[Editorial] Polémica liberación de reos

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:30 AM 2016-05-03

La discusión pública sobre las libertades condicionales que otorgan las Cortes de Apelaciones y que en esta ocasión favoreció a 1.556 reos en el país y 29 en Chillán, sigue escalando y sumando voceros tanto del mundo político como del Poder Judicial. Entre los primeros, el rechazo ha sido transversal, mientras que desde la Judicatura fue el ministro Milton Juica quien salió ayer al paso de las críticas, recordando que en 2011 hicieron un informe desfavorable de la iniciativa que les entregó las funciones de resolver la cuestiones de libertad condicional, porque consideraban que éste es un tema que genera controversia y porque en el fondo lo que requiere el país son tribunales de ejecución de la pena. Sin embargo, una vez sancionada la ley, los jueces deben cumplirla y eso es precisamente, aseguró Juica, lo que hicieron este fin de semana.  

El vocero del máximo tribunal del país argumentó que esta medida que benefició a internos que tienen un buen comportamiento intrapenitenciario y supuestamente reales posibilidades de rehabilitación e reinserción, se basa en la necesidad de reducir el elevado nivel de hacinamiento de las cárceles, que registran en promedio un 60% de sobrepoblación.

Y es precisamente sobre ambos aspectos que se fundamenta la controversia, pues muchas de las cárceles chilenas presentan infraestructura obsoleta, carente de mínimas comodidades, en las cuales se apiña una población numerosa, que excede largamente la capacidad de albergue de esos inmuebles y que lejos de ayudar a la rehabilitación, convierte a las prisiones en escuelas de aprendizaje del delito. 

Entretanto, las autoridades, que no desconocen la situación, solo han atinado a formular promesas, proyectos inconclusos y soluciones parciales que poco han contribuido a reparar este desatino. Abundan las promesas y los proyectos bienintencionados como el de una nueva cárcel para Ñuble, pero escasean los hechos concretos y, en especial, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos.
Probablemente, si se procediese de esta última manera, se progresaría muchísimo en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, la mayor parte de las cárceles no responde adecuadamente a la positiva intención de impulsar y promover la recuperación de los reclusos, tal como lo demuestran estudios realizados por Gendarmería sobre reincidencia penal, donde un 48.3% de los reos que cumplieron una condena en algún recinto penitenciario del país volvió a delinquir.

En Ñuble, en tanto, las cifras de reincidencia son aún menores –de 13,9 de los condenados a régimen cerrado y de 6,1% en régimen abierto- revelando la trascendencia de un factor tan importante como ausente en los esfuerzos de reinserción: las oportunidades laborales. Dicho de otra forma, menos gente que delinque en Ñuble vuelve a la cárcel porque aquí existen reales opciones de hallar un trabajo, aunque sea precarizado, en labores agrícolas o en el comercio informal. 
Sin embargo, que empleos informales sean el único camino a la reinserción laboral y social está lejos de ser el ideal. Por todo ello, resulta clave que el sistema penitenciario mejore su capacidad de ofrecer alternativas de formación efectivas, dignas y adecuadas a las aptitudes de los internos y pertinentes con las demandas del mercado laboral del territorio al que pertenecen. 

Cada reinserción efectiva de un ex delincuente constituye un éxito del sistema judicial y penal en su lucha contra la delincuencia, pues no hay mejor prevención del delito que darle una solución humana al liberado.

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