Incentivos puestos en la justicia social

Por: Renato Segura 2017-10-24
Renato Segura

La integración del comercio y la economía de la información y el conocimiento, han condicionado a los países a construir modelos que compatibilicen el desarrollo de las comunidades con el crecimiento económico. Primero fue la responsabilidad social empresarial, después el valor compartido y hoy es el comercio justo; tres herramientas, con un fin en común: avanzar en justicia social.

La responsabilidad social empresarial emerge en marzo de 2000 en Europa, para hacer frente a una realidad económica en la cual la desregulación, la privatización de empresas públicas, la integración global del comercio y la libertad de las empresas para invertir, hacían infructuosos los esfuerzos del Estado para corregir la concentración económica.

El valor compartido, propuesta creada por Michael Porter, apunta a resolver las ineficiencias generadas por las externalidades en la aplicación de la estrategia empresarial basado en su modelo de las cinco fuerzas. La nueva estrategia reconoce que, contratos sociales compatibles con los incentivos de la comunidad, se constituyen en una generosa fuente de riqueza para la actividad empresarial.

El comercio justo es una remasterización del movimiento social, surgido hace 40 años, que postuló incluir a los marginados del modelo económico a través de transacciones justas, acuerdos comerciales equitativos y estándares éticos. Hoy en día, muchas de las empresas que han adoptado el modelo de comercio justo, como mecanismo de relación comercial, han constatado un aumento sostenido en la fidelización de sus clientes e incremento del margen de utilidad.

En el sistema de mercado, las licitaciones competitivas se constituyen en el mecanismo de mayor efectividad para alcanzar la eficiencia en la relación comercial entre las instituciones con sus proveedores. Adicionalmente, con un adecuado diseño de incentivos, los beneficios se pueden extender a la sociedad.

Por ejemplo, la política de concesiones en Chile fue la idea del millón para mejorar la conectividad en el país. Sin embargo el diseño inicial de incentivos para seleccionar la oferta ganadora, consideraba maximizar la rentabilidad social sin considerar adecuadamente el bienestar individual. El resultado, se revela hoy en obras como la autopista del Itata o el Túnel El Melón, cuyo valor del peaje es significativamente mayor a lo estipulado en las nuevas concesiones.

En lo que respecta a las licitaciones públicas a través del Portal de Chile Compras, se puede constatar un fenómeno similar. En muchos casos (la mayoría) la licitación busca minimizar el valor del servicio del producto que requiere un organismo público. Sin embargo, las Bases adolecen de los principios básicos del comercio justo, esto es: cuál es la remuneración, bonos y/o aguinaldos que perciben los trabajadores de las empresas proveedoras. La preocupación en esta materia, se limita solo a verificar el cumplimiento de la ley laboral, en cuanto a que los licitantes no mantengan deudas previsionales y de remuneraciones. Si se adicionara un criterio de revelar y valorar los beneficios que perciben los trabajadores de las empresas licitantes, sin duda se generaría un importante avance en materia de justicia social. 

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