Martínez: “No existe ilegalidad en lo denunciado”

Por: 2017-09-13

“Frente a los antecedentes entregados sobre la pensión de inutilidad de segunda clase, debo manifestar lo siguiente: no existe ninguna ilegalidad en lo denunciado”. 

Así comienza la declaración pública firmada por el equipo de Comunicaciones del diputado Rosauro Martínez (RN), quien fue emplazado por el ex consejero regional, Cristian Quiroz, a explicar por qué recibe, desde 1987, una pensión de inutilidad de segunda clase de parte del Ejército (por casi $1.300.000 mensual), en circunstancias que entre 1989 y 1992 fue alcalde de Chillán, y entre 1994 y la actualidad, diputado.

“Contraloría estableció, a través del dictamen 65.163 del 2 de noviembre de 2010, que dicha pensión es legal. En dicho dictamen se resuelve que los titulares de una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase únicamente se encuentran impedidos de ejercer cargos remunerados en las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, incompatibilidad que no se aplica a los casos en que estos perciban sueldos u honorarios en otros organismos de la Administración del Estado”, se sostiene en la declaración.

Según el desaforado parlamentario, “los tratamientos médicos son parte de la privacidad personal, y si alguien cree que existe algún delito, debe denunciarlo a la justicia. Si no, queda claro que es solo una manera de tener tribuna en plena campaña electoral parlamentaria y, más aún, una forma de seguir dividiendo a nuestro país, aprovechándose  de difundir interpretaciones en una fecha sensible para todos”.

Quiroz informó un listado de 53 ex uniformados con condena, apelación en curso o procesados por causas de DD.HH. que reciben el beneficio, entregada por el Ministerio de Defensa. Capredena interpuso una denuncia el 26 de julio ante el Ministerio Público, “contra quienes resulten responsables de obtener del Fisco prestaciones improcedentes”. Paralelamente, se conformó una mesa entre los ministerios de Defensa y del Trabajo.

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