“Estamos disponibles para la discusión”

Por: Roberto Fernández Fotografía: Mauricio Ulloa 2017-12-07

Estévez hizo hincapié en que uno de los objetivos de los cambios es combatir la especulación.

La tramitación del proyecto partió en 2011, pero en 2014 el Ejecutivo le introdujo indicaciones.

Abierto a discutir eventuales cambios al proyecto de reforma al Código de Aguas que se discute en el Senado se mostró hoy en Chillán el director general de Aguas, el abogado Carlos Estévez Valencia, quien afirmó que en algunas de las críticas a la iniciativa legal existe una politización, derivada, en parte, de la campaña parlamentaria.

-¿Cuál es el beneficio que se logrará con este cambio, de derechos de agua perpetuos a derechos temporales?
-El proyecto de ley que está en trámite se inició en 2011 y cuando asume el gobierno de la Presidenta Bachelet, se estaba terminando de votar, se iba a la sala. Ese proyecto decía que todos los derechos antiguos pasaban a ser temporales, a cinco años; agregaba que el caudal ecológico iba a ser retroactivo e hidrobiológico; decía también que en cualquier cuenca donde se declarase agotado el recurso, caducaban todos los derechos que fueron entregados con anterioridad, lo que era un suicidio, porque por lógica, todas las cuencas en algún momento van a declararse agotadas. En ese contexto, donde en la Comisión de Recursos Hídricos había unanimidad por aprobarla, nos encontramos en una disyuntiva, no éramos partidarios de que los derechos actuales pasaran a ser temporales, porque estabas cambiando las reglas del juego de origen, entonces la indicación del Ejecutivo que se envió en octubre de 2014 planteó que la temporalidad (30 años) fuera aplicada a los derechos nuevos, y señaló que si se contaba con las obras de aprovechamiento, se iba a producir una prórroga automática (...) Entonces, nos tildaron de moderados. Y la pregunta de fondo es: ¿por qué (los opositores) no sacaron carteles? La opinión que yo tengo es que esto es una politización.

-Pero ¿cuál es el beneficio?
-El concepto de los 30 años busca que nadie crea que es dueño del agua, porque el agua es un bien nacional de uso público.

-El senador Felipe Harboe planteó su preocupación por el impacto negativo de los derechos temporales en el acceso al crédito por parte de los agricultores. ¿Usted comparte esa preocupación? ¿Tiene solución ese problema?
-Él lo plantea como una inquietud, no como una afirmación categórica. Cuando nosotros estuvimos discutiendo qué hacíamos con esta propuesta que estaba en la Cámara, de derechos de cinco años, tuvimos entrevistas con encargados de créditos de varios bancos, entonces ellos nos dijeron que los créditos nunca se daban a más de 30 años. Además, los derechos son prorrogables automáticamente y por otro lado, si por ejemplo, el titular está en el año 26, puede pedir una prórroga anticipada y en estos casos excepcionales la persona puede pedir su crédito. Estamos disponibles para la discusión, en que si son 30, 35, 38 ó 40 años, es una discusión que se puede dar perfectamente, el Ejecutivo no está cerrado a esa discusión.

-¿Cuánto espacio hay para negociar? ¿Hay temas en los cuales se podrían hacer concesiones? Por ejemplo, cambiar la palabra “indefinido” por “perpetuo”, que es una distinción que interesa mucho a los regantes.
-Yo creo que eso es un invento, pero así y todo estamos disponibles para que diga “indefinido o perpetuo” (...) Da lo mismo, porque lo que está detrás de esta discusión falsa y verdadera, es que algunos dicen “si pongo perpetuo, nunca un derecho va a poder ser objeto de extención” y están defendiendo a los especuladores, y yo te aseguro que aunque diga perpetuo sí va a poder ser objeto de extinción (...) No tenemos ningún inconveniente en que diga indefinido o perpetuo, este es un invento de quienes no entienden mucho del derecho.

-En cuanto al plazo para la regularización de los derechos no inscritos, ¿también es discutible?
-Sobre eso ha habido mucha confusión, porque vienen los dirigentes y le dicen cosas a la gente que no son reales. les han dicho que cuando se publique la ley, si usted no regularizó sus derechos en un plazo de 15 meses o dos años, usted va a perder el derecho, y eso no es así. Lo que dice el texto, porque al texto le interesa que haya una buena gobernanza y gestión del agua, y para eso tenemos que saber quién es quién. Lo que se dice es que aquel que tenga su derecho constituido por la DGA o reconocido por una sentencia de tribunal, y ve que su derecho no está en el catastro de los derechos inscritos que va a publicar la DGA, tiene 15 meses para que su derecho que ya está regularizado, entregue los antecedentes. Luego la DGA estudiará los antecedentes y volverá a publicar un catastro con todo lo que recibió, y habrá nueve meses más de plazo.

-Pero aquellos derechos que no están constituidos legalmente...
-Ese caso es distinto, esta persona no ha tenido una sentencia judicial, por lo tanto, no le corre el plazo. (...) Hoy, para poder regularizar usos antiguos, de antes de 1977, la ley dice que puede regularizarlo haciendo un trámite en los tribunales de justicia, contratar abogados, años, papeles, etc. El nuevo artículo que se está proponiendo es que uno puede regularizar su uso en un trámite administrativo ante la DGA, no ante el tribunal. Además, hay un informe financiero que dispone $2.775 millones para ayudarte en esto, además de los bonos Indap y de la CNR. Y agrega que los trámites podrán hacerse de modo colectivo. (...) El plazo para la regularización, para los grandes y medianos, es de cinco años, pero para iniciar el trámite, no para tenerlos regularizados.

-En el proyecto queda claramente establecido que el uso prioritario del agua es el consumo humano. ¿Se ha considerado incluir a la agricultura en una segunda prioridad, dado que se trata de la alimentación?
-Eso se discutió en su etapa originaria y se desechó, por varias razones. El Código del ‘58 decía eso y hacía un listado de prioridades. Pero el Código del ‘81 dice lo contrario, porque quería promover la mayor productividad del agua, el que le pueda sacar el máximo beneficio, que tenga el derecho. Ese concepto del ‘81 genera un mercado, y nosotros no somos enemigos del mercado, somos enemigos de un mercado desregulado. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿quién determina qué es más importante? Por ejemplo: ¿es más importante el agua para uso agrícola que el agua para generar electricidad? Naciones Unidas discutió esto mismo durante 13 años y en 2010 llegó a un acuerdo y dijo que los únicos dos derechos prioritarios van a ser el derecho al agua potable y al saneamiento.

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