Advierten lentitud en erradicaciones de Punilla

Por: Roberto Fernández Fotografía: Mauricio Ulloa 08:25 PM 2017-12-26

Se estima que la construcción del embalse partirá a fines de 2018 o principios de 2019.

El embalse inundará 1.700 hectáreas en La Punilla, El Roble, Chacayal y Puente Inglés.

De acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto de embalse La Punilla, adjudicado por el MOP a la concesionaria italiana Astaldi en junio de 2016, en abril del próximo año se cumple el plazo para que la empresa tome posesión material de los terrenos para la construcción del embalse, que representará una inversión total de 500 millones de dólares.

Si bien se estima que la construcción partirá a fines de 2018 o principios de 2019, la empresa debe instalarse en los terrenos para realizar los sondajes y estudios previos a las faenas constructivas.

Sin embargo, para que el MOP entregue los terrenos debe concluir el proceso de expropiación y relocalización de las familias afectadas, que suman 83.

Según explicó Martín Arrau, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, de esas 83 hay 53 emplazadas en la zona de construcción de la presa, sin embargo, apenas cuatro han sido relocalizadas y al menos siete no han aceptado los montos que propone el MOP por concepto de bonos de relocalización y compensaciones económicas.

En este proceso, los vecinos afectados han denunciado presiones y hostigamiento por parte de las empresas contratistas instaladas en el lugar, en circunstancias que aún no se comienza a ejecutar el plan de desarrollo social, que debe ir de la mano de la relocalización, pues muchos de los residentes en esa zona dependen de la crianza de animales y no pocos son arrendatarios o allegados.

Hay un compromiso de parte de la autoridad de ejecutar un plan de desarrollo social que permita a las familias continuar con sus actividades que les dan sustento, como la crianza de animales, por ejemplo. Por eso, independiente del monto que recibieron por las expropiaciones, muchas veces insuficiente para adquirir otro terreno, el Estado le asegura a cada expropiado que podrá continuar viviendo en la zona bajo las mismas condiciones que ahora, para lo cual se debe implementar un plan de relocalización.

Pero en vez de observarse un avance en este proceso, donde una de las críticas más recurrentes ha sido la falta de diálogo, los vecinos han denunciado acciones como el cierre de predios por donde transitan animales o amenazas de parte de representantes de la empresa, lo que ha sido calificado como hostigamiento, algo que el MOP ha salido a desmentir públicamente.

De hecho, desde hace un par de semanas está circulando en redes sociales un video grabado con un teléfono celular, en que se observa a dos carabineros y a un civil -presumiblemente representante de Astaldi- dialogando con una familia expropiada que aún permanece en el terreno, cuestionando su permanencia en el lugar, ante lo cual una de las vecinas argumenta que antes de salir del lugar se debe implementar el llamado plan de desarrollo social.

Falta de voluntad
En opinión de Arrau, el trabajo en esta materia ha sido muy lento, y anticipó que difícilmente se cumplirá el compromiso de traspasar los terrenos en el plazo señalado. “Han pasado más de tres años desde que el MOP consignó los dineros de las expropiaciones en el tribunal, pero las familias siguen ahí, porque no se ha cumplido con las mitigaciones, la entrega de los bonos”, fustigó el dirigente de los regantes.

“Creo que el Estado no ha puesto presión, y dado que quedan tan pocos meses para que termine el actual gobierno, se me hace difícil creer que pueda haber un cambio en el tiempo que queda. Ha faltado voluntad y agilidad de parte de la autoridad por avanzar en este proceso, lo que se puede atribuir al clima electoral que hubo en los últimos meses”, manifestó Arrau, quien viene advirtiendo hace tiempo sobre la necesidad de actuar con celeridad, pero cumpliendo los compromisos y manteniendo un diálogo fluido con las comunidades.

Una mirada similar expresó el diputado electo Frank Sauerbaum, quien lamentó la forma cómo se ha llevado el proceso y criticó la lentitud.

“Los terrenos deben estar disponibles en abril, para que la empresa se instale, pero dudo que ello se pueda cumplir”, planteó.

Bonos
Según el MOP, las familias propietarias residentes recibirán, además de la expropiación, un bono de vivienda de 700 UF más otros bonos por 805 UF; en tanto, las familias no propietarias (allegadas) que residen en la zona recibirán un bono de terreno por 1.150 UF, más un bono de vivienda de 700 UF y otros bonos por 715 UF.

Según vecinos y autoridades como el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, o el diputado Jorge Sabag, estos montos son insuficientes, porque no consideran brindar las condiciones para que las familias puedan mantener sus actuales fuentes de ingresos, lo que es precisamente materia del plan de desarrollo social pendiente.

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