Por segunda vez en el año liberan a traficantes por resquicio legal

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:10 PM 2017-07-14

A futuro se espera así que este tipo de resquicios no puedan ser usados de nuevo  por parte de la Defensoría Penal Pública, pese a que habría más casos.

5 y 4 años arriesgaban los traficantes detenidos en marzo. Fueron absueltos.

Basta con revisar el ejemplo del fallo de la Corte Suprema en el caso de Nabila Riffo y la baja de condena del agresor que le sacó los ojos, para advertir por enésima vez que las resoluciones judiciales están más emparentadas a una lógica matemática y ordinal que a una ética social.

Las leyes se arman con decretos claros, específicos y no muy deliberables, por lo que si un punto de la rígida secuencia de un procedimiento no se cumple, toda prueba por gruesa que sea, no será considerada en un juicio.

Y es exactamente eso lo que, por segunda vez en el año, ocurrió en el Juzgado de Garantía de Chillán, que por no certificar mediante un escrito una autorización otorgada solo en forma verbal a la Fiscalía, todas las drogas incautadas en un allanamiento quedaron excluidas como medio de prueba para condenar a los imputados.

Se perdió así todo el trabajo hecho por el Ministerio Público y la PDI.

El primero fue un juicio celebrado en enero en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP), plataforma que si bien condenó a los acusados, la Corte de Apelaciones los absolvió posteriormente porque la defensa impugnó la falta de ese documento por parte del Juzgado de Garantía.

El segundo un caso enjuiciado en mayo, que no llegó a la Suprema porque el TOP se acogió a lo ocurrido con anterioridad y anuló la prueba.

Si bien la Fiscalía recurrió de nulidad a la Corte de Apelaciones, el Tribunal de Alzada la rechazó el pasado miércoles 13 de julio.

Desde la Fiscalía Regional declararon que ya se realizaron “las coordinaciones pertinentes con el Poder Judicial, para que este adopte las medidas necesarias que lleven a superar esta situación, que pudiere cuestionar la labor de los jueces”.

Mientras que otros actores del derecho penal local, como el abogado Rodrigo Vera Lama advierte que “si esto no se supera en el futuro seguirá habiendo cada vez más absoluciones para narcotraficantes que sean detenidos en allanamientos”.

Finalmente, desde el mismo Juzgado de Garantía aclararon que en adelante los fiscales son los encargados de enviar un certificado de allanamiento a primera hora cada vez que estos sean realizados de madrugada, para que así los jueces realicen por escrito una resolución que acredite su autorización. 

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