Denuncias vecinales suben 7 por ciento en un año

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:10 PM 2017-08-24

Denunciar a personas que ingieren alcohol o drogas en la calle, al vecino escandaloso, a quienes han creado un basural en los espacios comunes, las calles en mal estado, deficiencias en las luminarias, a quien suele agredir a su familia, ya dejó de ser sinónimo de ser “sapo”.

El horrible estigma, que dejaba en entredicho la lealtad y discreción del infidente, pareciera estar juntando polvo  en un diccionario urbano de páginas sepia, puesto que las diversas campañas policiales y gubernamentales que -a gritos- piden el apoyo vecinal para terminar con la delincuencia y con los malos ratos que puede sufrir un vecindario completo por culpa de un par de personas, han estado haciendo efecto en Chillán.

Tal es la apreciación del delegado regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, José Miguel Ortiz, quien encabezó un seminario organizado por el Programa de Apoyo a Víctimas desarrollado este miércoles en la Gobernación, que estuvo orientado a denunciar más, bajo la garantía del anonimato total.

Ortiz dijo que “en Chillán se nota que las personas se están acostumbrando a denunciar más, esto obedece a múltiples factores, entre ellos a que las policías o los actores fiscalizadores están dando mejores respuestas y también a que están aprendiendo que mientras más denuncian un hecho, mayor es el foco de patrullaje o vigilancia que hace carabineros en esos lugares y a los horarios señalados, lo que contribuye a que esos problemas o delitos empiecen a desaparecer de ahí”.

El delegado entregó estadísticas que muestran que en las denuncias que llegan a Tribunales, Carabineros, la PDI, a la Fiscalía o al municipio chillanejo ya se repiten los nombres de los presidentes de juntas de vecinos y representantes de organizaciones sociales.

“Los denuncios de esta naturaleza aumentaron un 7% en relación al año pasado, es decir, estamos hablando de 1.014 casos que implicaron denuncia más flagrancia”, destacó la autoridad.

Durante el seminario, en que participaron representantes de la Corporación de Asistencia Judicial, del Centro de Apoyo a Víctimas (CAV), el Sernameg y el Ministerio Público, se hizo promoción de la plataforma 600 400 0101 “que es un teléfono al que las personas pueden hacer las denuncias en forma completamente anónima y en la que encontrará respuestas concretas a sus problemas”, apuntó el abogado Guillermo Valdés, encargado del CAV de la Región de Ñuble.

Se sumará un juez a la red
El nombramiento de la Región de Ñuble traerá un cambio fundamental en la Red de Apoyo a Víctimas, que está integrada por otras entidades como el CAV, el Servicio Médico Legal, Sernameg, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia o el Sename, entre otros. 

Se trata de “la inclusión de un juez, que debe ser designado por la Corte de Apelaciones, y será este magistrado, que por lo general es del Juzgado de Garantía, para que recoja todas los requerimientos de las mesas de trabajo de esta red”, apuntó Ortiz.

Dentro de las funciones de este magistrado, quien en la mayoría de las regiones del país suele ser mujer, (Claudia Madsen es la única jueza del Tribunal de Garantía de Chillán), están el determinar las derivaciones de las víctimas a los diferentes programas gubernamentales o, por ejemplo, visar la inclusión de las mujeres en riesgo social por causa de la reiterada violencia intrafamiliar.

Otra de las funciones es la de explicar algunas de las resoluciones judiciales que puedan no ser comprendidas por la comunidad. “Todas las víctimas tienen derecho a saber por qué se resolvió de tal o cual manera, pero en este caso se trata de aclarar los puntos que no siempre son comprendidos por la comunidad. Tal vez es una función simbólica, pero muy útil a la vez y que le entrega tranquilidad a las personas”, añadió Ortiz.

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