MOP descarta alza de la tensión social por Punilla

Por: Roberto Fernández Fotografía: Archivo 2017-08-12

Esta semana, la Junta de Vigilancia del Río Ñuble se sumó a las críticas del municipio de San Fabián  contra la forma en que se ha llevado adelante la gestión social del proyecto embalse La Punilla por parte del Ministerio de Obras Públicas y de la concesionaria Astaldi, advirtiendo la necesidad de mejorar la comunicación con las comunidades afectadas por el proyecto.

Vecinos de la zona que será inundada por el embalse han denunciado acciones de hostigamiento por parte de las contratistas instaladas en el área para el desarrollo de obras previas, por ejemplo, instalando cercos en los predios expropiados que impiden el tránsito de personas y ganado. Además han planteado su inquietud por los montos de las compensaciones por expropiaciones que está pagando el MOP, ya que según sostienen, no permitirían adquirir predios con similares características a los que hoy habitan, y no podrían continuar con las actividades agrícolas y ganaderas que desarrollan actualmente.

Dicho escenario, según el concejal de San Fabián, Rodrigo Ávila, da cuenta de una creciente tensión social en la zona, y advirtió que el abandono de la gestión social “puede abrir una brecha de violencia en la cordillera”.

Sin embargo, el MOP desestimó este sábado que exista un aumento de la tensión social en la zona de influencia de La Punilla y descartó los supuestos hostigamientos denunciados.

Tito Alfonso Fernández, coordinador regional de Concesiones del MOP, afirmó que “en relación a que haya aumentado la tensión en San Fabián por el desarrollo del proyecto Punilla, me parece importante y necesario precisar que no es efectivo que se estén instalando cercos en predios expropiados donde habitan hoy personas, de hecho, existen predios que ya han sido expropiados y que no cuentan con viviendas o familias que no han sido cercados para facilitar el libre tránsito por el sector según lo que se ha acordado con los mismos vecinos del lugar”.

Fernández agregó que “me parece importante recalcar que el Ministerio de Obras Públicas siempre está dispuesto a seguir conversando en forma constante; hemos conversado con los regantes, hemos sostenido reuniones y las vamos a seguir sosteniendo, con las comunidades también”, al tiempo que expresó que “todo el trabajo que se está haciendo es propio de la etapa inicial de este proyecto”.

Finalmente, confirmó que ya se comenzaron a pagar las primeras compensaciones por las expropiaciones. “Ya se comenzaron a pagar las compensaciones a dos familias, y próximamente se van a seguir pagando a otras familias”. 

Denuncian presiones
En la zona de inundación viven 87 familias, y en una primera etapa 32 de ellas deberán salir con una previa compensación. En este proceso los vecinos aún no han sido completamente erradicados, y manifiestan su molestia hacia las empresas subcontratistas instaladas en la zona, las cuales, según acusan, no estarían cumpliendo con los acuerdos, cometiendo, a juicio de la presidenta de la Junta de Vecinos Los Sauces, Lorena Navarrete, una serie de irregularidades.

Según la dirigenta, la empresa italiana Astaldi “promueve una crisis social en la zona cordillerana amparada por el Gobierno de Chile”.

“El hostigamiento, amenazas y presiones indebidas que los habitantes y afectados directos de este proyecto deben sostener a diario es una situación que se hace insostenible”, dijo Navarrete, y situación que atribuyó “a la falta de criterio y responsabilidad del Estado de Chile, al aprobar de manera unilateral el plan de desarrollo social, que no cumple con las necesidades que debe cubrir, como asesorías y apoyo para una correcta relocalización”.

La dirigenta precisó que la situación afecta a 87 familias de localidades como Los Sauces, Pichirrincón, Quebrada Oscura, La Pila, Los Mayos y Roble Huacho, entre otros.

“El MOP desmiente el hostigamiento que nos hace, pero es evidente que estamos viviendo una crisis social de la que nadie se ha hecho cargo, no nos están sacando, pero nos están coartando nuestros espacios, cercando los terrenos, que los animales no transiten ciertos terrenos y por supuesto con presiones indebidas de ciertos contratistas de Astaldi que se aprovechan de los más desvalidos”, denunció nuevamente.

Recordó que “en los primeros días de agosto, nos llamaron a declarar a la PDI a algunas vecinas y próximamente a otros vecinos del sector; existen varias empresas contratadas por Astaldi que hoy en día están intimidando y hostigando mediante denuncias frente a Carabineros y a la PDI, solamente por el hecho de solicitar que se retiren de los terrenos que aún habitamos”.

