Se querellan contra ediles por oponerse a los casinos populares

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Victor Orellana 09:40 PM 2017-08-23

Este martes fue presentada la documentación por el presunto delito de injurias y calumnias

Municipio y concejales advierten que tales establecimientos no tienen respaldo

El alcalde Sergio Zarzar, concejales e incluso dos carabineros, fueron acusados por empresarios vinculados al negocio de juegos electrónicos como consecuencia del cierre de locales, conocidos como “casinos populares”, que proliferaron en la ciudad, pero respecto de los cuales existe una normativa comunal que prohíbe sus operaciones.

La acción judicial, que persigue eventuales delitos de injurias y calumnias, fue interpuesta inicialmente en el Tribunal de Garantía de Chillán y el pasado lunes 21 de agosto fue ampliada,  al ser entregados nuevos medios de prueba.

La querella se dirige contra el alcalde Sergio Zarzar Andonie, el concejal Camilo Benavente Jiménez, la concejala Nadia Kaik Gorayeb y los carabineros Luis Aldes y Claudio Parra,  que participaron en jornadas de fiscalización en uno de los locales de los empresarios acusadores.

El documento recoge declaraciones de las autoridades edilicias y además expone las palabras eventualmente emitidas por los carabineros en ejercicio, la que a entender de los querellantes siguen la línea acusadora del alcalde Zarzar.

“Los concejales querellados participaron en los hechos punibles, no contraviniendo los dichos del alcalde o al menos sin matizarlos, por lo que comparten las mismas afirmaciones calumniosas” plantea el escrito firmado por el abogado Héctor Mella Vergara.

Los comentarios calumniosos se referirían a declaraciones en medios locales donde los ediles exponían la manera en que operaban los casinos de juego y además ponían de relieve que su accionar estaba fuera de la legalidad y la normativa vigente.

A entender de los empresarios, el hecho que se planteara que las máquinas son de azar, que están fuera de la ley o que los locales usan patentes irregulares, corresponderían a “un criterio sesgado, veladamente escaso de conocimientos en la materia y carente de asesoría jurídica adecuada”.

Sobre el particular desde el municipio se indicó que el alcalde que aparece como querellado “no se referirá al tema y el asunto será discutido en tribunales, que es el camino que ha tomado el municipio, que el alcalde representa, para definir la situación de los mal llamados “casinos populares”.

El cierre de establecimientos es un hecho que se viene promoviendo desde el gobierno comunal desde hace algunos años, según una corriente que se ha impuesto en muchos municipios que declara que las máquinas de azar no pueden operar más que en Casinos regulados por la ley respectiva.

Si hasta ahora los “casinos populares” no han sido cerrados es, precisa la municipalidad, “por la insistencia de los empresarios, que no obstante conocer la ordenanza que regula la actividad, han sido renuentes y han desobedecido la norma, abriendo locales y ejerciendo una actividad no permitida”.

Frente a esto la entidad edilicia “continuará como hasta ahora, fiscalizando y clausurando los locales que ejerzan un giro diferente al de su permiso. Si el comerciante abre su local estando clausurado, cae en el delito de rotura de sellos”.

La corporación municipal ha planteado que las clausuras han sido reiteradas y sucesivas. En el 2016 se iniciaron acciones penales que concluyeron el año 2017 con la condena a diversos empresarios justamente por la rotura de sellos.

La concejala Nadia Kaik planteó que “en todo momento me he ajustado a la normativa municipal que es muy clara respecto de cuáles locales pueden operar y las patentes que deben poseer, las que no han sido concedidas para este tipo de establecimientos”.

El jefe de Fiscalización municipal, Daniel Fuentes, planteó que a pesar de la claridad de las normas, hay empresarios que siguen abriendo salas de juego en la ciudad.

Camilo Benavente, en tanto, agrega que “esta demanda sería solo para presionarnos y limitarnos y para dilatar los procesos, pero las salas de juegos de ese tipo no pueden existir en la ciudad”.

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