Contraloría revisará contratos municipales antes que se liciten

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Agencia Uno 2017-08-12

Entidad de control busca aumentar las exigencias de probidad en los municipios

En Chillán concursos públicos de la basura, de cambios de luminarias LED, mantención de áreas verdes y estacionamientos serán analizados previamente

Una serie de contratos clave para el desarrollo de Chillán podrían ser fiscalizados de manera “preventiva” por la Contraloría General de la República, si es que la Municipalidad de Chillán acepta firmar un convenio que fue puesto en conocimiento de la corporación local.

La entidad estatal pretende revisar las bases de licitación de una serie de áreas de negocios relevantes de la municipalidad local, y de otros municipios  de Ñuble, los que muchas veces han sido cuestionados, pero una vez que se han concretado los contratos con privados, lo que hace imposible retrotraerlos.

La Contraloría ofreció ahora  una revisión previa, que permitiría verificar la validez legal de los contratos desde su génesis, con lo que se evitarían en teoría problemas posteriores, pues los acuerdos con privados tendrían el aval de la entidad nacional.

El texto fue derivado a la Municipalidad de Chillán, donde está siendo analizado tanto por las autoridades municipales como por los concejales, quienes igualmente fueron informados.

Dada la relevancia del convenio preventivo que Contraloría expuso al municipio local, se espera que en los próximos días sean desarrolladas reuniones de comisión del Concejo Municipal donde el tema sea debatido justamente con funcionarios de alto rango del municipio.

Según consigna el documento de Contraloría, de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades, las comunas son fiscalizadas por la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica constitucional.

Pero, de acuerdo al artículo 53 de la citada ley, las resoluciones que dictan los municipios se encuentran exentas del trámite de toma de razón, lo que implica que los actos municipales no son objetivos de un control preventivo de su juricidad por ese órgano fiscalizador”, como ocurre con entidades estatales como ministerios, seremías o direcciones de servicios.

Ello impide “que los municipios cuenten con este mecanismo, que permite reforzar la juricidad de sus actos administrativos y el debido cumplimiento de los principios de probidad administrativa eficiencia y eficacia”, plantea la entidad.

La estrategia es parte del plan de la Contraloría General de la República para el período 2017-2020 que define dentro de sus objetivos “apoyar el fortalecimiento de la administración del Estado, incluidas las municipalidades, a través de la implementación de un modelo de colaboración que contribuya a la mejora continua de los servicios públicos”. 

Para materializar la idea Contraloría “suscribirá con los municipios interesados un convenio de colaboración, con el objeto de que esta entidad fiscalizadora proceda a la revisión previa de la juricidad de determinados procesos contractuales de especial significación para la gestión comunal”.

Grandes contratos
Según el acuerdo, la entidad fiscalizadora pretende tener un rol de primera importancia en el desarrollo de grandes contrataciones de obras y servicios, alguna de las cuales han sido particularmente polémicas al menos en Chillán.

En el listado elaborado por la entidad estatal aparece como uno de los temas que deben ser revisados de manera preventiva el relacionado con el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios. Se suma a ese el de manejo de los residuos generados por las ferias libres y barrido de calles.

Se agregan a las materias revisables por Contraloría en forma previa a las licitaciones los grandes contratos municipales, y el servicio de recambio, mantención, rediseño o mejoramiento de las áreas verdes de la comuna, que al igual que en el caso anterior, involucran recursos multimillonarios.

A los anteriores se suman los acuerdos relacionados con la apertura y mantención de las cuentas bancarias corrientes municipales y la contratación de todos los servicios relacionados con el giro bancario.

En este caso se trata de un ámbito que en el pasado fue observado por diversos estamentos, luego de que las municipalidades comenzaran a licitar sus cuentas corrientes, lo cual les generó cuantiosos fondos adicionales.

Otro tipo de contratos que pueden ser analizados jurídicamente por Contraloría es el de la concesión para la construcción de estacionamientos subterráneos, de superficie y explotación de los mismos, licitación también cuestionada a nivel local.

