Fiscalía formalizará a alcalde de Ch. Viejo por fraude al fisco

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 09:55 PM 2017-12-05

Mediante un escrito firmado por el fiscal jefe de Yumbel, Álvaro Serrano, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Chillán una audiencia de formalización para el próximo miércoles 27 de diciembre, a las 08.30 horas, en contra del alcalde Felipe Aylwin, y otros nueve  funcionarios municipales, por los delitos de fraude al Fisco, y falsificación de instrumento público.

De esta manera se confirma que el Ministerio Público sí encontró irregularidades constitutivas de delito en las investigaciones por la pérdida sobre 300 millones de pesos que se habría registrado entre los años 2012 y 2013 al interior del municipio, presuntamente para financiar costos de campaña electoral de cara a las elecciones municipales.

El dinero se habría marginado de los libros contables mediante pagos exagerados a proveedores, sobresueldos y pagos a “funcionarios fantasmas”, lo que requería de firmas falsas y falsificaciones de diversa documentación.

Por esta razón dentro del mismo documento enviado por el fiscal Serrano se diferencian cinco grupos de imputaciones.

En el grupo 1, por el delito de fraude al Fisco, figuran el alcalde Felipe Aylwin, el administrador municipal Ulises Aedo; y Lya González, una de las personas que presuntamente fueron contratadas y remuneradas para una función y trabajo inexistentes.

En el grupo 2 se distingue a Silvana Ríos Steckler, por tener la  calidad de representante legal de la empresa de buses que tuvo tratos con el municipio, solo mediante su padre, Jorge Ríos, el dueño de la empresa.

Completan la nómina Jorge Andrés León Sánchez, el renunciado exjefe de Dideco; María Gabriela Garrido Blu; Paola Araya Quijada; nuevamente, Ulises Aedo Valdés; y el abogado y funcionario del Juzgado de Policía Local de Chillán Viejo, Francisco Fuenzalida Valdés,  a quien se les atribuye en la participación de siete delitos de fraude al Fisco.

En un tercer grupo donde se vuelve a imputar a Fuenzalida y a Aedo, más Susana Fonseca Cartes, María Gabriela Garrido Blu y Paola Araya Quijada,   a quienes se les atribuye la comisión de falsificación de instrumento público en concurso medial con delito de fraude al Fisco, es decir, la confección de documentos o firmas falsas necesarias para el fraude.

En el cuarto y quinto grupo vuelven a nombrarse a Ignacio Moreno Seguel, Jorge Andrés León Sánchez, Ulises Aedo Valdés, María Gabriela Garrido Blu; Paola Araya Quijada y Francisco Fuenzalida Valdés.

En ambos se invoca al artículo 194, que tiene relación con la falsificación de instrumento público cometido por particulares, pese a que quienes figuran como autores de este delito son funcionarios públicos, siendo en total 37 los delitos por investigar formalizadamente.

Se especifica en el Código Penal que la infracción a este artículo 194 conlleva una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. 

“Aylwin sí estaba al tanto”

Uno de los nombres que más se repite es el de Francisco Fuenzalida. De hecho, se le atribuyen sobre 45 delitos de fraude y falsificación. 

“Pero la única explicación que le veo a esto es que se tome como delitos distintos cada uno de los decretos que hayan sido firmados mientras fui secretario municipal o como jefe de Control subrogante”, dice.

Fuenzalida declara estar tranquilo e insiste en su inocencia, argumentando que “todo estos procesos, firmas y autorizaciones son parte de una escala jerarquizada, a mí como secretario, o incluso como jefe de Control, no se me faculta para someter a peritaje si lo que firmo o no está viciado, ya que viene siempre con la orden de un superior”.

Es más, para Fuenzalida, son más los funcionarios que habrían operado en su misma condición, “como Paola Araya o Gabriela Garrido por nombrar algunos”. Por el contrario, plantea que “quienes no pueden negar conocimiento de todo lo que estaba sucediendo son el alcalde Aylwin, Ulises Aedo y el que era jefe de Dideco, Andrés León”.

Curiosamente, Aylwin fue quien pidió la investigación de este caso, en 2013 y Aedo presentó una querella por fraude al Fisco en este mismo contexto, mediante el abogado Ricardo Robles.  

Robles, escuetamente dijo que “mis tres representados (Ulises Ramos, Gabriela Garrido y Paola Araya) son inocentes, pues cumplían funciones administrativas. No han reportado provecho alguno del posible fraude y fueron engañados al firmar decretos de pagos. Estamos muy tranquilos y sé que serán absueltos”.

El abogado del alcalde Aylwin, Julio Díaz de Arcaya, explicó que aún no ha podido conversar con el jefe comunal debido a que se encuentra internado en un centro de salud, en Santiago, aquejado por una enfermedad que lo ha mantenido con licencia por cerca de dos semanas.

“Por el momento estoy tratando de conseguir la carpeta de investigación, que es muy grande y trataré de revisar la evidencia documental que el Ministerio Público dice tener. Luego conversaré con Felipe Aylwin para agendar una reunión y preparar nuestra defensa”.

Piden asesoría legal
Para los concejales y funcionarios que tuvieron acceso a lo que resolvió el sumario interno realizado por la Contraloría respecto a este desfalco, las formalizaciones anunciadas no constituyen en lo absoluto una sorpresa.

“Lo que sí me extraña es lo mucho que se demoró la Fiscalía en formalizar”, dijo el concejal Pablo Pérez.

El edil y profesor confidenció que se decidió a nivel de concejo buscar asesoría legal para “hacer lo que la ley nos mandata en cada uno de los casos posibles. No se trata de acusar por acusar, pero si  la justicia falla de manera condenatoria y se demuestra un notable abandono de deberes por parte del alcalde, nosotros tenemos la obligación de votar por su destitución. Si no lo hacemos, seríamos nosotros los que faltaríamos al deber”.

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