Regantes se anticipan a indicaciones al Código de Aguas

Por: Roberto Fernández 11:05 AM 2018-04-08

Una de las primeras prioridades definidas por el Gobierno de Sebastián Piñera ha sido la corrección de algunas iniciativas legislativas patrocinadas por la administración anterior, como la reforma al Código de Aguas, un proyecto resistido por los regantes y agricultores y por el oficialismo, y que se encuentra en su segunda tramitación en el Congreso, razón por la que ahora los equipos técnicos del MOP y del Ministerio de Agricultura están trabajando en la elaboración de un borrador con las indicaciones que enviará el Ejecutivo al Congreso probablemente durante el primer semestre.

Según anticipó el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, a fines de mayo debiera estar listo ese borrador. El secretario de Estado criticó, asimismo, el cuestionamiento ideológico del proyecto tal como está, y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, tras cinco años de discusión (su tramitación fue iniciada por una moción parlamentaria en la Cámara en 2011).

“Ese proyecto estuvo basado en un cuestionamiento ideológico, a mi juicio no aporta mucho, teniendo en cuenta la utilización del agua como recurso productivo, en el caso de riego para la agricultura, la industria o la minería, y eso, para que opere bien, deben existir derechos de aprovechamiento de agua con 100% de certeza y desgraciadamente este proyecto amenaza los derechos de propiedad de aprovechamiento, de manera que con las modificaciones buscamos que haya seguridad jurídica, pero también seguridad hídrica”, subrayó el secretario de Estado.

Paralelamente, las organizaciones de regantes del país, que en los últimos cuatro años han desplegado una fuerte ofensiva comunicacional para corregir los aspectos de la iniciativa legal que según argumentan, son perjudiciales para el rubro, trabajan intensamente con el objetivo de presentar al Gobierno una serie de propuestas, donde destaca la eliminación del concepto de temporalidad que se pretende aplicar a los nuevos derechos de aprovechamiento.

Según reveló el juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), Francisco Saldías, el trabajo al interior de la Confederación de Canalistas de Chile “tiene como objetivo aportar al Gobierno nuestra visión como organizaciones de usuarios de aguas sobre las indicaciones al proyecto de ley”.

“La posición de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble (JVRÑ) y de las organizaciones de usuarios de aguas no es oponerse a una reforma, sino que construir un buen proyecto de ley”, agregó el ingeniero del organismo, Salvador Salgado.

En ese sentido, Saldías hizo hincapié en que el desafío hoy consiste en conservar aquellos aspectos positivos del proyecto de ley, como la prioridad del consumo humano o el combate a la especulación, y corregir los negativos, como los derechos temporales y la definición del caudal ecológico.

“Nosotros no somos los que especulamos con el agua, eso está demostrado, y estamos de acuerdo en que eso se debe combatir, y ocurre mucho con los derechos no consuntivos, en que algunos inscriben derechos con el objetivo de obtener una retribución económica, entonces no los usan esperando una oportunidad para venderlos cuando se desarrolla algún proyecto de generación eléctrica”, explicó Saldías.

Principios

Los regantes sostienen que se debe revisar el principio fundamental del proyecto de ley en discusión, reafirmando que el agua debe ser un derecho humano, pero debe compatibilizarlo con el desarrollo productivo.

“Eso supone una ley que, en el contexto de ese principio fundamental, asegure certidumbre jurídica de los derechos de aprovechamiento actuales para que los regantes puedan ejercer con propiedad sus funciones productivas”, afirmó Salgado.

A partir de ello, sostienen que “se deben cautelar y fortalecer los aspectos positivos del Código de Aguas -que data de 1981-, y que le han entregado estabilidad y modernización al actual sistema”. Estos son:

Mantener la declaración del agua como un bien nacional de uso público (consumo humano como prioridad).

