentos de Áreas Metropolitanas); Administración y Finanzas y Planificación y Desarrollo Regional. Con éstas debutará la Región de Ñuble el 6 de septiembre, no obstante, a partir de enero de 2019, deberá incorporar las tres que se suman de acuerdo a la nueva normativa: Fomento e Industria, Infraestructura y Transporte y Desarrollo Social y Humano.

Nuevo proceso de transferencia 

La nueva normativa establece un procedimiento distinto de transferencia de competencias desde los ministerios o servicios públicos, a los gobiernos regionales. 

Según explica el abogado Cristóbal Osorio, dichas competencias podrán ser solicitadas por el gobierno regional o de oficio, o por el Presidente de la República, y necesariamente deberán ser competencias enmarcadas en el ordenamiento territorial, fomento productivo, y desarrollo social y cultural; y podrán incluir la adaptación, priorización y focalización de instrumentos nacionales, a las políticas regionales; así como la ejecución directa de los instrumentos y sus recursos.

Estas competencias serán ejercidas por el propio GORE a través de sus divisiones. Asimismo, se establecieron las bases para crear nuevos servicios públicos que dependerán o se relacionarán con el gobierno regional.

Así, por ejemplo, sostiene Osorio, sería posible que las regiones demanden la transferencia de las competencias que corresponden al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), de modo que los gobiernos regionales tendrían para sí los programas de subsidios para la adquisición o mejora de las viviendas. Al mismo tiempo, podrían ser objeto de transferencia de competencias aquellas que corresponden al Fosis, Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado, se refirió a esta oportunidad que se abre para las regiones, y específicamente para Ñuble, en el contexto de las nuevas competencias que podrá ejercer y solicitar.

“Las reformas ya están, ahora hay que llenarlas de contenidos, porque o si no, vamos a desaprovechar la oportunidad de transformar los cambios en beneficios para sus habitantes. La invitación es a que Ñuble no sea solamente una nueva región, una región más que haga más de lo mismo; sino que debe aprovechar el empujón para ser región modelo, piloto y pionera en algunas iniciativas estratégicas que ustedes puedan proponerse y que se puedan gestar colaborativamente”, advirtió.

Otras competencias
La nueva ley de traspaso de competencias establece, además, nuevas competencias legales para los gobiernos regionales, entre ellas, diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos; un Plan Regional de Ordenamiento Territorial vinculante, y la facultad de decidir localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios.

También permite elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, y  contempla, además, una nueva estructura y funciones que permitirán no solo el diseño, sino que también la ejecución directa, por parte del Gobierno Regional, de programas propios que actualmente debe ejecutar a través de las municipalidades o servicios públicos nacionales, así como de competencias que le sean transferidas.

La normativa establece también la obligatoriedad de los convenios de programación y los convenios de programación territorial, con municipalidades y servicios públicos (direcciones regionales), ambos exigibles vía Contraloría General de la República.

A través de la implementación del artículo 114 de la Constitución, establece un procedimiento administrativo para la transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales, que contempla las siguientes instancias del proceso: el Presidente de la República, un Comité interministerial con su secretaría ejecutiva (Subdere) y comisiones de transferencia para procedimientos iniciados con solicitud de gobiernos regionales.

Comentarios