Un llamado a los parlamentarios

Por: Mario Arzola Acuña 2018-01-23
Mario Arzola Acuña

Constructor Civil

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reforma el sistema de pensiones, luego que el Ejecutivo le pusiera suma urgencia, pese a que personeros de gobierno habían anunciado que quedaría para ser discutido durante la próxima administración. La iniciativa crea el nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario.

Lo primero que llama la atención es que el Gobierno insiste en llevar adelante esta iniciativa, sin que exista previamente un análisis objetivo acerca de las causas reales que provocan las deficiencias del sistema actual. Algunas variables han sido consideradas de manera errónea al estimar su incidencia en el cálculo de las futuras pensiones, mientras que otras ni siquiera han sido tomadas en cuenta a la hora de definir las reformas.

Se insiste en asignarle a las lagunas previsionales un rol preponderante en las bajas pensiones; es evidente que tal circunstancia incide fuertemente en ese sentido, pero ello no debe ser utilizado para soslayar las deficiencias que presenta el sistema actual. Su eficacia no puede ser evaluada considerando aquellos casos en que se presenta esa distorsión, porque fue diseñado en función de quienes coticen periódicamente a través de toda su vida laboral.

Para ponderar objetivamente el grado de satisfacción de la tasa de reemplazo debería considerarse, en primer lugar, exclusivamente aquellos casos en que se haya cotizado regularmente a lo largo de la vida laboral. Datos conocidos públicamente indican que en esos casos, la tasa de reemplazo no supera el 50%, cifra manifiestamente inferior a la prometida al inicio del sistema, que era equivalente al 70%. 

Sin identificar y corregir previamente las deficiencias del sistema, no resulta acertado disponer un aumento de la tasa de cotización, como lo contempla la reforma que se discute actualmente en el Congreso, porque carece de sentido allegar mayores recursos a un sistema que, como tal, es incapaz de generar beneficios satisfactorios para los afiliados y por tal razón requiere modificaciones estructurales. 

El proyecto tampoco considera la corrección de dos aspectos que inciden negativamente en el monto final de los fondos acumulados, como es el hecho, tan contradictorio, que las comisiones mensuales por la administración de los fondos sean determinadas sobre la base de la remuneración total y no sobre el monto de la cotización misma, como sería lo razonable. 

Otro aspecto relevante se refiere a las denominadas “comisiones ocultas”, o de intermediación  que pagan las AFP por la gestión de fondos en Chile y el exterior, cuyo pago se efectúa con cargo al total de los fondos de pensiones; es decir, esta modalidad de gestión se traduce en comisiones extras a pagar por los afiliados con cargo a su cuenta de capitalización individual, y para las administradoras significa una disminución de sus gastos operacionales. 

El llamado a los parlamentarios es a rechazar este proyecto porque no acoge las demandas de los afiliados. Tienen una oportunidad histórica para demostrar que la función legislativa sobre una materia tan sensible para los intereses de millones de chilenos, se realiza en consonancia con sus aspiraciones. 

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