“Estamos en una selva y en tierra de nadie”

Por: La Discusión 12:05 PM 2017-07-30

“Nosotros contratamos de acuerdo a una orden que nos da el Gobierno, pero estamos en una verdader selva, en tierra de nadie, no somos escuchados por el Ejecutivo que sencillamente mira para el lado”. Con esa afirmación, el alcalde de San Carlos, Hugo Gebríe, intenta explicar el “complejo panorama” que podría desencadenarse en contra de las corporaciones edilicias, por contratos laborales que suscriben las municipalidades a través de programas gubernamentales que “muchas veces duran muchos años, con los profesionales o técnicos trabajando a honorarios”. 

Ello, agrega es “tierra fértil” para que quienes se sientan perjudicados al ser despedidos, o al expirar los programas, busquen a través de los tribunales, las respectivas indemnizaciones económicas al haber prestado servicios “con contratos mentirosos, a honorarios, pero en muchas ocasiones con las consiguientes vacaciones, licencias médicas, permisos administrativos, etc. Entonces no es un honorario, es un contrato de trabajo oculto que la justicia está dispuesta a reconocer, con fallos que últimamente están sentando jurisprudencia. En el Gobierno no quieren entender que no es culpa de los municipios, sino que de ellos que son los mandantes con proyectos como los Prodesal, o con programas del Fosis, Sename, Sernam, en fin, son como cuarenta programas que son ejecutados con platas del Estado”, explaya Gebríe. 

Tribunal Constitucional 
 

Por ello, la Asociación de Municipalidades de Chile, envío una carta a la Presidenta Bachelet, manifestando varios puntos que incluso podrían ser expuestos a través de requerimientos en el Tribunal Constitucional.  Esto pues, a la situación de los contratos a honorarios, se suma que los programas están desfinanciados, siendo unidades municipales las que tienen que asumir los costos de la ejecución de éstos, al menos por un lapso de tiempo, aseguran en esa entidad edilicia.

El escrito enviado a la Mandataria, lo alerta: “los municipios tenemos tareas que el Estado Central nos instruye desarrollar a través de convenios y ejecución de diversos programas, los cuales se definen a nivel central, los que no están financiados totalmente y por ende suman labores a las diversas tareas que planificamos para la gestión propia de los municipios y que por cierto debemos ejecutar con la problemática de falta de recursos para cumplir en su totalidad de dichos programas. Por tanto, ante esta grave situación, evaluaremos la presentación de acciones ante el Tribunal Constitucional, o ante los organismos competentes para que se pronuncie sobre esta situación”, dice el documento despachado a La Moneda el 13 de julio pasado. 

“Yo mismo conversé con la Presidenta Bachelet cuando nos invitó cariñosamente a un desayuno a los alcaldes que asumíamos funciones. Me dijo que había que modificar el artículo 101 de la Constitución y que había que ver si había voluntad política de los senadores y diputados para hacer los ajustes legales. Me preguntó que prefería, que se diera trabajo, o que no se diera trabajo. Bueno, den trabajo, pero con las condiciones necesarias para evitar que se produzca una lluvia de demanda contra los municipios”, dice Gebríe, agregando que en los últimos años son 15 las causas laborales que el municipio de la futura capital de la provincia de Punilla ha perdido, en causas en las que los demandantes han sido trabajadores a honorarios de programas gubernamentales, con un perjuicio total a las arcas municipales cercano a los $100 millones. 

“Ahora la cosa reventó. Hay cambios de criterio en las cortes, por lo que se requiere que los legisladores se preocupen del tema, y que el Gobierno busque un proyecto, pero que tenga financiamiento, porque en el último tiempo ha dictado leyes desfinanciadas que no llegan a ninguna parte, por lo que se requieren cambios estructurales”, añade Gebríe, recordando que la Corte Suprema  está validando “ese tipo de trabajo a honorarios como pertenecientes al Código del Trabajo. Generalmente las demandas tienen que ver con los que se están yendo porque no se renuevan los contratos”.

Gebríe reitera el carácter de mandante que tiene el Estado respecto a sus programas: “Estamos en un lío que lamentablemente nuestro mandante, el Gobierno, no quiere resolver. Los municipios quedamos aislados frente a una problemática que no es de nosotros. Es de un convenio que donde los municipios somos mandatarios, sostenedores o simplemente gestores de la orden que nos dan”. 

Factor temporalidad

Para el abogado laboral Sergio Zúñiga, la temporalidad con la que se ejecuten las labores a través de los programas gubernamentales, es escencial para la decisión que adoptará un tribunal a la hora de dirimir sobre una causa de este tipo. 

“No hay que olvidar que la ley dice que los honorarios son para labores transitorias. Por eso la jurisprudencia ha acogido que esa relación sea reconocida como laboral, y no como relación a honorarios. En el caso de los programas, va a depender de la cantidad de tiempo que la persona haya cumplido sus funciones”, dice Zúñiga. 
Deuda educacional 

Gebríe agrega la situación a la que se exponen los alcaldes en el caso de las deudas a docentes de la educación, y que derivó esta semana en órdenes de detención en contra de los ediles de Cobquecura y Bulnes. “La situación financiera se hace más grave aún por los juicios laborales de docentes del sector municipal, a los cuales se les pagó íntegramente sus remuneraciones, incluyendo la bonificación proporcional, en virtud de la ley 19.933, cuyos resquicios legales han posibilitado que profesores ganen demandas millonarias, al ordenar los tribunales de justicia, pagar lo que los municipios, en la práctica, ya cancelaron”, argumentan en la ACHM. 

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