Se integran en el convenio un área sensible dentro de la comunas del país, como son los contratos para la instalación de luminarias de tecnología LED, las cuales han dado innumerables polémicas en el país y en la intercomuna, tanto en Chillán como en Chillán Viejo.

Se agregan los convenios con privados para la provisión, operación y mantenimiento de software y aquellos que estén vinculados al desarrollo de grandes obras públicas.

“Alcalde lo aprobó”
El contralor municipal, Wenceslao Vásquez, expuso que “el convenio fue presentado al concejo y el alcalde lo aprobó, lo que significa que la Contraloría efectivamente analizará los contratos que planifique la Municipalidad de Chillán”.

Vásquez agregó que “las municipalidades son autónomas y la Contraloría revisa a posteriori, pero en este caso se activan los procesos para que haya una revisión previa que permita superar eventuales falencias y presentar observaciones”.

El profesional comentó que un tema básico es que a partir de que se confirme el convenio, “la Contraloría podrá, como sucede en otros servicios, tomar razón” de los procedimientos internos antes de que se concrete el servicio.

Vásquez, ex funcionario regional de Contraloría, advirtió que la entidad revisará los procesos antes de que se concreten los contratos y obviamente después de que se ejecuten las obras o servicios ya no podría realizar observaciones, pues se supone que las bases o contratos tendrán el visto bueno de ella.

Quien igualmente está de acuerdo con la propuesta es el alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, quien recalcó que “esta es una iniciativa que generará transparencia total y validará las contrataciones municipales”.

Hidalgo agregó que con reglas claras desde un comienzo y con procesos validados por ese organismo, se asegura que los recursos municipales, escasos por lo demás, sean bien utilizados y de acuerdo a las normas jurídicas nacionales”.

El jefe comunal precisó  que ya firmó el convenio con la Contraloría, de tal manera que los próximos contratos de alta gama que sean firmados irán desde el comienzo con la garantía de aquella entidad. Según esto, la nueva licitación de la basura en la comuna será analizada previamente con ese organismo superior.

Desde el Concejo Municipal chillanejo Víctor Sepúlveda recalcó que la firma del convenio eliminará cualquier suspicacia que pueda existir en relación a las grandes inversiones que emprenda el gobierno local.

“Estamos de acuerdo en que haya transparencia absoluta en los procesos que desarrolla la Municipalidad de Chillán,  donde en el pasado existieron críticas respecto de algunos procedimientos, como los estacionamientos subterráneos, las luminarias LED u otros”, destacó Sepúlveda.

Camilo Benavente, en tanto, recalcó que “a nadie le puede incomodar que haya un control que valide los procesos internos que desarrolla la Municipalidad de Chillán, que es un ente altamente sensible, pues maneja recursos multimillonarios para áreas verdes, contratación de luminarias, manejo de basura, cuentas corrientes y en general todos los contratos que Contraloría pretende fiscalizar”.

Agregó que espera que el contrato para licitar las áreas verdes sea sometido a la observación crítica de la entidad de control, con la finalidad obvia de reducir las dudas sobre un tema relevante para la ciudad y donde se juega el destino de más de 12.000 millones de pesos.

30 días hábiles
Por la relevancia que tiene el tema, en los próximos días se espera convocar a una reunión de la Comisión Obras, con la finalidad de conocer detalles del convenio y desde cuando será activado.

Según el documento presentado a la municipalidad, esta se obligaría a entregar de manera oportuna e íntegramente al ente contralor las bases administrativas que rigen los procesos de contratación.

Adicionalmente, el organismo  revisará “la juricidad de los documentos respectivos en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la totalidad de la documentación en la respectiva oficina de Partes”.

Contraloría advierte que las municipalidades deberán adaptar sus procesos internos en caso de aceptar el convenio, para ajustarlos a las normativas  exigidas.

Según esto, “en los procesos de contratación de servicios, la municipalidad dejará constancia en las bases, adjudicación, contratos y decretos respectivos aprobatorios que los mismos estarán sujetos a esta revisión de juricidad”.

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