[Editorial] Viñateros defraudados

Por: 09:00 AM 2017-07-07

En diciembre de 2015, organizaciones de productores de uva de las regiones del Bío Bío, Maule, O’Higgins y Metropolitana, agrupados en la Coalición Nacional de Viñateros, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigara el supuesto abuso de posición dominante de los tres grandes compradores de uva vinífera que concentran el 80% del mercado: las viñas Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro.

No era la primera vez que una denuncia sobre la vulneración de la libre competencia en este mercado llegaba hasta las oficinas de la FNE, sin embargo, las investigaciones realizadas siempre han descartado cualquier conducta reñida con la legislación, lo que resulta difícil de creer para aquellos que conocen la realidad del sector, caracterizada por conductas abusivas de parte de las grandes viñas, que llegan al Valle del Itata a comprar uva directa o indirectamente pagando precios miserables, que ni siquiera alcanzan a cubrir los costos de producción.

La última investigación de la FNE, cuyos resultados se entregaron en junio, determinó que “no es posible concluir la existencia de una conducta de abuso de posición dominante por abuso de poder de compra, en consideración a que no se ha observado una posición dominante de parte de alguno de los agentes compradores de uva vinífera”.

Lógicamente, la decisión de la FNE trajo decepción entre los pequeños productores, que por sí solos no tienen ninguna capacidad de negociar los precios de la uva frente a los grandes, y por lo tanto, deben aceptar las condiciones impuestas en un mercado altamente concentrado, verticalmente integrado, donde no existe transparencia en la información, hay barreras de entrada y en el cual se observan evidentes abusos.

En ese sentido, llama la atención que la FNE no investigara las causas de los bajos precios, que las grandes viñas atribuyen a sobrestocks, que no se condicen en nada con el aumento de la demanda de vinos, con el incremento en las exportaciones y con las groseras utilidades de éstas. 

Llama la atención que mientras el Estado destina recursos para fortalecer la vitivinicultura y la agricultura familiar campesina a través de agencias como el Indap, Corfo y ProChile, otra entidad del Estado contribuya a perpetuar las inequidades en un mercado que no es libre, no es transparente y donde no hay una verdadera competencia. En ese sentido, cabe preguntarse si tiene algún sentido promover la agregación de valor a través de la vinificación, si en el mercado del vino se reproducen las mismas imperfecciones y abusos. Pareciera ser que la única solución para los pequeños viñateros en arrancar las centenarias parras y plantar pinos, como ya lo han hecho miles de familias en el Valle del Itata, arrancando con ello también el valor patrimonial de esta actividad.

Lo más lamentable, desde el punto de vista institucional, es que no queda claro si la FNE está velando realmente por la libre competencia o si su actuar fue objeto de presiones por parte de mezquinos intereses empresariales y políticos.

 

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