Corte Suprema ratifica orden de arresto de alcalde de Bulnes

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Agencia Uno 10:30 PM 2017-08-10

Por la misma causa fue arrestado la primera autoridad comunal de Copiapó, aunque abogados locales aclaran que “cada caso es diferente”

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que dejaba sin efecto la orden de detención solicitada por el Juzgado de Letras de Bulnes en contra del alcalde de esa comuna, Jorge Hidalgo, a razón de una deuda que alcanza los $883 millones con los profesores del sistema municipal.

Pese a que se ha explicado en innumerables oportunidades que esta deuda se arrastra desde administraciones anteriores, el argumento fue desestimado por los docentes demandantes, en virtud de que el lío de dinero se originó en uno de los periodos anteriores como alcalde de Hidalgo.

Miriam Mora, presidenta de la Asociación de Profesores Municipalizados de Bulnes precisó a LA DISCUSIÓN, que “parece que al señor Hidalgo se le olvidó que la deuda comenzó el año 2004, cuando él era el alcalde. Lo que pasa es que el fallo se dictó durante el periodo de Rodrigo de la Puente y la primera sentencia, en el de Ernesto Sánchez, pero las deudas comenzaron con él”.

La docente aclaró también que ninguno de los alcaldes que sucedieron a Hidalgo “hicieron mucho por saldar la deuda del famoso bono SAE”.

En un comunicado de prensa, el alcalde Hidalgo, quien este miércoles se encontraba en Santiago realizando, precisamente, trámites judiciales respecto al fallo de la Suprema, dijo que la negociación con los profesores seguiría solo “en un clima de confianza mutua, sin presiones ni coacciones”, lo que en otras palabras, significa que toda negociación podría suspenderse si es que los demandantes no deponen la demanda.

“Nosotros nos enteramos por la prensa de esa condicionante”, acusa Miriam Mora, y añade que “fue una sorpresa para nosotros porque la semana nos habíamos reunido con él y nos dijeron que en 10 días más nos iban a comunicar cuándo y en qué cantidad de cuotas se empezaba a pagar el bono”.

Finalmente, la docente descartó tajante que el gremio vaya a deponer la demanda, “menos ahora que se nos condiciona, esto es algo que estamos esperando desde el 2004 y son 140 los profesores que nos hemos visto afectados”.

El fallo de la Corte Suprema es, evidentemente, irrecurrible y -por tanto- la última palabra de la Justicia, por lo que si el abogado del municipio no convence a los profesores a que desistan de la demanda, la orden de arresto se vería indefectiblemente materializada.

La jurisprudencia se fortaleció este miércoles con el arresto, por parte de la PDI, del alcalde de Copiapó, Marcos López, y a causa de la misma razón por la que hoy se persigue a Hidalgo, una deuda por el bono SAE con los profesores municipales, la que alcanzó los $2.400 millones.

La orden, en esta oportunidad, fue dictaminada por el Tribunal de Letras del Trabajo.

Cada caso es distinto
Si es que en la Provincia de Ñuble hay más de un alcalde amenazado judicialmente con sendas órdenes de detención son, en su mayoría, a causa de acaudaladas deudas o líos relacionados por acoso laboral que, sin embargo, se arrastran desde las administraciones anteriores.

La situación era un real factor de estrés para estos jefes comunales y uno de los ejemplos más claros era el caso de Jorge Hidalgo o el de Cobquecura, Julio Fuentes; y el de Osiel Soto, en San Ignacio, cuyos procesos ya estaban siendo ejecutados por los abogados de las partes demandantes.

Sin embargo, cuando el pasado 29 de julio la Corte de Apelaciones de Chillán dejaba sin efecto la orden de detención que pesaba sobre el alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, por parte del Juzgado de Letras de esa comuna, los temores que perseguían a otros jefes comunales aminoraron.

“Pero con esto que pasó en la Corte Suprema, creemos que si nuestro caso llega a esa instancia, la orden de detención en contra del alcalde Julio Fuentes, se concretará”, anticipa el abogado Rodrigo Vargas Montané, quien representa a una exfuncionaria de la Municipalidad de Cobquecura quien, padeciendo de un cáncer mamario, fue objeto de malos tratos laborales durante la administración de Osvaldo Caro como jefe comunal.

El Juzgado de Letras falló a favor de la afectada y ordenó un pago de 10 millones, deuda que le corresponde pagar a la administración. Pero no se ha pagado.

“Tengo documentación, entre ellas un documento del acta número 12 del Concejo Municipal con fecha 22 de marzo de 2017, está en transparencia, es un documento público firmado por el alcalde Fuentes, reconociendo la deuda como suya y se acordó en dicho concejo, que se debía pagar aprobando el presupuesto para ese pago, es decir ellos asumieron la deuda como propia, más allá que éste se genere por un problema ocurrido con el exalcalde Caro”, apunta Vargas.

En consecuencia, la orden de detención en contra de Julio Fuentes ya está en tramitación “y solo falta el fallo del Tribunal de Letras de la comuna de Quirihue”, advirtió el jurista.

Pese a esto, el abogado Ricardo Robles, quien también figura como querellante en una causa que involucra al exalcalde de San Fabián, Cristián Fernández, por supuesto fraude y desvíos de fondos, aclara que “cada caso es distinto, no se trata solo de acusar a la administración vigente de una alcaldía por deudas generadas en administraciones anteriores”.

Robles advierte que las querellas y demandas se hacen generalmente en contra del municipio como personalidad jurídica, y no en contra del alcalde propiamente tal.

“En el caso de Bulnes, lo que tenemos es que los profesores acusan una deuda que se arrastra desde el 2004, año en que el alcalde era el mismo que actualmente ocupa ese cargo, pero la ley actualmente, permite perseguir al alcalde que contrajo la deuda o que cometió la falta”.

Pese a que Julio Fuentes asegura que las demandas por acoso laboral en la época de Caro, son más de 50, aseguró tener toda la disposición de saldar la deuda con la funcionaria afectada.

“Esto no ha ocurrido, y ellos en la municipalidad tienen todos mis datos”, dijo el abogado Vargas.

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