Juzgado multa al municipio en virtual “guerra del agua”

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Mauricio Ulloa 10:20 PM 2018-02-24

“La Municipalidad de Chillán no quiere resolver el cúmplase que emitió la Corte Suprema que declara ilegales las extracciones y obras ilegales para captación de aguas en las Termas”, declaró este viernes el dirigente de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, luego de comentar el último fallo del Primer Juzgado Civil de Chillán que se enmarca en el razonamiento del máximo tribunal del país.

La entidad que representa Saldías mantiene desde el año 2015 con la municipalidad chillaneja una controversia por el uso de vertientes y fuentes de agua que nacen en el fundo municipal y que formarían parte de la cuenca de aquel curso fluvial.

El recurso hídrico es utilizado por la administración edilicia para abastecer a los hoteles y centros recreacionales existentes en las faldas del cordón volcánico y para bajar la temperatura de las aguas termales.

Luego de victorias iniciales del municipio ante tribunales locales, la Corte Suprema pareció zanjar la discusión en noviembre pasado al aplicar una sentencia de reemplazo para varias causas y al rectificar lo obrado por jueces locales, validando la aplicación de multas al municipio por el eventual vicio, generando una aparente victoria para los regantes que puede ser incontrarrestable.

De hecho, Saldías reclama que hay antecedentes suficientes como para que se imponga el criterio de la Dirección General de Aguas, la que al conocer el caso el año 2015 había solicitado el cese de las captaciones y de las obras en terreno realizadas por el municipio y la aplicación de sanciones en dinero.

Para el juez de Aguas de la Junta de Vigilancia, un punto a favor de los regantes fue dado por el Primer Juzgado Civil de Chillán, que durante la semana pasada, “con el mismo criterio de la Corte Suprema, sancionó en multas sobre otras cinco vertientes del sector”. 

En este caso, se trata de sanciones pecuniarias menores del orden de las 5 UTM por cada una de las cinco vertientes que habrían sido ilegalmente intervenidas pero que tienen detrás el peso jurídico de la Corte Suprema, lo que parece marcar una tendencia. 

Con los antecedentes previos de la Suprema y el reciente del Juzgado Civil local, Saldías reclama que “todo indica que las extracciones son ilegales con obras no autorizadas y los infractores (municipalidad y concesionaria) persisten en ignorar lo dispuesto por el máximo tribunal del país”.

Reclamo del municipio
Desde el municipio chillanejo relatan que hasta el momento no tienen antecedentes oficiales respecto del reciente pronunciamiento del Juzgado Civil de Chillán como para presentar un informe definitivo sobre el particular.

“Respecto a algún nuevo fallo pronunciado por el Primer Juzgado Civil de Chillán, si bien no hemos sido notificados de resolución alguna, estamos en antecedente y evaluando el curso a seguir según el contenido del fallo. Por lo anterior, no se emitirá pronunciamiento hasta ser debidamente notificados” sostiene la entidad edilicia.

No obstante, la corporación local reconoce la eventual gravedad de los hechos, pues reclama un virtual trato discriminatorio frente a caso similares.

“Nos parece insólito y sorprendente que exista tanta oposición a que la Municipalidad de Chillán regularice los derechos de agua que solicita, considerando que en el pasado, al menos cuatro instituciones cuyas propiedades se ubican dentro del Predio Termas de Chillán, inscritas más de 100 años después que la del municipio, lo han hecho, procesos en los cuales no hubo oposición ni de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes, ni de la Dirección General de Aguas, ni de tercero alguno. Por lo anterior, causa profunda extrañeza que ahora, respecto del predio municipal, exista tanto entorpecimiento en el proceso”, afirmaron desde el municipio chillanejo.

En estas condiciones el municipio al no haber sido notificado de la sentencia desde el referido juzgado de primera instancia “procederá conforme lo ordene el tribunal en el estado procesal correspondiente”.

Es por ello que en el estado actual del proceso evitaron pronunciarse si es que cancelarán las multas y quizás lo más importante si es que eliminarán las obras que impiden el paso de las vertientes hacia la hoya hidrográfica del Diguillín.

Si algo puede aclarar el municipio es que el abastecimiento de agua para los hoteles municipales parece estar asegurado, por cuanto no todos los puntos de captación se ven afectados.

El gobierno local frente al traspié en el Juzgado Civil de Chillán, parece no tener otra alternativa que ir ante la Corte Suprema.

“En cada caso se analizará la pertinencia de recurrir en caso de un fallo adverso, confiando en que la ley y los antecedentes históricos, permitirán sentencias favorables a los intereses de la Municipalidad de Chillán, y por consiguiente, de la comunidad en general”, se destaca.

El municipio recalca que “las Termas de Chillán han tenido, tienen y tendrán abastecimiento suficiente de agua para sus instalaciones”.

Tramitación
Durante el largo proceso parece haber quedado en evidencia tal como se plantea en la sentencia judicial que “las denuncias deducidas en contra de la Municipalidad de Chillán por parte de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes se fundan en la extracción no autorizada de aguas, obras no autorizadas en cauces naturales y modificación de cauce natural”.

En la documentación se plantea que según la Dirección General de Aguas “los hechos identificados en los expedientes administrativos importan contravenciones al Código de Aguas, motivo por el cual solicita la imposición de las multas correspondientes”.

Se estima que las denuncias deducidas en contra de la Municipalidad de Chillán por parte de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes se fundan en la extracción no autorizada de aguas, obras no autorizadas en cauces naturales y modificación de cauce natural, en la comuna de Pinto.

La Dirección General de Aguas muestra que “los hechos identificados en los expedientes administrativos importan contravenciones al Código de Aguas, motivo por el cual solicita la imposición de las multas correspondientes”.

En informes periciales desarrollados en el lugar se pudo confirmar la “existencia de las captaciones y sus características, advirtiéndose que la extracción se encuentra en proceso de regularización y que, a la fecha de la inspección, tal solicitud no se encontraba resuelta, de manera que la Municipalidad de Chillán no gozaba, en ese momento, de derechos de aprovechamiento de aguas que le habilitaran para tal extracción.

En virtud de estos antecedentes, “el fiscalizador actuante sugiere en todos los casos acoger la denuncia, ordenar la paralización de la extracción del recurso hídrico, la restitución del cauce natural de la vertiente y la remisión de los antecedentes, tanto al Juzgado de Letras competente como al Ministerio Público. 

Según los escritos, los antecedentes señalados “resultan suficientes para tener por configurada la infracción consistente en la extracción no autorizada de aguas, obras no autorizadas en cauces naturales y modificación de cauce natural, transgrediendo así los artículos 8, 9, 32 y 41 del Código de Aguas que, por no existir sanción expresa, motiva la aplicación de la pena de multa contenida en el artículo.

Además, se plantea que la defensa municipal referida a que está en proceso de regularizar derechos de agua no parece atendible “puesto que la presentación de tal solicitud solo genera para el administrador una mera expectativa de que ella sea acogida, sin otorgar ningún derecho adquirido para proceder a la extracción del recurso hídrico ni a la construcción de obras para tal finalidad”.

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