Televisión pública

Por: 2017-11-08

Luego de un extenso debate y de intensas negociaciones en que el Gobierno desplegó con éxito el lobby necesario para conseguir los votos que se necesitaban, ayer el Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que perfecciona la ley que rige a TVN.   

El proyecto enviado por el Ejecutivo tenía dos aspectos esenciales, pero también controversiales. El primero era la implementación de una señal sin publicidad que se concentre en programas culturales, científicos e infantiles. Esta iniciativa, según los datos entregados durante la discusión parlamentaria, costará casi US$18 millones. La iniciativa se aprobó por 21 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

El otro nudo era la aprobación de US$47 millones para enfrentar las pérdidas y solventar el canal que ya no tiene liquidez para pagar los sueldos en los próximos meses. Esta parte esencial se aprobó también por 19 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones y permitirá salvar a la señal estatal que ahora, además de corregir serios desperfilamientos (hay días en que TVN parece el peor de los canales comerciales), tendrá que definir cuál será la identidad informativa y periodística que adoptará en esta nueva etapa. 

A menudo se incurre en una peligrosa equivocación cuando se invoca la finalidad que deben cumplir los medios de comunicación del Estado. Se confunde el interés cultural o educativo del conjunto de la sociedad con el efímero y transitorio interés político de los gobernantes de turno.

El concepto de televisión pública cobra sentido cuando se transmite a los usuarios, por ese medio, un conjunto de mensajes e informaciones de naturaleza cultural que contribuyen de manera notoria a su mejor formación educativa e intelectual. El concepto, en cambio, se desnaturaliza y hasta se envilece cuando detrás del material que se pone en pantalla asoma una clara intención de divulgar concepciones ideológicas o políticas que se corresponden neta y claramente con el interés específico del Gobierno de turno.

En un verdadero canal público, sus programas deberían trascender naturalmente los períodos de ejercicio de un Gobierno y el recambio en el poder tras una elección. Pero eso sucede cuando no existe alineamiento inmediato y total entre Gobierno y medios públicos. Esa es una condición necesaria para que pueda hablarse de una experiencia genuina de TV Pública. No alcanza con poner en el aire un slogan y una placa institucional alusiva.

Tiene sentido hablar de televisión pública cuando se privilegia la divulgación de imágenes o conceptos que apuntan a brindar un servicio de información cultural aséptico y despojado de toda intención demagógica, como es -por ejemplo- el que se proporciona habitualmente en los múltiples establecimientos públicos del sistema educativo.

Solo cabe esperar que el debate que presenciamos las últimas semanas sea el prólogo de una evolución positiva del canal estatal, que favorezca la existencia de una auténtica televisión pública, identificada con la difusión de elementos culturales y alejados de toda manipulación político-partidaria o ideológica.

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