Fiscal Serrano: “Se perdió más dinero del que se constató”

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Victor Orellana 10:00 PM 2018-03-09

Alcalde Felipe Aylwin quedó con arraigo nacional y la prohibición de hablar del tema con subalternos

Solo una de las imputadas quedó sin cautelares por decisión judicia

Un cartel será el que, por determinación del Juzgado de Garantía de Chillán, deberá exhibirse en diversos puntos de alto tráfico de funcionarios del municipio de Chillán Viejo, advirtiendo que se le prohíbe al alcalde Felipe Aylwin; al administrador municipal Ulises Aedo; a la jefa de Control municipal,  María Garrido Blu; y a la directora de Administración y Finanzas, Paola Araya, hablar con los subalternos que hayan participado en la investigación sumarial o fiscal sobre el delito de fraude al Fisco que se investiga desde 2014.

Esa fue una de las dos cautelares que estos altos funcionarios de la municipalidad chillanvejana recibieron por decreto del juez Luis Aedo y a petición del Ministerio Público, que tras dos intentos fallidos, este jueves logró formalizar a 10 imputados por esta causa que este 2018 cumplirá cinco  años desde que se comenzó a investigar.

La otra medida cautelar que se decretó para ellos cuatro fue la de arraigo nacional.

De los 10 imputados, solo una quedó sin medida cautelar en su contra. Se trata de la particular Silvana Ríos, representante de una línea de buses que habría recibido pagos irregulares por servicios que no se prestaron o por recibir hasta tres pagos por un mismo viaje.

La razón “es que ella no era quien participó de esos contratos, sino su padre. Lo que pasa es que el Ministerio Público la vinculó a este caso porque la empresa lleva su nombre. Al final, el juez estimó que hubo incongruencias en la calificación jurídica y la investigación que se le hizo”, explicó su defensor, Rodrigo Vera Lama.

Respecto al resto de los imputados, es decir, el ex jefe de Dideco, Andrés León; el abogado del Juzgado de Policía Local, Francisco Fuenzalida; la encargada de Protocolo y de la Oficina de Asuntos Internacionales de la municipalidad, Lya González; más los funcionarios Susana Fonseca, y al trabajador social Ignacio Moreno, se les decretó arraigo nacional.

Tras una audiencia que se extendió desde las 09.00 hasta las 16.00 horas de este jueves y que contó con tres recesos, el magistrado Aedo otorgó un plazo de dos meses para la investigación judicial.

Mucho más de 80 millones
Ya había terminado la lectura de formulación de cargos a cada uno de los 10 imputados por parte del fiscal Álvaro Serrano, del Ministerio Público de Yumbel, (la Fiscalía de Chillán se inhabilitó porque la esposa de Aylwin es funcionaria de esa repartición) cuando en el debate sobre la necesidad de cautelares el persecutor dijo que “el informe de Contraloría estimó que finalmente lo que se perdió fue mucho más de 80 millones de pesos en estos delitos de fraude. Lamentablemente, $80 millones es lo que se pudo constatar fácticamente”.

Esta advertencia la hizo el fiscal para sostener que “los imputados son un peligro para la sociedad”, peligro que, según su óptica, radica en que se utilizaron maliciosamente dineros para fines no esclarecidos y que eran recursos públicos, “recursos de una comuna pobre como Chillán Viejo, que realmente necesita de esos dineros que hoy están perdidos”.

Sobre esta lógica destacó el caso de Lya González, de quien destacó el hecho de ser actualmente una “alta funcionaria en La Moneda” insistiendo en el riesgo que personas que cometan estos delitos defraudatorios trabajen en tan importantes reparticiones públicas.

También dijo en audiencia que le resultaba insostenible que las defensas postulasen estas pérdidas de dinero en base a “desórdenes administrativos”, toda vez que “se trata de funcionarios que están para controlar y administrar los recursos públicos, por lo que o cometieron fraude o sencillamente están demostrando que no están capacitados para administrar recursos públicos y en ese sentido sería mejor que no trabajaran en una municipalidad”.

Finalmente, respecto a Lya González, a quien se le imputa el haber cobrado más de 4 millones de pesos por servicios no realizados, el fiscal dijo que “los testigos decían que solo aparecía en la municipalidad los días de pago”.

Además cuestionó el que teniendo domicilio en Santiago y trabajando en el Gobierno tuviera la labor de manejar la agenda del alcalde y de asesorarlo en visitas protocolares. “Es más, para esta Fiscalía resulta insólito que en una municipalidad como la de Chillán Viejo exista la oficina de Relaciones Internacionales, de la que la señora Lya González figura a cargo”.

Lo que salvaría a Aylwin
El Ministerio Público hizo una presentación que dividió en cinco hechos.

En el primero se relata el cómo se habría pagado los más de 4 millones de pesos a Lya González. En este grupo se imputa a esa funcionaria, al administrador Ulises Aedo y al alcalde Felipe Aylwin por el delito de fraude al fisco y a Lya González por fraude de subvenciones.

Solo en este hecho está involucrado Felipe Aylwin. Puntualmente por haber ordenado pagos por servicios que no se prestaron.

Sin embargo, si la defensa de Lya González demuestra que la imputada sí prestó estos servicios, el delito se desacreditaría y no habría más razones para imputarle delito alguno al alcalde.

“Y claro que se podrá demostrar que ella sí trabajó para la municipalidad en los términos que dice su contrato”, dijo el abogado del alcalde, Julio Díaz de Arcaya.

El abogado de González no habló con la prensa.

En un segundo grupo figuran quienes habrían participado en la supuesta contratación de servicios de transportes con Buses Ríos, para lo que se habrían falsificado cartas simulando solicitudes de presidentes de clubes deportivos y de juntas de vecinos, a quienes incluso le falsificaron las firmas.

En más de 10  hechos constatados por el Ministerio Público se concentra el mayor monto del fraude, con casi 50 millones de pesos.

Un tercer, cuarto y quinto grupo de imputados abarca a quienes participaron de compras de diversos insumos en tiendas de abarrotes, principalmente tortas, bebidas, vino, longanizas, servilletas, café y otro tipo de comestibles. La acusación asegura que tales insumos nunca llegaron al destino que en teoría eran entidades comunitarias o a fines distintos de los declarados.

En todos los grupos figura como imputado Ulises Aedo, quien según su abogado, Ricardo Robles, “quedó tranquilo, al igual que yo. Creemos que podremos demostrar su inocencia en estos hechos y estamos conformes con la cautelar dictada, ya que es de muy baja intensidad”.

Pero al que más delitos se le imputaron fue al destituido jefe de Dideco, Andrés León (hoy funcionario del municipio de San Pedro de la Paz), con un total de 65 hechos.

Si en algún momento se pensó que  se le podría haber pedido cautelares mayores por el grado de participación y porque se trataba de un fraude por más de $80 millones, su defensor, Giovani Gotelli, explicó: “entendemos que acá no hay delito, no hay fraude al Fisco como lo ve la Fiscalía ni malversación de caudales públicos, como lo ve el Consejo de Defensa del Estado. Todos los delitos que se le imputan tienen que ver con las firmas que él ejecutó como persona a cargo de Dideco, donde no tiene la posibilidad de revisar si las actas de entrega eran o no lícitas”.

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