Concejo de Chillán Viejo analizó posible destitución del alcalde

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Mauricio Ulloa 2017-11-07

Hoy en sesión de concejo dos ediles analizaron la posibilidad de acusar al alcalde por abandono de deberes.

Este viernes 10 de noviembre, la Fiscalía entregará los nombres de los funcionarios municipales de Chillán Viejo que serían formalizados en el llamado caso desfalco que sigue escribiendo nuevos capítulos.

El caso que genera revuelo mediático, tiene convulsionado al municipio chillanvejano, donde hay ediles dispuestos a acusar por notable abandono de deberes al alcalde Felipe Aylwin ante el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, para propiciar su destitución.

Hoy en sesión de Concejo Municipal, todos los temas relacionados con el caso nuevamente fueron abordados por algunos ediles que han sido particularmente incisivos y fiscalizadores respecto de cada una de las aristas.

El concejal Jorge del Pozo  abordó las investigaciones judiciales, el informe de Contraloría que pide sanciones para ex y actuales funcionarios y expuso sobre la posibilidad cierta de realizar una presentanción ante el Tricel.

Adicionalmente fue abordado por Pozo y Pablo Pérez un documento emanado desde Contraloría que aborda el  problema de las luces Led que acumula innumerable quejas vecinales y millonarias multas contra la empresa LG.

Del Pozo, sostiene que ante la inminente formalización de eventuales involucrados en el caso de malversación de fondos públicos para conseguir fines políticos, es necesario prepararse para situaciones cada vez más complejos.

El edil radical hizo un llamado al resto del concejo a sumarse a la acusación por notable abandono de deberes en la medida que existan antecedentes concretos y amparados por antecedentes jurídicos, que los habría según entiende, pues de lo contrario quienes no se sumen pueden ser acusados a su vez de notable abandono de deberes.

Del Pozo expuso en la sesión que el municipio ha querido desconocer sus responsabilidades en este caso, achacando los supuestos delitos a persecución política o intrigas periodísticas para desestabilizar al edil.

Pero agregó que quien realizó presentaciones ante la Fiscalía para que se investigara el caso fue el propio alcalde Felipe Aylwin luego de que se destaparan las primeras irregularidades el año 2013.

En este sentido recordó que entre los años 2013 y 2014 el edil pidió en las documentaciones ante la justicia que se investigaran “hechos que son constitutivos de delitos”.

Pozo agregó que “lo que pasa es que tenemos un efecto búmeran. El alcalde pidió que se investigaran a todos los responsables y lo que tenemos es que hay responsables que fueron identificados por Contraloría. Y esto a partir de una denuncia del propio alcalde” remarca.

El concejal Pablo Pérez agregó, tras culminar el concejo, que estaba dispuesto a firmar una acusación ante el Tricel en la medida que los antecedentes jurídicos confirmen que existen delitos. Recalcó que cuando se está ante situaciones complejas, es inevitable que como concejales no persigan la responsabilidad del edil.

El resto de los concejale no se pronunció en la sesión, frente a los hechos que han marcado la agenda local en las últimas semanas y que seguirán dando que hablar especialmente este viernes cuando se avance en la formalización de funcionarios como pide la Fiscalía.

La sesión de concejo fue inicialmente conducida por el alcalde Felipe Aylwin, pero tras las críticas de Jorge del Pozo solicitó permiso para ausentarse, pues tenía compromisos paralelos. Su estadía al frente de la sesión, no duró más de 45 minutos.

Luminarias Led
Pablo Pérez agregó que la Municipalidad de Chillán Viejo debe resolver rápidamente el problema que tiene con la empresa LG, que se adjudicó el contrato para instalar luminarias LED en el radio urbano.

Agregó que con Jorge del Pozo concurrió en agosto al ente regional para pedir que se fiscalizara ese contrato y el estado de la luminarias.

Según antecedentes aportados por los ediles, la Contraloría Regional acusa excesiva dilación e inactividad en el municipio de Chillán Viejo por el contrato con la empresa LG Electronic del año 2013.

En el informe enviado a los ediles se desprende que está en manos del alcalde el ponerle término al contrato con LG, ya que según señala el art. 13 de la Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, pueden modificar o terminar anticipadamente el convenio, si se dan las circunstancias.

Los ediles destacan que previamente la entidad regional ya había emitido un informe donde dejaba en claro que en el contrato se habrían cometido eventuales anomalías.

Lo que parece claro es que en este contrato, y de acuerdo a los antecedentes existentes, “hay una excesiva dilación tanto en la recepción de las obras como en la decision de ponerle término al contrato, existiendo una inactividad que atenta contra los principios de responsabilidad”, afirmaron.

Según la propia Contraloría, “conviene precisar que del examen de la documentación allegada a este ente de control y, particularmente, de lo aseverado por la propia autoridad comunal, en lo concerniente al retardo en la ejecución de las obras convenidas, se advierte una excesiva dilación tanto en el procedimiento de recepción de las mismas como en la decisión de disponer el término de la contratación de la especie, lo que da cuenta, en armonía con el criterio contenido en el dictamen 8.664, de esta anualidad, de una inactividad de la administración, lo que contraviene los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia” y otros temas relacionados con la ley procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Los ediles recalcan que la empresa LG en noviembre de 2013 terminó de instalar sus luminarias y a la fecha, octubre de 2017, aún no se ha podido recibir la obra provisoriamente dado que existen muchas observaciones.

Del Pozo agrega que según antecedentes que maneja las multas que la municipalidad habría cursado serían del orden de los $800 millones, en tanto que el contrato habría sido por $1.300 millones por diez años y pagos mensuales del orden de los $13 millones.

En la actualidad la municipalidad no estaría pagando a LG dadas las infracciones detectadas por lo que se pide que el dinero asignado sea derivado a contratar una empresa que haga mantención de luminarias que presentan constantes fallas.  

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