Vertientes que municipio quiere inscribir son vitales para las Termas

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 08:05 PM 2018-02-03

Sobre los alcances económicos y turísticos que significaría el que la Municipalidad  de Chillán cese la extracción de agua desde su predio en las Termas de Chillán, que forma parte de la cuenca del río Diguillín, para abastecer los hoteles y cafeterías del concesionario Nevados de Chillán, no pareciera haber aún mucha claridad ni en el municipio ni  en la empresa que administra el complejo de montaña.

Lo único claro es que el conflicto existe y asoma cada vez más complejo para los intereses municipales, toda vez que en noviembre de 2017 la Corte Suprema falló a favor de los regantes del río Diguillín y declaró que la municipalidad realiza una extracción ilegal de agua desde el predio Termas Minerales de Chillán.

En la gerencia de Nevados de Chillán no hay claridad  de lo que sucederá a futuro. Desde la empresa concesionaria apoyan la estrategia que desarrolla el municipio, donde aseguran que pese al fallo de la Corte Suprema,  el derecho a regularización del agua está intacto. Es la ventana que ve la casa consistorial para seguir peleando.

En contraste, desde el estudio jurídico Moris y Cia, contratado por los regantes del río Diguillín, aclaran que “esos derechos a regularización a los que hace mención la municipalidad son solo expectativas, no pueden basarse en ello para proyectarse, eso sería algo realmente ajeno al actuar de una administración profesional”.

Desde la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), su juez de aguas, Francisco Saldías aclara que tampoco ha evaluado los eventuales perjuicios que el fallo le significaría al equipamiento instalado en las Termas de Chillán. “No conocemos sus redes de distribución. Ahora, nuestra intención nunca ha sido perjudicar ni al hotel, ni al turismo ni a nadie, pero nuestro deber es el de velar por las necesidades legítimamente garantizadas para nuestros regantes”, explicó.

El origen del conflicto

En 1981 se hizo la última modificación al Código de Aguas en Chile, cambio que tenía un espíritu protector de los regantes y de quienes vivían de la agricultura.

La Municipalidad de Chillán, amparada por la legitimidad del uso centenario del agua, siempre ocupó el recurso sacándolo desde el nacimiento del río Renegado, lo que de hecho estaba formalmente regularizado.

Es entonces cuando surge la suspicacia de la JVRD, que representa a 1.800 agricultores, dueños de un total de 20 mil hectáreas, sospechando una extracción ilegal de agua que iba en detrimento de su capacidad de regar sus cultivos.

Francisco Saldías explica que “ellos (la municipalidad) tenían regularizados dos puntos de extracción y eso nadie se los ha desconocido, además eran dos vertientes que cumplían con los requisitos exigidos por el Código de Aguas para ser regularizadas”.

El conflicto, entonces, a juicio del juez de aguas de la JVRD nace cuando “ellos comienzan a buscar la extracción desde otras vertientes, que en total son 15, y eso ya no es para el hotel que todos los chillanejos conocemos de toda la vida, sino que es para abastecer los proyectos inmobiliarios nuevos, los que están por venir, la cancha de golf y más condominios. Es por eso que la Corte Suprema es clara en el fallo, al aseverar que se está en presencia de una extracción ilegal de aguas”.

El cálculo que hace la junta de vigilancia apunta a que el agua de esas 15 vertientes que el municipio intenta inscribir es relevante para el caudal del río Renegado, que afecta consecuentemente al río Diguillín, del cual es tributario a la altura de Los Lleuques.

“Y esto no solo en lo que se requiere como agua de regadío, también afecta los APR (agua potable rural) de muchísimas familias de estos sectores (Los Lleuques y Recinto)”, apunta Saldías.

Absolución y condena

En marzo de 2015 la JVRD tomó la decisión de iniciar acciones legales para asegurar el caudal del río Diguillín ingresando al Segundo Juzgado Civil nueve demandas por esta causa.

Esto luego de enterarse que la municipalidad estaba realizando las gestiones para regularizar los derechos de agua de estos nuevos puntos de extracción.
El 26 de febrero de 2016 el Juzgado Civil absolvió de tales acusaciones al municipio chillanejo, por lo que la inscripción y extracción de agua  desde las Termas no se vio alterada. 

Falló en la causa el juez subrogante Álvaro Castro Toloza,  quien agregó en la sentencia que además se reconocería a la municipalidad “el derecho de ir de amparo de aguas ante los tribunales si un tercero pretende desconocer, entorpecer o embarazar el aprovechamiento de esas aguas”.
La tranquilidad para la administración de Sergio Zarzar se acrecentó todavía más, luego que la Corte de Apelaciones confirmara la sentencia de primera instancia, el 26 de julio de 2016.

