4 municipios tienen deudas millonarias por el Bono SAE

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 07:35 AM 2017-08-14

Fuera de los 140 docentes que demandaron al alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, a causa de las deudas relacionadas con el pago del Bono SAE, hay más de 320 profesores del sistema municipalizado que también han iniciado procesos judiciales en contra de sus respectivos jefes comunales.

En detalle, 205 profesores figuran en la nómina de demandantes en contra del municipio de San Nicolás, con montos que oscilan entre los tres y los cuatro millones de pesos; 190 educadores iniciaron causa en contra de la municipalidad de Coelemu; finalmente, cerca de una treintena lo hicieron en contra del alcalde Sergio Zarzar como representante legal del muncipio chillanejo.

El estado de las causas es variado. Mientras que en el caso de Bulnes, el más polémico y avanzado de todos, ya cuenta con un fallo de la Corte Suprema que dictó una orden de detención en contra de Hidalgo, otras están en preparación de juicio oral o bien cuentan con recursos de nulidad, lo que es sinónimo de la total ausencia de acuerdo entre las partes.

Y si en Bulnes se calcula una deuda de $883 millones, en la de San Nicolás los montos serían incluso superiores.

El origen de la deuda
Fue en 2004 cuando se creó la Ley 19.933 que otorgaba un mejoramiento especial a los profesionales de la Educación, conocido como Bono SAE, siendo el mismo Gobierno el que año tras año enviaba el dinero total a repartir a cada municipio del país.

El origen de la deuda que se arrastra con algunos profesores hoy en día es que “al principio se interpretaba que este bono sólo le correspondía a los profesores del sistema particular subvencionado, por lo que se dejaba afuera a los municipales, sin embargo, en 2016 la Corte Suprema unificó los criterios para ambos casos, en otras palabras, dejó claro que a los municipales también les correspondía el pago”, explicó el abogado Juan Pablo Ortega, quien representa a un total de 13 profesores en contra del municipio de Chillán.

Este caso en particular celebró el pasado jueves la audiencia de preparación de juicio oral, lo que significa que se descartó todo tipo de acuerdo entre ambas partes, y será en septiembre, el tribunal laboral quien determine si es que los demandantes son objetos de pago, y de ser así, cuánto es lo que le corresponde a cada uno.

“Cada caso es distinto, depende de varios factores, pero lo que sí es seguro es que no puede tocar ninguno de ellos menos de un un millón de pesos”, precisó Ortega.

Los argumentos utilizados por los alcaldes para justificar el no pago de los bonos son dos.

Mientras unos apuntan a que la deuda se contrajo (y por lo tanto, se incumplió) cuando las municipalidades estaban siendo administradas por alcaldes distintos a los que hoy detentan el cargo, otros acusan que en un comienzo no quedó claro que la repartición del Bono SAE también incluía a los municipalizados, por lo que se ocuparon parte de los dineros en subsanar otras urgencias requeridas por escuelas, liceos y profesores.

“Lo que es concreto, es que no hay plata, eso es cierto, pero también es cierto que fue decisión de ellos (los alcaldes) el ocupar los dineros que les entregaba el Gobierno cada año, para cubrir otras deudas, no es un problema de los profesores”, apuntó Ortega.

La amenaza de detención
En total son 111 los municipios demandados por causa de la deuda del Bono SAE en el país.

En la edición del 10 de agosto, El Mercurio precisa que de ellos, los que presentan las deudas mayores son La Granja y Talca, que tienen una demanda por $1.500 millones, mientras que Osorno por $8 mil millones. 

Por otro lado, el municipio de Chillán ya debió pagar este año la cantidad de $172 millones conforme la Corte Suprema ratificara la resolución de primera instancia hecha por la Corte de Apelaciones de Chillán.

La principal herramienta de presión con que cuentan los demandantes es que de no saldarse las deudas, una vez que la Corte de Apelaciones haya fallado, el tribunal puede dictar una orden de detención en contra del alcalde actual si es que así lo pide el abogado patrocinante de los docentes.

Sin embargo, el ministro Guillermo Arcos dijo a LA DISCUSIÓN que “cualquier abogado municipal que demuestre que su alcalde no era el titular del municipio cuando se contrajo la deuda, podría en teoría evitar que se de una orden de arresto”.

Diferente fue el caso del alcalde Hidalgo, de Bulnes, quien según explicita el fallo de la Corte Suprema, pese a que hubo dos alcaldes antes que él asumiera este nuevo periodo a partir del 2016, el año 2004, cuando se contrajo la deuda, era él quien estaba a cargo del municipio bulnesino.

Hidalgo se quejó que la orden de detención se dicta un día antes de que el municipio se reuniera con los profesores para programar un método de pagos, por lo que exigió a los docentes que dejaran sin efecto la solicitud de orden de detención para seguir negociando, requerimiento que fue rechazado por los demandantes.

Los alcaldes, en general, han advertido que para poder pagar estas deudas deberán utilizar los fondos que estaban destinados a obras, que por esta causa, deberán ser suspendidas.

Las causas pendientes deberían ser resueltas este 2017 en todo Ñuble.

Comentarios