Ministro Campos: “Si no se ponen de acuerdo no habrá nueva cárcel”

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Víctor Orellana 09:45 PM 2017-07-21

El ministro dijo que en Talca se logró licitar la nueva cárcel solo cuando en  Maule se acordó el lugar.

Campos aseguró que el Gobierno tiene los fondos y la voluntad para construirla.

En medio de una inspección -y a la vez inauguración- de la red contra incendios y de circuito cerrado de televisión,  en la cárcel de San Carlos, el ministro de Justicia, Jaime Campos, dejó en claro que el que la cárcel de Chillán salga del centro de la ciudad, no será jamás una realidad “mientras aquí (en Ñuble) no se pongan de acuerdo en dónde la quieren poner, desgraciadamente no van a tener cárcel y no por culpa del Gobierno, sino que por culpa de la región”.

Los fundamentos para tan tajante aseveración, fueron, de seguro, muy fáciles de encontrar si se considera la férrea oposición que se ha levantado en cada comuna donde se ha propuesto el proyecto peniteciario, como en Chillán Viejo, Portezuelo o San Carlos, quejas que ilustradas con coloridas pancartas y llamativos lienzos de PVC marcharon hasta frente a La Moneda.

Lo concreto es que esta es la primera vez que una autoridad ministerial le endosa la responsabilidad en forma directa a “todos los municipios y a la ciudadanía en general”, anticipando la crítica con un “excúsenme la franqueza”.

No asoma descabellado que el ministro Campos espere una reacción local determinante tras esta “devuelta de balón”, si se considera que en la Región del Maule, donde había un conflicto similar con el centro de reclusión penal, el jefe de la cartera de Justicia les dijo que “si no quieren construir la cárcel aquí, entonces no habrá cárcel en Talca. Pero ya se arregló el problema y ya se está licitando y se está construyendo, así que primero pónganse de acuerdo que no es un problema de plata”.

De todas formas, la autoridad no dejó nada para la ambigüedad y advirtió que “desgraciadamente esa será una tarea ya del próximo Gobierno, porque hoy no veo espacio para que dentro de la región se pongan de acuerdo durante este periodo”.

La necesidad de una nueva cárcel, por otro lado, no obedece exclusivamente a un requerimiento vecinal para dejar de colindar con un recinto penal en pleno centro, sino que es urgente para la propia seguridad de reos y funcionarios penitenciarios, conforme a lo manifestado por el director regional de Gendarmería, coronel Christian Alveal.

“Estamos conscientes de que la cárcel es presentada como un problema donde llegue y eso es un tema que tiene que resolver la sociedad en su conjunto, porque hay que entender que la cárcel no es un problema en sí misma. Una cárcel que esté construida con los estándares que exigen los Derechos Humanos, con talleres adecuados para rehabilitar a la gente también debe ser considerada dentro de lo que llamamos seguridad pública”, dijo.

A juicio del uniformado se debe trabajar en cambiar el estereotipo negativo al que el común de las personas asocian este tipo de recintos. “Por ejemplo, la gente ve una comisaría como un beneficio para la seguridad de la sociedad, pero no así a la cárcel, cuando una cárcel lo que busca es resolver de forma concreta los conflictos que nos generan aquellas personas que cometen delito y cómo nosotros contribuimos en su reinserción social”.

Sobrepoblación y seguridad
Pero si el ministro Campos  estuvo en la provincia, primero en San Carlos y luego en Quirihue, fue precisamente debido a los avances en seguridad que requieren los recintos penitenciarios de la zona.

De hecho, solo en lo que respecta a la red húmeda y seca del penal sancarlino, se trata de una inversión de $321 millones (con fondos de Justicia) para 518 metros lineales.

En el penal de Quirihue, también de 1939, la inversión para este mismo ítem alcanzó los $266 millones, con fondos FNDR y que supone 546 metros lineales. 

No es antojadiza la inversión en ambos paneles, sino que obedecen a que ambas infraestructuras son, debido al año de su edificación, de madera, lo que las hace altamente vulnerables a la propagación del fuego.

El perfil de los internos es el de reos con un menor compromiso criminal que el que se puede advertir en la cárcel de Chillán y en ninguno de los dos planteles hay sobrepoblación de reos.

La  cárcel local, en cambio, que ya fue dotada de red seca y húmeda tras el terremoto de 2010 y que ha sido objeto de diversas inversiones para mejoras de equipos y estructuras desde entonces, ya comienza a sentir la sobrepoblación.

Problema que por cierto, no cuenta con una solución visible a corto plazo.

“La población penal es también distinta en lo cualitativo a lo que tiene San Carlos, por ejemplo,  hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, claramente la de Chillán es una población más compleja que la de San Carlos”, advierte el coronel  Alveal, quien añadió que el mejorar esta condición adversa “es un tema pendiente para la  región, el cómo vamos a solucionar el problema de la sobrepoblación, y mientras tanto, con esta realidad, no queda más que agotar todos nuestros recursos para que ante cualquier situación adversa podamos reaccionar de la mejor manera”.

Finalmente, los circuitos cerrados de televisión  fueron instalados en San Carlos con $1,5 millones de subvención municipal y en San Carlos, con $71 millones  de fondos de Gendarmería de Chile.

El proyecto alcanzaría en forma paulatina a todos los recintos de Chile que requieran de este tipo de implementación, de hecho en la Región del Bío Bío se está trabajando en cinco penales más, incluyendo a la cárcel de Yungay.

Esto, a juicio del ministro Campos obedece a que “los estándares de seguridad que debemos entregarle a las personas que están a cargo de la custodia, a los condenados, como también  para el resto de los funcionarios que trabajan en estos recintos, es una condición  esencial y que debemos cumplir.  Si no contamos con esta red de apoyo no estaríamos cumpliendo con nuestras obligaciones legales”.

Notarías y jueces
Otros avances que fueron destacados  durante la visita del  ministro apuntan a la ley que promulgó el nombramiento de más de 100 jueces para el país, de los que tres serán destinados a  Ñuble.

Uno de ellos integrará el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, otro en el Juzgado de Letras de Yungay,  y el tercero en el Juzgado de Garantía de San Carlos.

Este último tribunal es de especial preocupación, puesto que tras la acogida a retiro del juez titular, Julio Capilla, no ha llegado ningún otro magistrado ni siquiera para asumir un interinato de forma constante, razón por la que las causas han sido arbitradas por jueces de otras jurisdicciones de Ñuble.

“Eso lo resuelve el Poder Judicial, son ellos los que tienen que llamar a concurso, conformar  las ternas y una vez que ellos  las conformen me las envían al ministerio y las resuelvo esa misma semana”, aclaró Campos.

En cuanto a las notarías anunciadas para Chillán Viejo, Coihueco, Pinto y Quillón, casos en que incluso se ha esperado por más de tres años para su implementación,  el ministro simplemente se limitó a decir que “en los próximos días van a tener noticias al respecto”.

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