CDE plantea que Aylwin estaba al tanto de los fraudes

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 10:25 PM 2017-12-16

Son tres las querellas que se presentaron en el Juzgado de Garantía de Chillán, en el 2014, en relación al presunto delito de fraude al Fisco que reportó pérdidas por cerca de $400 millones en la Municipalidad de Chillán Viejo y que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.

La primera, la presentaron el 13 de mayo de 2014, tres funcionarios del consistorio chillanvejano, esto es el administrador municipal, Ulises Aedo; la directora de Finanzas, Paola Araya; y la encargada de Control, Gabriela Garrido, a través del abogado Ricardo Robles.

La segunda, del 16 de mayo, la ingresó el alcalde Felipe Aylwin, a través de la abogada Gabriela Gutiérrez Valverde, en contra de quien resulte respnsable.

Y la tercera, se presentó el 9 de septiembre de 2014, confeccionada por la procuradora del Concejo de Defensa del Estado (CDE), Mariella Dentone, en representación de la municipalidad.

En las tres se aprecian similitudes en las acusaciones y adjudicación de responsabilidades respecto a las irregularidades denunciadas, además de estar en coincidencia respecto a los montos que estiman como resultado de la defraudación.

La diferencia se advierte en los nombres de quienes figuran como autores, cómplices y encubridores, siendo la querella del Consejo de Defensa del Estado, la que propone al jefe comunal chillanvejano como objeto de querella y lo presenta como un actor quien estaba al tanto de las irregularidades, a la vez que lo acusa de facilitar su comisión.

El nombre que se repite en los tres escritos como autor material de estos fraudes, es el de Jorge Andrés León Sánchez, acusado incluso por el alcalde Aylwin como una persona que abusó de su confianza.

La visión del CDE
En la querella que presenta Aylwin se relata que el día 23 de febrero de 2013, llega al municipio el empresario Jorge Ríos Castro a exigir el pago por un servicio, servicio que no contaba con respaldo documental, por lo que al ser consultado León Sánchez al respecto, “no dio respuesta satisfactoria, renunciando estrepitosamente el 22 de marzo” de ese mismo año.

Aylwin asegura haber pedido a su encargada de Control, Gabriela Garrido, que realizara los tres informes en los que se detallan irregularidades en la adquisición de canastas familiares, pago de colaciones y de servicios de transportes que tuvieron remuneraciones irregulares, solicitando una auditoría y la participación de la PDI en la investigación.

Por otro lado, la primera querella, presentada por Ricardo Robles, plantea que León Sánchez, quien ostentaba el cargo de jefe de Dideco, realizó compras ficticias, pagos dobles y hasta triples por un mismo servicio y contrató personal que no cumplió labor alguna en el municipio.

A la vez asegura que sus tres representados, Aedo Valdés, Garrido Blu y Araya Quijada firmaron los decretos de pago asumiendo que se trataba de un ejercicio legal y acorde a la Ley de Municipios, ignorando que estaban siendo engañados por León.

En esta querella se involucra y se pide que se interrogue a ocho integrantes de la oficina de Participación Ciudadana, al propio León y cinco proveedores de juegos infantiles, calzados, transporte y canastas familiares.

Diferente es la relación de hechos que presenta el Consejo de Defensa del Estado.

Para la procuradora y abogada Mariella Dentone, León Sánchez actuaba a instancias de Aylwin y de Ulises Aedo.

Como certificación, plantea que los gastos y desvíos irregulares de dinero generaron un aumento de gastos que, para justificarlos, motivaron a Aylwin pedir en varias oportunidades a su Concejo Municipal la modificación del presupuesto anual municipal, transfiriendo fondos de una cuenta a otra, haciendo que Aedo y León les explicaran las razones al concejo.

Así, el CDE se querelló por fraude al Fisco y malversación de fondos.

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