Pondrán fin a captación de agua en las Termas

Por: Roberto Fernández Fotografía: Archivo 09:10 PM 2018-03-22

En un nuevo capítulo de la llamada “guerra del agua” entre la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) y la Municipalidad de Chillán se informó que funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) concurrirán este jueves a las Termas de Chillán, para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado, en el que ordenó cesar las extracciones ilegales de agua que realiza el municipio a través de nueve captaciones en el predio Termas de Chillán, en la comuna de Pinto.

La decisión de la DGA se tomó luego que el municipio no diera cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal, para lo cual solicitó el 23 de febrero pasado a la Gobernación de Ñuble el auxilio de la fuerza pública.

El pasado 1 de marzo la Gobernación autorizó el auxilio de carabineros “con facultades de allanamiento y descerrejamiento, a fin de facilitar el acceso a cada uno de los puntos de captación de las vertientes (...) para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la DGA”, indica el documento.

Desde la JVRD manifestaron que es lamentable el desacato de un fallo por parte del municipio.

Larga disputa
La disputa judicial entre los regantes del Diguillín y el municipio chillanejo se arrastra desde 2014, cuando la JVRD presentó nueve denuncias ante la DGA por extracciones ilegales en vertientes que deben escurrir al río Renegado, y por extensión, al Diguillín, pero en su lugar, las aguas son captadas y dirigidas por una tubería hacia el predio donde funciona el complejo turístico Termas de Chillán, de propiedad municipal, concesionado a Nevados de Chillán, de la cual también se abastece Somontur.

El argumento del municipio apela al uso histórico del recurso y a la presentación de 15 solicitudes de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.

Según declaró la DGA en el juicio, la municipalidad no es titular de derechos y carece de autorización para construir obras hidráulicas, puesto que las solicitudes de regularización “son meras expectativas”, con mayor razón si se trata de nuevos derechos de aguas, y dado que en 1994 se declaró al Diguillín como un cauce agotado, no se pueden otorgar nuevos derechos.

Tras un fallo a favor del municipio en el Segundo Juzgado Civil de Chillán de febrero de 2016, confirmado por la Corte de Apelaciones en julio de ese año, finalmente, en noviembre de 2017, la Suprema acogió el recurso de casación interpuesto por la DGA y la JVRD, anulando las sentencias y obligando al municipio a pagar 9 UTM (por las nueve captaciones), a paralizar inmediatamente la extracción de aguas y a retirar las obras de captación. Es precisamente esa misión la que tendrán los funcionarios de la DGA este jueves, quienes deberán destruir las obras de captación realizadas por el municipio.

Por otro lado, el Primer Juzgado Civil de Chillán resolvió en febrero pasado, multar al municipio en 5 UTM por otras cinco captaciones irregulares en la zona.

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