Expuso que “instalan cercos, pero la resolución de calificación ambiental del proyecto dice que no se pueden hacer esas cosas mientras la gente viva en el sector. Los que tienen que ser erradicados somos 87, y ahora cada persona tiene que saber dónde irse y ver si el dinero le alcanza para comprar un terreno acorde a lo que necesitan”.

La presidenta de la Junta de Vecinos Los Sauces insistió en que el dinero que recibieron vía expropiación está lejos de lo que aspiran las familias, ya que el valor por hectárea fue de $8 millones, mientras que el precio en el que hoy se vende en las cercanías de San Fabián un terreno similar es de $30 millones por hectárea.

“Nuestra actividad productiva se pararía totalmente, porque estamos acostumbrados a vivir en territorio amplio, donde la mayoría de la gente tiene sus animales y vive de eso. Acá con la plata de la compensación no va alcanzar ni para media hectárea. Tienen  que pensar, además, en construir su casa. Como junta de vecinos fuimos tiempo atrás a hablar con el ministro de Obras Públicas y mi sensación fue de que él no está enterado de todo lo que pasa aquí en terreno, porque a él le transmiten otra información. No veo voluntad de ningún organismo en solucionar esto y de verdad que nos sentimos desamparados, necesitamos apoyo legal por lo menos para que se cumpla lo que está establecido”.

LA DISCUSIÓN intentó sin éxito obtener una reacción de la empresa Astaldi.

Reunión con ministro
El alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, quien el jueves se reunió con el presidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Martín Arrau, para trabajar de manera coordinada en la superación de los obstáculos del proyecto, anunció que este lunes sostendrá una reunión con el titular del MOP, Alberto Undurraga, con quien abordará las denuncias de los vecinos, la demora en la implementación del plan de desarrollo social que está comprometido y la eventual revisión de los montos de las expropiaciones.

“Nos interesa que el MOP resuelva la ejecución del plan de desarrollo social, porque hay algunas cosas pendientes, y eso es importante que se clarifique, como el cronograma del pago de los bonos respectivos”, planteó Almuna.

Según expresó el jefe comunal, “el embalse Punilla no deja nada para San Fabián, y eso nos preocupa, porque las familias no tienen agua para riego o para desarrollar emprendimientos turísticos”.

“Lo que queremos lograr es que tengamos lo que nos corresponde, porque en este momento estamos recibiendo migajas, no tenemos nada, solo tenemos un proyecto de compensación de $5 mil millones, y eso es solamente en caminos, pero necesitamos tener un nuevo Cesfam, una nueva municipalidad, una carretera que vaya desde Carabineros hasta el embalse, necesitamos desviar el tránsito pesado y que no pase por el pueblo, y que el buen trato sea un protocolo que esté permanentemente vigente en cada uno de los contratistas que es parte del proyecto Punilla, y por eso la idea es conversar con el ministro en conjunto con la Junta de Vigilancia y que esto nos permita ir avanzando”.

“Se requiere diálogo”
En coincidencia con lo expresado por Martín Arrau, respecto de la necesidad de generar un diálogo entre las partes, el diputado Jorge Sabag dijo este sábado que “hay que escuchar a las dos partes, para que las conductas denunciadas, si son efectivas, no ocurran, porque si fuera así sería gravísimo”. En ese sentido, reiteró que “es importante mantener una fuente de diálogo y que eso jamás se pierda”.

El parlamentario, quien envió un oficio hace un mes al MOP solicitando un informe sobre el proceso expropiatorio, explicó que “solicité al MOP que nos informe sobre los montos de las indemnizaciones para ver si efectivamente son suficientes, porque no solamente hay que considerar el valor del terreno, sino que también el hecho que las familias que se van a erradicar no solo van a necesitar una nueva casa, sino que también mantener su fuente de ingresos, considerando que muchas familias crían corderos, y si se trasladan al pueblo a un predio de menor tamaño, no podrán seguir con esa actividad. El valor de la expropiación debe considerar también el lucro cesante y otros factores para que las familias puedan ser erradicadas en buenas condiciones; yo he sostenido que la expropiación debe ser integral y que contemple los perjuicios efectivamente causados, y con esos valores en la mano queremos plantearle al MOP la necesidad de que esas variables sean consideradas”. En ese sentido, adelantó que solicitará que dichos valores sean revisados si solo contemplan el valor del terreno.

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