Hospital de Chillán tercero con más casos de adopciones irregulares

Por: Jorge Chávez Fotografía: Mauricio Ulloa 07:05 AM 2018-02-19

Son 15 años los que la ley ordena guardar los casos clínicos, explicaron desde el Hospital Herminda Martin.

Dos clínicas privadas están comprometidas en los casos de adopciones irregulares

Un total de 28 casos de adopciones irregulares ocurridos en Ñuble entre los años 70 y 80 está indagando el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Según los últimos antecedentes revelados por el Poder Judicial y publicados ayer por el diario La Tercera, los hechos registrados a nivel local se focalizan en su totalidad en el Hospital Clínico Herminda Martin (HCHM) de Chillán, lo que convierte al nosocomio como uno de los de mayor incidencia del país.

La casi treintena de hechos detectados en el establecimiento de salud ñublensino, lo sitúan en el tercer lugar a nivel nacional, solo siendo superado por los centros de salud Sótero del Río, donde suman 60 casos, y San Borja Arriarán con 31, ambos en Santiago.

Detrás del hospital chillanejo se encuentran los hospitales del Salvador (20), San Juan de Dios (16) y San José (15). Le siguen en la lista el regional de Concepción, Higueras de Talcahuano y el Barros Luco con 14, 10 y 8 respectivamente.

Cierran la lista de los 15 establecimientos médicos que están siendo sujeto de indagación por parte del Juez Mario Carroza los hospitales Felix Bulnes (4), Lirquén, Lota y Los Ángeles (todos con tres cada uno), una clínica privada indeterminada y una de Provincia también con tres adopciones irregulares y “otros” (28). Asimismo, no fue posible determinar el lugar de nacimiento de 330 niños. En definitiva, son 488 los casos que son materia de investigación en todo Chile.

Impacto regional
El mecanismo irregular de adopciones la habría configurado el sacerdote Gerardo Joannon, junto a algunos médicos ginecólogos de la década de los 70 y 80.

Si bien estos casos se dieron mayormente en familias acomodadas de la Región Metropolitana, en una época donde era mal visto que las mujeres quedaran embarazadas sin haber contraído matrimonio puesto que resultaba “deshonroso” que se diera esta situación al interior de una familia constituida por la ley y por la Iglesia, la red se habría extendido a regiones,  alcanzando a siete comunas de Ñuble.

Ninhue, San Carlos, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, El Carmen y Quirihue son las ciudades ñublensinas donde se contabilizaron los hechos ilegales.

Uno de ellos fue el que denunció una mujer de El Carmen en junio del 2014. Aunque el suceso no fue asociado directamente al sacerdote Joannon, aún así guarda algunas características similares al modus operandi. Se trata de una madre que en 1975 dio a luz en el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, pero por complicaciones en su estado de salud la recién nacida fue trasladada hasta Santiago, donde la parturienta permaneció internada en ese recinto asistencial. Posteriormente se le comunicó que el bebé había fallecido.

En su momento el abogado de la denunciante, Guillermo Valdés, explicó que no existía un certificado de defunción de la menor y que, más aún, aparecía viva en el Registro Civil.

Un caso que fue seguido muy de cerca por el canal del Estado es el de las mellizas Montecinos Neira, ambas originarias del sector de Quirao en la comuna de Ninhue. Fue en 1979, año en que nacieron María y Lisa Montecinos, cuando ambas fueron dadas en adopción a una familia sueca sin, aparentemente, el consentimiento expreso del padre de familia, quien quedó viudo luego de que su mujer diera a luz a sus niñas.

De hecho el progenitor siempre declaró que si bien en alguna oportunidad firmó un documento relacionado con sus pequeñas hijas, éste solo daba la autorización para que las bebés fueran trasladadas a Concepción, con el objetivo de recibir las atenciones que necesitaban al haber quedado huérfanas de madre, pero nunca para entregarlas a manos de otras familias.

Investigación
El año pasado la Policía de Investigaciones (PDI), encontró nuevos antecedentes en la casa de una asistente social de la época (Telma Uribe) que tenía vínculos con organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras.

El informe, pedido por Carroza para determinar si la información incautada se enmarca “en procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los años 70 y 80”, enumera varias irregularidades. Entre otras, dice que la falta de regulación permitió que “se generara una actividad económica asociada a la materia” y que en algunos casos es difícil diferenciar entre “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, que encuentra viviendo extrema pobreza”.

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