Jueza ordena fin de secreto de causa por fraude en Chillán Viejo

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Fernando Villa 10:50 PM 2017-11-04

El 6 de diciembre será el día en que se pondrá fin al misterio y secretismo con que se ha llevado la causa judicial, por parte del Ministerio Público de Yumbel, en contra de a lo menos nueve funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, a quienes se investiga por presuntos delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre, pudiendo ser incluso el propio alcalde, Felipe Aylwin, uno de los investigados.

El plazo se fijó luego que el abogado Ricardo Robles, quien se presenta como uno de los querellantes por parte  de los funcionarios Paola Araya, directora de Administración y Finanzas; María Gabriela Garrido, encargada de Control Interno y el actual administrador municipal y actual alcalde (s), Ulises Aedo, pidiera el fin al estado de bloqueo de la causa.

Robles evidenció en el Juzgado de Garantía de Chillán, que “esta causa tiene su página cerrada hace tres años en el portal del Poder Judicial, por lo que a ninguno de los intervienientes, salvo los fiscales, se les ha permitido en todo este tiempo conocer ni el estado de la causa, ni tampoco si las personas que han sido citadas a declarar, entre ellos a mis representados, lo han hecho en calidad de testigos o de imputados, con todos los perjuicios que eso significa”.

La apología a la inusual situación la entregó en el mismo estrado el fiscal Eduardo Planck (Álvaro Serrano, de Yumbel, estaba con licencia médica).

“Nos excusamos, pero lo que pasó ahí fue que nosotros pedimos el secreto del estado de las resoluciones de dos diligencias puntuales, no que se bloqueara la causa completa y la verdad, no sabemos por qué se cerró todo”, aclaró.

Sin mayores alegatos de por medio, la jueza Claudia Madsen, en primera instancia accedió a la petición de Planck de otorgarles un plazo de dos meses (es decir hasta el 6 de enero) para levantar el secreto de ambas resoluciones y para entregar la nómina de las personas a formalizar.

Sin embargo, y por un atochamiento de audiencias en esas fechas, la magistrado Madsen resolvió finalmente que se le otorgaría un solo mes al Ministerio Público para abrir el secreto y entregar la nómina.

Donde no hubo plazos fue para la reapertura del resto de la causa en el portal del Poder Judicial, “y deberá subirse la información de forma inmediata”, sentenció, al mismo tiempo que ordenó averiguar por qué se había mantenido cerrada.

“Estamos muy conformes, porque esta era una situación muy incómoda para todos, ya que nadie sabe qué están investigando, a quién están investigando ni qué acusaciones podría eventualmente haber. Mantener tres años la página cerrada nos parecía una exageración, no entendemos qué podría tener de legal”, comentó Robles finalizada la audiencia.

Sus representados, en cambio, tras una conversación con él, decidieron no hablar con la prensa, “no por ahora, más adelante, mejor”, dijeron.

Según lo deslizado en los alegatos durante la audiencia de este viernes, se dejó entrever que se trata de una causa que ya suma varios tomos (dos según Eduardo Plank; y cerca de 20, según Robles), en las que se plasman acusaciones cruzadas y “hay investigaciones por varios delitos”, dijo el fiscal.

Sobre la investigación
Fue en mayo de 2014 que el Tribunal de Garantía de Chillán acogió a trámite la querella presentada por el abogado Ricardo Robles, en contra de nueve ex funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo y cinco proveedores de servicios, por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre. 

La acción judicial fue interpuesta en representación de tres altos funcionarios que según un informe especial de Contraloría (marzo 2014) firmaron decretos de pago que contienen irregularidades financieras: Ulises Aedo, Paola Araya y Gabriela Garrido.

En la querella se individualiza al antropólogo Andrés León (PPD), ex jefe de Dideco (renunciado en marzo de 2013), como el presunto autor de recepciones de servicios falsos, y pagos dobles y triples a un mismo proveedor.

Se le acusa también que, siendo ITO de los contratos licitados por la Dideco tenía contacto directo con los proveedores de servicios, con los cuales se concertaba para realizar pagos irregulares. 

La querella acusa de eventual co autoría en fraudes reiterados al municipio, a los proveedores Jorge Ríos, representante legal de la empresa de buses Silvana Ríos, por sobrepagos concertados por $28 millones 830 mil, y $480 mil, y viajes no realizados y cancelados por $8 millones 440 mil; a la proveedora de alimentos Clara Cea, por sobrepago de $460 mil, a Cea ($21 millones) y Marta Mardones ($1 millón 765 mil) por alimentos y bebidas no recepcionados por los beneficiarios a través de “recepciones falsas ideológicas”; a Banquetería Parra por pagos irregulares por $11 millones; y a Inés Veloso por certificación falsa de servicio prestado (camión pluma) por $6 millones 570 mil. 

A esto se suman recepciones de servicios con presuntas firmas falsas de los dirigentes de los clubes deportivos Los Colihues y Rucapequén, por  $10 millones 680 mil. 

El resto de los empleados municipales a los cuales en la querella se les sindica como presuntos facilitadores de los delitos son Susana Fonseca, Ignacio Moreno, Alonso González y Francisco Monroy, ex funcionarios de la oficina de Participación Ciudadana; Raquel Badillo, ex secretaria de Dideco e Irma Godoy.

También figurarían Elizabeth Riquelme, funcionaria, asistente social quien prestó servicios en el “Programa de apoyo a las organizaciones (...) y orientación a vecinos”; y Valentina Navarrete, exfuncionaria que se desempeñó en el programa “Apoyo Administrativo en las iniciativas de los jóvenes de la comuna”. 

No culpan a mandos medios
Uno de los que acusó en primera instancia sobre estas irregularidades a la Contraloría, fue el concejal Jorge del Pozo.

“Seguimos sosteniendo que son $300 millones (lo perdido) y la evidencia es clara. Pretender hacer creer que los mandos medios son finalmente los que se coludieron para poder realizar todas estas acciones, no corresponde. Los que dirigen actualmente la municipalidad no pueden desentenderse de lo que ocurrió”, señaló el edil.

Francisco Fuenzalida, antiguo funcionario municipal que hoy se desempeña en el Juzgado de Policía Local de la comuna, coincide con Del Pozo en que los responsables de los delitos no están en los mandos medios, sino que recae en personas con mayores responsabilidades administrativas.

“Muchos funcionarios que están siendo investigados han sido víctimas de los delitos porque a nuestro entender sí hay delito, y esos hechos que se cometieron permitieron que gente fuera de alguna manera engañada o víctima también de esos hechos, ya que se actuó de buena fe, ignorando que habían actos delictivos detrás, entonces eso es lo que le molesta a todas las personas que no tienen que ver en el asunto”, manifestó.

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