En los pasillos municipales se hablaba, entonces, de que se había impuesto la razón y que se reconocía un derecho legitimado por la tradición y la antigüedad, ya que “esas vertientes se han ocupado desde tiempos inmemoriales”, diría el alcalde Zarzar a LA DISCUSIÓN.

Sin embargo, desde la Junta de Vigilancia del Río Diguillín  interpretaron que una de las razones de la victoria municipal en la Corte de Apelaciones era que el actual administrador municipal de las Termas de Chillán es Christian Hansen Richter, hijo del ministro Bernardo Christian Hansen Kaulen, juez del tribunal de alzada.

“Y eso ha generado suspicacia entre los abogados de la Junta de Vigilancia, quienes ya habían pedido que el ministro se inhabilitara, considerando que el administrador municipal de las Termas fue, en efecto, quien hizo todas las gestiones para la obtención del suministro”, explican desde Moris y Cia.

Tales suspicacias hicieron que la JVRD desistiera de buscar representación legal en Chillán, razón por la que se inclinaron por el bufete penquista de Moris y Cia.

Fue el 13 de noviembre que la Corte Suprema, instancia a la que acudió la JVDR con un recurso de casación, resolvió en fallo dividido de tres a dos en favor, por primera vez y en forma definitiva, de los demandantes.

En el fallo se hace alusión a la condición de “fuente agotada” que pesa sobre el Diguillín, lo que significa que ya no se puede seguir reclamando nuevos derechos sobre su caudal, de modo que la municipalidad no podrá obtener nuevos puntos de extracción de este río.

De esa manera se ordenó la paralización de obras para seguir sacando y desviando aguas para aprovechamiento.

Se multó en total por 9 UTM a la municipalidad y se declaró como ilegal la extracción de aguas realizada por el municipio de Chillán, lo que significa además que se la reconoce como autora de un delito, por lo que se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Orden de no perseverar

“En la medida que el municipio haya pagado la multa, no se estaría delante del delito de desacato”, aclararon desde Moris y Cia, pese a que la propia municipalidad ha reconocido que no ha cesado en las faenas de extracción.

Sin embargo, para los demandantes, llamó profundamente la atención que el fiscal Mauricio Mieres (especialista en delitos económicos), haya solicitado no perseverar en la causa por extracción ilegal. 

“Habíamos pensado en presentar una queja, pero supimos que desde la misma Fiscalía Regional rechazaron esa solicitud y, por el contrario, le ordenaron al fiscal seguir adelante con ella”, precisó el bufete de abogados de la JVRD.

De la demanda a la querella: la estrategia de la JVRD

En la municipalidad no se han resignado a perder el derecho al uso e inscripción de estas aguas y seguirán revisando las instancias legales que les permitan acceder a las cantidades necesarias para el hotel y los proyectos venideros en las Termas.

“La verdad no sé qué implicancias tendría el que se suspenda la extracción de aguas desde (la cuenca) del Diguillín, pero sí sé que hay aguas que nacen en los deshielos invernales y que están más arriba”, dice el gerente general de Nevados Chillán, Manuel Dinamarca.

El abogado municipal advirtió que seguirán extrayendo aguas hasta que “la parte demandante no haga todas las gestiones que siguen al trámite de presentar el escrito (de solicitud de fiscalización del cúmplase del fallo) y esos trámites los deben hacer ellos”.

La estrategia de los demandantes, entonces, correrá por la línea de una querella por usurpación de aguas.

Buscar agua en otros afluentes, crear pozos más profundos en plena montaña o comprar derechos a los regantes asoman como algunas de las opciones que le quedan al municipio de no concretarse sus expectativas.

Por esta razón se acordó una reunión para mañana entre el departamento de Jurídica de la municipalidad y el concejo en pleno, a fin que los concejales conozcan las reales opciones para evitar lo que sería un duro revés para el turismo chillanejo.

El concejal Víctor Sepúlveda (PC) dijo:  “estamos recién con un fallo determinado por la Corte Suprema y queremos ver de qué manera damos vuelta esta situación, que puede afectar enormemente al patrimonio municipal”.

En tanto, el UDI Joseph Careaga advierte que no estaría demás que se comience “a analizar la posibilidad de que tendremos que comprar derechos, pero eso no quita seguir peleando en la justicia”.

Para Jorge Vaccaro, luego del traspié con la Corte Suprema “probablemente tengamos que ver la adquisición de derechos de agua”.

 

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