[Editorial] Contrato de aseo

Por: 07:25 AM 2017-12-22

El contrato de aseo entre la Municipalidad de Chillán y la empresa Dimensión S.A. representa un gasto de 2 mil 693 millones de pesos anuales y es el servicio de aseo más caro que ha contratado la ciudad. De hecho, cuando en 2013 se discutió su adjudicación, el costo fue el tema que generó mayor controversia, pero fue zanjado en atención  a que se establecía que además del retiro de la basura y su traslado al relleno sanitario, la empresa debía preocuparse del barrido de calles, la eliminación de los microbasurales, así como de la implementación de un plan de reciclaje, elemento fundamental que era contemplado por primera vez en un contrato de este tipo.  

Sin embargo, de aquella promesa de avanzar hacia la sustentabilidad en el manejo de los residuos muy poco se ha concretado y peor aún, no ha habido una fiscalización al trabajo desarrollado por la firma perteneciente al mismo grupo de inversiones que tiene la concesión del predio municipal Termas de Chillán. 

Así lo estableció la Contraloría Regional, que pone énfasis en incumplimientos del Inspector Técnico del Servicio (ITS) en el municipio chillanejo, al no aplicar las multas respectivas por la falta de provisión de personal de reemplazo, disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario en días posteriores a su recolección o retraso en el inicio del servicio. Se suman a los cargos el uso de un camión de reemplazo no habilitado para ello y ausencia de lavado de camiones recolectores. 

El organismo fiscalizador sugiere, por lo tanto, iniciar procesos de aplicación de multas e instruir un proceso disciplinario, a objeto de determinar “eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios municipales.” 

El 2 de enero de 2014, el alcalde Sergio Zarzar manifestó públicamente que habría una fiscalización permanente del cumplimiento del contrato, sin embargo, los hechos demuestran que dicho compromiso no se plasmó en acciones concretas. También cabe preguntarse  por qué se resignó el objetivo de iniciar un proceso masivo de reciclaje y por qué el municipio se ha tardado 4 años en implementar otra medida anunciada en 2014 y que parece muy razonable, como es establecer un cobro adicional a los usuarios que producen gran cantidad de basura. 

Creer que se gobierna anunciando acciones fiscalizadoras que rara vez se realizan tiene quizás el impacto cortoplacista de transmitir una imagen de dominio de la iniciativa, pero cuando se demora o posterga su concreción, como ha ocurrido en este caso, los anuncios sonoros terminan conduciendo al descreimiento de la opinión pública, con un efecto agregado sobre otras empresas, para quienes la claridad y rigurosidad con que actúa el municipio es garantía de seguridad y confianza para participar en licitaciones de servicios que la ciudad requiere. 

Hay muchos ejemplos donde el gobierno local ha privilegiado lo efectista sobre lo efectivo, sin embargo, tratándose de un servicio tan importante y oneroso como es el manejo de los residuos, esta disfuncionalidad resulta grave y preocupante.

Solo queda esperar, entonces, que este informe de la Contraloría no solo conduzca a establecer responsabilidades internas por la falta de fiscalización, sino que también permita revisar los procedimientos de control municipal, despejando cualquier duda sobre eventuales privilegios a la empresa y la debida cautela de los recursos que la ciudad paga por este millonario contrato.  

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