Contraloría zanja dudas sobre las aguas termales

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Mauricio Ulloa 2017-09-09

La Contraloría General de la República emitió el pasado martes 5 de septiembre un pronunciamiento que puede ser considerado como definitivo respecto de las dudas que permanentemente han existido respecto de la tenencia de aguas termales que nacen en las Termas de Chillán, ubicadas en la comuna de Pinto.

El tema ha sido objeto de polémicas al menos desde el año 2007, cuando comenzó el proceso para renovar la licitación del complejo cordillerano municipal que pertenece a la ciudad desde el año 1880,  cuando el territorio fue inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces.

Diversas interpretaciones generaban incertidumbre respecto de la calidad de las aguas termales, las que por ser consideradas como bien público tendrían que ser aprovechadas por el Estado o la Municipalidad de Pinto.

Adicionalmente, existían aprensiones sobre quién es el propietario de las aguas superficiales que escurren por el fundo municipal, pues la entidad edilicia plantea que le pertenecen, pues nacen y son usadas en el territorio, mientras que la Junta de Vigilancia del Río Diguillín alega que son parte de la subcuenca del río Renegado.

La entidad contralora, en su informe firmado por el contralor general Jorge Bermúdez Soto, destaca que respecto del uso de las aguas termales, se requirió informes municipales. Esta entidad local “afirma que las aguas en cuestión no corresponden a un bien nacional de uso público”.

Adicionalmente, fue requerido el Servicio de Salud Ñuble,  que había alegado derechos de dominio sobre las aguas termales a partir del decreto con fuerza de ley Nº 237 de 1931, lo que fue rechazado por tribunales de Justicia.

En el informe del contralor  Bermúdez se plantea además que en cuanto al acceso público a las aguas termales, una sentencia de  23 de abril de 1992 de la Corte de Apelaciones de Chillán determinó que el decreto  con fuerza de ley de 1931 que declaró de utilidad pública las aguas termales y vertientes, “no produjo sus efectos, pues no se acreditó el pago de bienes expropiados”, en los términos que exige el Código de Procedimiento Civil.

En virtud de estos antecedentes, la Contraloría establece que “corresponde que  el acceso a las aguas termales que se encuentran  dentro del terreno de propiedad de la Municipalidad de Chillán sea autorizado por dicha entidad edilicia en su calidad de propietaria de aquel predio”.

El organismo asimismo analizó además la entrega de las aguas termales y el uso comercial de ellas por parte de la municipalidad y el actual concesionario.

Sobre esto y amparándose en el mencionado decreto con fuerza de ley de 1931 y en el decreto Nº 106 de 1977 del Ministerio de Salud, dispone que “solo podrán abrirse al uso público o explotarse comercialmente con fines curativos como fuentes termales las aguas minerales que hayan sido declaradas fuentes curativas por el Presidente de la República mediante decreto Supremo expedido por el Ministerio de Salud”.

Además, por decreto supremo Nº 772 de 1954 del entonces Ministerio de Salud Pública y Previsión Social,  se declaró fuente curativa el agua mineral de las fuentes denominadas Termas de Chillán que brotan en los terrenos “de Chillán.

Según los informes consignados Contraloría precisa que “las entidades edilicias propietarias de aguas termales pueden concesionarlas a fin de que su explotación sea realizada por particulares o bien administrarlas directamente”.

El informe fue solicitado a la Contraloría por el ex director de Obras de Pinto, Carlos Muñoz Ormeño, quien planteó que de esta manera se dilucida de una vez por todas las controversias.

Agregó Muñoz que en el caso de las aguas superficiales que nacen en el predio, el informe establece que a partir de indicaciones de la Dirección General de Aguas, los cursos fluviales corresponden a “la cuenca Itata, subcuenca Itata Medio, subcuenca río Renegado”.

Sobre la disputa por esos afluentes Contraloría no puede pronunciarse, pues el tema está siendo analizado en tribunales de Justicia.

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