Las claves de la ley que fortalece la regionalización

Por: La Discusión Fotografía: Presidencia 09:20 PM 2018-02-05

El pasado viernes la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó las últimas dos leyes de la Agenda de Descentralización que impulsó su gobierno: la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización y de la Ley Orgánica Constitucional que regula la elección de los gobernadores regionales.

En la ceremonia estuvo el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien destacó los esfuerzos de la actual administración por enfrentar las brechas territoriales y darles mayor autonomía política y administrativa a las regiones.

Agregó que ambas iniciativas son fundamentales para concretar la elección de los gobernadores regionales en octubre de 2020, especialmente la de Fortalecimiento de la regionalización. “Por una parte, porque su materialización era condición que se puedan efectuar esos comicios y, por otro lado, porque le da a cada territorio mayor autonomía al crear una nueva institucionalidad dentro de los gobiernos regionales, que va a albergar nuevos servicios y nuevas competencias”, comentó. 

Entre esas nuevas facultades, el subsecretario Cifuentes se refirió a la implementación de un mecanismo para el traspaso de competencias, al margen de las que cada gobierno regional va a recibir apenas esta ley entre en vigencia; la posibilidad de administrar áreas metropolitanas y la creación de tres nuevas divisiones en los gobiernos regionales: Fomento Productivo e Industria, Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transporte.

Además, la ley Fortalecimiento de la Regionalización establece nuevas competencias legales para los gobiernos regionales, entre las cuales están el diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos; la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial vinculante; la facultad de decidir localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios; elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y contempla una nueva estructura y funciones que permitirán no solo el diseño, sino que también la ejecución directa, por parte del Gobierno Regional, de programas propios que actualmente debe ejecutar a través de las municipalidades o servicios públicos nacionales, así como de competencias que le sean transferidas.

Más atribuciones locales

La normativa recién aprobada además establece la obligatoriedad de los convenios de programación y los convenios de programación territorial, con municipalidades y servicios públicos (direcciones regionales), ambos exigibles vía Contraloría General de la República.

También se implementa el artículo 114 de la Constitución Política, estableciéndose un procedimiento administrativo para la transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales.

Además la legislación establece la necesidad de coherencia entre la acción de los gobiernos regionales y las políticas nacionales y refuerza la estructura administrativa de los gobiernos regionales adecuándola a nuevas exigencias. Organización y personal. Con esto se crean nuevas divisiones en las materias competentes, permanentes y con personal necesario para ello, nueva unidad de control, nuevo cargo de administrador regional y la unidad de Áreas metropolitanas, con un departamento con personal para su gestión.

Respecto a las áreas metropolitanas, la ley regula la gobernanza de áreas metropolitanas, con procedimiento para su creación vía Decreto Supremo, otorgándoles facultades en materias de residuos, movilidad y transporte público y medio ambiente.

Relación GORE y gobernador regional

La ley de Fortalecimiento de la Regionalización aclara la relación entre el Consejo Regional y el gobernador regional electo.

Será tarea del gobernador regional (actual intendente) asignar recursos, en base a ítemes presupuestarios aprobados por el Consejo Regional. 

El Consejo Regional asignará recursos a proyectos que superan 7.000 UTM y a preinversionales que deriven en proyectos de ese monto o más.

La normativa además establece como ruta de descentralización una primera etapa de transferencia de oficio, prevista para generar capacidades y “expertise” en la región, y una segunda en que se evaluará la pertinencia, caso a caso, de la creación de servicios públicos por ley, según las necesidades y particularidades de cada territorio. 

Además elimina la denominación numérica de las regiones.

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