Pérez y Harboe entraron al debaten sobre el TC

Por: Claudio González Fotografía: AGENCIA UNO 07:25 PM 2018-03-29

Víctor Pérez afirmó que no fue el Gobierno el que presentó la indicación al TC, sino una militante PPD.

Felipe Harboe es uno de los parlamentarios dispuestos para reformular al Tribunal Constitucional.

La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el artículo de la reforma educacional que impedía la existencia de controladores con fines de lucro en instituciones de educación superior, no ha dejado ajeno al mundo político. 

Desde el Congreso, parlamentarios de diferentes bancadas ya anunciaron proyectos para reformar la instancia considerada una “tercera cámara”. 
En Ñuble, los senadores Víctor Pérez (UDI) y Felipe Harboe entraron de lleno al debate. 

Pérez Varela aclaró que no fue el Gobierno quien recurrió al tribunal, sino que fue la exsubsecretaria de la administración de Michelle Bachelet, Pilar Armenet, quien es militante del PPD.

“El Gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional, el Presidente Piñera no recurrió al TC, Chile Vamos tampoco, fue una militante del PPD (…) Ante ese requerimiento el TC resolvió, y lo hizo de acuerdo a la Constitución”, recalcó el parlamentario.

“Entonces, que se enojen por eso me parece que es una fuente de inconsecuencia. Si no quieren llegar a acuerdo díganlo derechamente, pero no utilicen argumentos que son absolutamente falsos. Lo que dice el artículo 63, que incluso fue votado en contra por el Frente Amplio, es que se puede administrar instituciones con fines de lucro, pero eso no significa para nada que las actividades de esa universidad tengan fines de lucro, es absolutamente distinto a alguien que administra que la actividad tenga lucro, en eso la ley es taxativa y en eso no se movió un ápice”, manifestó.
Espíritu de la ley”

Por su parte el senador del PPD Felipe Harboe asumió que fue Pilar Armenet quien interpuso el recurso ante el TC, pero mantiene su preocupación por permitir que quienes controlen las universidades tengan un fin de lucro, no en esas instituciones, pero si en empresas que pueden llevar a traspasar eventualmente recursos.

“Al echar abajo el artículo 63 se permite que esa universidad o ese instituto profesional sea controlado por una empresa con fines de lucro. Entonces, podría ocurrir que una universidad o instituto, que teóricamente no lucra, haga traspaso de fondos a ese controlador que sí tiene fines de lucro. Entonces, al final del día se vulnera no solo el espíritu, sino el texto de la ley”, dijo.

Añadió que “lo que queremos es que los recursos públicos que van a universidades privadas o institutos profesionales vayan a calidad de educación, a extensión y a calidad académica, no que vayan a ser un eventual negocio inmobiliario del controlador de la universidad o instituto. Lo que va a ocurrir es que la superintendencia de Educación, lo que va a tener que velar, es para que no se produzcan estos traspasos, pero ya estamos poniendo en la fiscalización y no en la ley una obligación, lo cual a mi juicio es como que digamos ‘usted no puede pasar con luz roja’, pero podría pasar con luz roja, depende si el carabinero lo pilla o no. A mí no me parece que eso sea adecuado”.

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