Propiedad de los derechos de aprovechamiento consuntivos sobre las aguas, para quienes efectivamente usan el recurso para su desarrollo productivo. Libre transferibilidad del derecho de aprovechamiento, movilidad del recurso dentro de la cuenca o acuífero y administración delegada a los titulares de los derechos de aprovechamiento. Pago de patentes por no uso para quienes especulan con el agua.

Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de aguas (OUA). Respecto de este punto, Saldías precisó que se deben mantener las actuales atribuciones de las OUA, que son administrar y distribuir las aguas, ya que en el proyecto se establece que el Estado asumirá esa labor en función del interés público, por ejemplo, en caso de sequía, sin derecho a indemnización.

Rescatan del proyecto

Asimismo, rescatan aspectos que están presentes en el actual proyecto de ley. Estos son:

La declaración, realzamiento y prioridad del derecho humano al agua.  Los artículos sobre el derecho de aguas para los proyectos de Agua Potable Rural (APR) e inclusión en el art. 56 para pozos de consumo humano. Preocupación por el caudal ecológico, cuidado del medio ambiente, glaciares, y la exención de patentes para el uso en función ecológica, paisajística y recreativa. Mantención de normas que permiten regular la inscripción de los derechos de aguas consuetudinarios y otros sectores más vulnerables.  El rechazo a la especulación de derechos de aguas, a través del aumento de las patentes, la efectividad en el cobro de la misma y el remate.

Aspectos a corregir

Por otra parte, las organizaciones de regantes enumeran aquellos aspectos del proyecto que se deben corregir, mediante las indicaciones que enviará el Ejecutivo. Estos son:

Revisión del artículo primero transitorio: debe quedar en fondo y forma resguardada la certeza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas, especialmente para los derechos existentes.

La reforma propone que los derechos de aprovechamiento se constituyan en función del “interés público”. Por ello, piden clarificar el alcance de este criterio o concepto para dar certeza sobre cómo operará el sistema hídrico en el futuro.

Se establece una temporalidad de hasta 30 años, cambiando la concepción del derecho. Al respecto, los regantes proponen que estas nuevas concesiones sean a perpetuidad.

En referencia a “especificidad de uso y multa”, el proyecto limita la iniciativa de los usuarios, para que estos puedan libremente dar el uso al agua que mejor se adapte a su realidad (bebida animal, saneamiento animal, control de heladas, inundación de pretiles, refrigeración, procesos primarios, múltiples actividades silvoagropecuarias, etc.). El proyecto de ley establece que todos los cambios de uso deben ser informados a la DGA, con todas las restricciones burocráticas que ello significa.

En el proyecto se elimina el concepto de “libre disposición” del derecho de aprovechamiento por el “ejercicio” del mismo. También se elimina la palabra “dominio”. Con esto se afecta la certeza jurídica de los derechos, advierten.

También sostienen que hay artículos que afectan el desarrollo productivo, como la aplicación sesgada de un nuevo caudal ecológico retroactivo, atribuciones excesivas de la autoridad para fiscalizar y sancionar, la obligación de inscribir los derechos de aguas en un tiempo acotado con el riesgo de su extinción, entre otros temas. En cuanto al caudal ecológico, Saldías precisó que los regantes plantean que se debe establecer de acuerdo a la realidad de cada cuenca.

Regularización

Finalmente, el juez de aguas de la JVRD recogió una propuesta del senador Felipe Harboe, que consiste en un plan nacional para regularizar los derechos que no están debidamente inscritos, dado que el proyecto de reforma establecía un plazo de 5 años para que los miles de pequeños regantes regularizaran su situación, “El proyecto pretendía entregar concesiones temporales a estos usuarios y dejó en evidencia este problema que es social, porque son pequeños regantes que no han podido hacer el trámite porque es caro y requiere de abogados. éste es un anhelo de los pequeños, son derechos reconocidos, con uso histórico, y si no se ha hecho desde 1981 no se iba a hacer en cinco años”, concluyó.

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