Obstáculos para La Punilla

Por: La Discusión 12:20 PM 2018-04-14

Problemas en el proceso de relocalización de las familias que viven en la zona cordillerana donde se construirá el embalse La Punilla, y que se verán afectadas por la inundación de sus tierras, se ha convertido en el nuevo gran obstáculo para la concreción de este anhelado proyecto. 

Luego de sortear variadas dificultades en su larga tramitación, la emblemática obra de riego para la cuenca del río Ñuble se enfrenta hoy a un tema bastante complejo, pues no solo se trata de un atraso en el cronograma del traslado de las personas, sino que hay una serie de otros factores que no están lo suficientemente resueltos y que han llevado al ministro de Obras Públicas a incluirla en el listado de los 13 megaproyectos que hay en el país que deben ser corregidos con urgencia.   

Un aspecto que es esencial, y por lo mismo preocupante en cuanto a poca certeza, es el número de familias que deben ser erradicadas. Oficialmente, se habla de 84, pero representantes de los vecinos aseguran que son 104 y que el catastro y el plan social fueron hechos a la rápida por el Gobierno anterior.

Lo mismo habría ocurrido con el monto de las expropiaciones, la implementación del Plan de Desarrollo Social (PDS) y la ejecución del catastro ganadero. En síntesis, improvisación total. 

Frente a este escenario, es valorable la decisión del titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, de enviar un delegado ministerial a la zona, a fin de verificar en terreno el avance del proyecto y conocer las observaciones planteadas por alcaldes y vecinos. 

El profesional llegará el próximo jueves a la zona y de su informe dependerán las correcciones que se hagan al proyecto, a fin de garantizar su viabilidad social, ya que si bien es de suma justicia pensar en el desarrollo económico de la cuenca del río Ñuble a partir de este proyecto, es deber del Estado que ese desarrollo no sea sinónimo de un perjuicio económico para una minoría. 

Sin el ánimo de plantear sentencias absolutas, es conveniente que se garanticen cuatro aspectos fundamentales: que el valor que se pague por las tierras sea determinado por un tasador de acuerdo al precio de mercado; que las compensaciones no sean sinónimo de beneficios asistencialistas; que el Estado promueva el emprendimiento entre los afectados; y que las inversiones que se realicen para mejorar la calidad de vida favorezcan a toda la comunidad de San Fabián, entendiendo que esto es un deber de la autoridad independiente de la construcción de un embalse. 

En la medida que se comprenda que este proyecto no solo beneficiará a los regantes y a una empresa eléctrica, sino que a toda la economía local; y que su concreción representa una oportunidad más que una amenaza, que permitirá el desarrollo de nuevos emprendimientos, será posible avanzar hacia un acuerdo, partiendo de la base de que el desarrollo de una zona debe considerar los principios de justicia y equidad. 

Evitar el retraso del proyecto es hoy la principal preocupación de la autoridad y regantes, pero también es clave que este desafío se alcance escuchando las opiniones de los afectados y haciéndolos parte de los beneficios que el embalse entregue, además de la justa indemnización económica.

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