Suprema ordena cesar captación de aguas en Termas de Chillán

Por: Roberto Fernández Fotografía: Archivo 2017-11-14

"Se ratifica que las obras de captación no contaban con la autorización respectiva”

César Saavedra
Dirección Regional de Aguas

"El municipio podría comprar derechos (...) también se puede recurrir a los pozos profundos”

Juan Carlos Villagra
Junta de Vigilancia Río Diguillín

"La Municipalidad no tiene inscripción de derechos de agua de las vertientes que está usando”

Francisco Saldías
Junta de Vigilancia Río Diguillín

En fallo dividido (3-2), la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de Aguas (DGA) y la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) por el litigio con la Municipalidad de Chillán por la extracción irregular de aguas en las Termas de Chillán, con lo que anuló la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chillán del 23 de febrero de 2016, confirmada por la Corte de Apelaciones de Chillán el 26 de julio de 2016, que habían absuelto al municipio de las infracciones legales por las que se le denunció.

Según explicó Francisco Saldías, juez de aguas de la JVRD, en 2014, la organización presentó nueve denuncias ante la DGA por sendas extracciones ilegales en vertientes que deben escurrir al río Renegado, y por extensión, al Diguillín, pero en su lugar, las aguas son captadas y dirigidas por una tubería hacia el predio donde funciona el complejo turístico Termas de Chillán, de propiedad municipal, concesionado a Nevados de Chillán, de la cual también se abastece Somontur. 

Saldías precisó que esto no tiene que ver con las aguas termales.

En la sentencia, el máximo tribunal no acogió el argumento del municipio, que apeló al uso histórico del tradicional recurso y a 15 solicitudes de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas presentadas por el municipio y que están en curso.

En el litigio, la DGA declaró que la municipalidad no es titular de derechos y carece de autorización para construir obras hidráulicas, puesto que las solicitudes de regularización “son meras expectativas”, con mayor razón si se trata de nuevos derechos de aguas, y dado que en 1994 se declaró al Diguillín como un cauce agotado, lo que impide otorgar nuevos derechos.

De esta forma, la Suprema dictó una sentencia de reemplazo en la cual se fija una multa de 1 UTM por cada una de las captaciones no autorizadas (9 UTM), “sin perjuicio de la paralización inmediata de la extracción de aguas, el retiro de las obras de captación y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, para la investigación del presunto delito de usurpación de aguas”.

Regularización

La decisión fue recibida con beneplácito por el director regional de la DGA, César Saavedra, quien manifestó que “se ratifica que las obras de captación no contaban con la autorización respectiva”. 

La autoridad subrayó que el tema de la regularización de estos derechos “no está zanjado, es algo que tiene que zanjar el tribunal respectivo, previo informe de la DGA”, advirtiendo que la DGA informó desfavorablemente.

De igual manera, Saldías expresó que el Ministerio Público “estaba a la espera de este fallo para seguir adelante con la investigación penal que fue ordenada por el fiscal regional a la Fiscalía de Chillán”.

En tanto, Juan Carlos Villagra, presidente de la JVRD, recordó que en 1989 el municipio inició un proceso de regularización de derechos para dos puntos de extracción para abastecer al antiguo hotel, a los que la JVRD no se opuso y se le dio el visto bueno por parte de la autoridad, pero posteriormente el tribunal declaró “abandono de procedimiento”. 

Sin embargo, acotó Saldías, en el proceso actual “están tratando de inscribir 15 puntos de 15 vertientes”, a las que sí se oponen, y que según Villagra, tienen su origen en el incremento de la demanda a partir del crecimiento inmobiliario en el sector.

Villagra explicó que esas solicitudes equivalen al riego de unas 300 hectáreas, y apuntó al daño que se le hizo a los regantes aguas abajo, quienes debido a la prolongada sequía no han recibido el caudal que tienen inscrito.

Abastecimiento

Saldías comentó que “está difícil la situación para el municipio. Nosotros lamentamos que las reuniones con el alcalde para darle otras alternativas y no perjudicar al sector turístico, no fueran fructíferas”.

En tanto, desde la dirección jurídica del municipio señalaron que “se recibe el fallo con sorpresa, pero con tranquilidad, toda vez que seguiremos con nuestros procesos de regularización de aguas, los cuales no están impedidos por el fallo de la Corte Suprema”.

Asimismo, indicaron que “el turismo se seguirá desarrollando en la zona. Queremos dejar en claro que no en todos los expedientes de fiscalización se ha cursado multa, por lo que las instalaciones en las Termas de Chillán seguirán operando normalmente. El que no estén inscritos los derechos no significa que se carezcan de ellos”.

Consultado el municipio sobre la voluntad de llegar a un acuerdo, expresaron que “siempre estamos abiertos a un acuerdo razonable para todas las partes”, aunque hicieron hincapié en que “reiteramos que el acceso al agua no está impedido”.

En opinión de Saavedra, con este fallo, el municipio debiera evaluar otra forma de abastecimiento de agua.

Al respecto, Villagra planteó que existen alternativas de solución. Explicó que se puede abrir un mercado de aguas, de manera que “el municipio podría comprar derechos y cambiar el punto de captación; así como también se puede recurrir a los pozos profundos (...) Les dimos estas opciones al municipio en dos reuniones, pero como ellos habían ganado en primera y segunda instancia, no quisieron tomarlas e insistieron en que tenían el derecho a extraer toda el agua que quisieran”.

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