Fraude en Chillán Viejo: abogado defensor dice que caso es "raro"

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Víctor Orellana 08:30 AM 2018-04-16

La denuncia fue hecha en 2014 por el concejal Jorge del Pozo, lo que motivó un sumario.

Ricardo Robles, abogado defensor del administrador de la Municipalidad de Chillán Viejo, Ulises Aedo, se hartó.

Hasta unas semanas había evitado los comentarios incendiarios y su acercamiento a la prensa siempre siguió los caminos de la diplomacia y buena convivencia con jueces, fiscales, querellantes y colegas, pero desde que le negaron poder interrogar a testigos le varió el tono.

“El caso es raro. La formalización es muy rara, la manera de imputar los delitos es muy rara, el criterio de transparencia del Ministerio Público al aceptar que la causa la siga viendo el fiscal Álvaro Serrano, que el lunes será parte de la Fiscalía local, es raro. Y además, cómo partió esta denuncia y el actuar de la Contraloría, también es raro”, dice el profesional.

La causa se remonta a 2014, cuando el concejal Jorge del Pozo denunció la pérdida de casi $300 millones en época de campañas para elecciones municipales. 

Esto generó un sumario instruido por la Contraloría General que determinó responsabilidades administrativas a una veintena de funcionarios, incluyendo al alcalde Felipe Aylwin y algunos jefes de repartición.

“Y lo curioso es que según la Contraloría, ellos se dejaban caer de sorpresa constantemente al municipio y nunca habían detectado nada. No fue que se dieron cuenta de esto hasta la denuncia de Del Pozo”, detalla  Robles.

El exdefensor público añade un nuevo dato, hasta la fecha oculto. “Hay testigos que dicen que todo esto partió porque Aylwin se vio tentado a gastar más de lo que podía en su campaña, debido a la presión que le estaba haciendo Esteban San Martín. Aparte de estos testimonios no hay pruebas que lo acrediten”.

Para darle mayor oscuridad al arranque, y según certifica el abogado Sergio Zúñiga, defensor de la jefa de Control Municipal, Gabriela Garrido Blu, “el primer sumario se anuló por errores en la investigación y tuvieron que cambiar al fiscal, lo que demuestra que todo, desde el arranque no fue hecho con pulcritud ni rigurosidad”.

Cuatro años de nada

Hecha la denuncia en 2014 de Del Pozo en la Fiscalía, también se querellaron en contra de quienes resulten responsables el alcalde Felipe Aylwin, Ulises Aedo y otros funcionarios, quienes hoy están como imputados en la causa.

“Pero si se formalizó no fue por iniciativa del Ministerio Público, sino por la presión de Ricardo Robles, quien explicó al tribunal que tras todos estos años los involucrados estaban estresados por no saber si se les había investigado como testigos o imputados y eso no es legal”, apunta el abogado Rodrigo Vera Lama.

El profesional defiende a la única particular de la causa, la empresaria de buses Silvana Ríos, “que no tiene absolutamente nada que ver con la causa”, acusó.

“Ella está aquí solo porque su nombre figura como representante legal de la empresa, pero todos los negocios que asoman hoy como fraudulentos los hizo el municipio con el padre de mi representada, quien es el verdadero dueño de la empresa”.

Por tal razón, tras la audiencia de formalización celebrada en marzo, fue la única imputada que no quedó con medidas cautelares en su contra.

“Sin embargo, ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó una cautelar real, de embargo de bienes, como si Silvana Ríos no tuviera con qué pagar en caso de condena”, dice Vera Lama, quien el viernes último consiguió que la Corte de Apelaciones revocara la solicitud aceptada en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Chillán.

El defensor va más allá con las críticas. “El CDE envió una lista de imputados con las respectivas solicitudes de embargo de bienes y en ellas se incluía a

Ignacio Moreno, pero el juez se lo saltó inexplicablemente y no dictó cautelares en su contra. Luego el Consejo tampoco pide que se corrija el error, entonces es demasiado evidente que esta es una causa que no le interesa a nadie, nadie la quiere investigar, al punto que el fiscal Serrano la calificó de tediosa”.

Semanas después de la formalización, el fiscal Serrano pidió al tribunal el alzamiento del secreto bancario en contra de Silvana Ríos. “Eso es increíble. ¿Por qué no lo hizo en estos cuatro años?”, cuestionó Vera Lama.

Políticamente lento

El proceso ha sido lento y eso es evidente. Robles dice que “es un caso complejo, pero mientras más lo estudio más me convenzo de que acá lo que hubo fue negligencia y desorden, no delitos”. También acusa que “la investigación está al debe”.
Declaraciones cruzadas, testigos que no han hablado o no han sido interrogados y cambios de abogados a última hora han aletargado aún más la causa.

Como si fuera poco, algunos defensores presentarán este lunes la inhabilitación de Serrano de la causa por integrarse a la Fiscalía de Chillán, unidad que “en aras de la transparencia”, el propio fiscal regional, Julio Contardo,  había excluido de la investigación debido a que la mujer de Felipe Aylwin trabaja allí.

“Esas son las cosas que no se entienden. Tampoco que el fiscal haya dejado sin formalizar a muchas otras personas que, según el sumario de Contraloría, tenía igual responsabilidad en estas situaciones irregulares que los que hoy están imputados”, subraya Sergio Zúñiga.

Zúñiga y Robles además coinciden en que “si todo esto fue para conseguir fondos para una campaña municipal, porque es evidente que acá nadie aumentó su patrimonio con el dinero extraviado. Entonces,  ¿cómo se explica que Aylwin aparezca imputado por un solo hecho y uno de los más fáciles de excluir responsabilidad? La única respuesta es que obviamente él no iba a firmar ninguno de los documentos que hoy son parte de la evidencia, ya que había subalternos que lo hicieron y por eso hoy están imputados, como mi representada”.

Así es como llega la sospecha de que “esto arrancó como una pelea entre políticos del mismo bando que se disputaron una alcaldía. Hoy, al parecer, está ese incómodo escenario político en el que nunca es fácil desarrollar una investigación”, sentencia Robles.

Para el abogado de Felipe Aylwin, Julio Díaz de Arcaya, “la investigación no tiene claridad respecto a las acusaciones. En lo que se imputa a Felipe Aylwin no tiene relación con el resto de la causa. Claramente, hay falta de pulcritud en casi todos los actores de esta causa”.

El fiscal Álvaro Serrano dijo en la audiencia pasada que “creemos que hay mucho más dinero que se extravió, pero no sabemos dónde fueron a parar ni en qué se gastaron”.

El 8 de mayo expira el plazo para la investigación judicial, conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Garantía de Chillán.

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