Piden quitar urgencia al Código de Aguas

Por: Roberto Fernández Fotografía: Mauricio Ulloa 2017-09-11

Los regantes pedirán que la Comisión de Agricultura sesione en Ñuble.

Su inquietud por la evolución que ha tenido la discusión legislativa del proyecto de reforma al Código de Aguas expresaron los regantes de las regiones de Ñuble y el Maule, hoy en Chillán, al tiempo que anunciaron la convocatoria a una masiva asamblea para el 20 de octubre en San Carlos.

Representantes de las juntas de vigilancia de los ríos Ñuble, Diguillín, Chillán, Maule y Longaví, pidieron quitarle la suma urgencia a la tramitación del llamado Boletín 7.000, por cuanto estiman que la premura limitará el tiempo para escuchar a los involucrados. Y es que al menos 40 organizaciones han pedido intervenir en las sesiones de la Comisión de Agricultura del Senado, donde se tramita el proyecto. 

“El Gobierno le puso suma urgencia para sacarla de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y le repuso la suma urgencia la semana pasada, con lo cual debería aprobarse rápidamente, lo cual es lamentable, ya que nosotros hemos planteado una gran cantidad de críticas y reparos, y estamos convencidos que es un retroceso en la administración de las aguas, y peor aún si se discute sin escuchar a todas las partes y sin darnos espacio para opinar”, manifestó Martín Arrau, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

El dirigente criticó la negativa de Felipe Harboe a escucharlos, de quien dijo, no se conoce aún su postura. 

“Esperamos que le quiten la urgencia. Vamos a enviar una carta solicitando que la comisión sesione en Ñuble, que se den el tiempo de recorrer en terreno para poder explicarles bien los efectos y lo inaplicable que es esta reforma, lo desconectada que está de la realidad, para intentar de a poco ir mejorando esta reforma y que no salga tal como está”, añadió Arrau.

También sostuvo que el 4 de septiembre “nos reunimos con el ministro de Agricultura y le planteamos nuestra preocupación por la suma urgencia, y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que el proyecto no iba a seguir con suma urgencia, pero seis horas más tarde el Gobierno reingresó la suma urgencia, entonces, la verdad es que ha sido una chacota la discusión de esta ley”.

Arrau recordó que están trabajando con juntas de vigilancia desde Elqui al sur, y anunció:  “estamos convocando a un acto masivo en San Carlos para el 20 de octubre, para reunir a la mayor cantidad de organizaciones que se pueda. Hay que recordar que ya llevamos unas 200 reuniones por este tema, unas 10 masivas, y la idea es culminar en San Carlos, para expresar nuestro malestar por no ser escuchados, por hacer reformas desde el punto de vista ideológico y no técnico”.

Arrau aseveró que las reservas de constitucionalidad están hechas, y que “si este proyecto se llega a aprobar vamos a llegar al Tribunal Constitucional y estamos estudiando ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Pequeños agricultores

Por su parte, Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, quien asumió como consejero del Consejo de la Sociedad Civil del MOP, lamentó que “la ideología y la inconstitucionalidad del proyecto han impedido analizar un problema concreto, y es que con la reforma se verán afectados miles de pequeños agricultores que no tienen inscritos sus derechos”. 

En la reciente sesión del consejo, Saldías le expresó al ministro de Obras Públicas la preocupación por el artículo 132, que exigirá que todos deben tener sus títulos de aguas debidamente inscritos, sin embargo, se estima que de los 400 mil regantes que hay en el país, apenas 70 mil tienen sus títulos regularizados.

En Ñuble, esta situación afectaría a más de mil regantes del río Chillán, a unos 900 del río Ñuble y a 150 del Diguillín.

Saldías afirmó que “hay artículos que afectan a una cantidad inmensa de pequeños agricultores que no tienen sus derechos inscritos, por varias razones, como el alto costo, la complejidad del trámite, el uso consuetudinario del agua, pues ellos han regado por generaciones sin ningún problema y son reconocidos por sus comunidades de aguas, y es primera vez que se enfrentan a una amenaza como esta, en que cualquier especulador podrá inscribir sus derechos, y los va a dejar en la más absoluta indefensión y lo más probable es que se produzca un despojo de sus derechos”. 

El juez de aguas precisó que según el artículo 1º transitorio, habrá un plazo de cinco años para inscribir o regularizar los derechos, lo que a su juicio, revela un desconocimiento de la realidad agrícola.

Saldías comentó que le informó de este tema al ministro Undurraga, quien se habría comprometido a quitarle la suma urgencia a la tramitación legislativa. 

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