Despenalización del aborto

Por: Mario Arzola Acuña 2016-04-06
Mario Arzola Acuña

Constructor Civil

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.

En el debate en torno al proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo o legaliza el aborto en los casos que el mismo contempla, se observa un grado de liviandad al no ponderar algunos elementos de juicio de suma importancia para resolver acerca de la iniciativa.

La Constitución Política de la República en su artículo 19, numeral 1, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y señala que la ley protege al que está por nacer; para la Carta Fundamental el que está por nacer es persona y por lo tanto goza de derechos fundamentales para todo el ordenamiento jurídico.

A su vez el Tribunal Constitucional de nuestro país ha señalado: “…al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre, (….), es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto sujeto de derecho”.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado internacional que vino a reforzar la preocupación y protección por los Derechos Humanos de todos los niños, sin distinción y vigente en nuestro país hace 25 años, establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”; señala también que ”Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) el nacimiento…”. En ese contexto indica también que “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.

Consecuentemente   los niños que están por nacer, al igual que aquellos que nacen,  también tienen derechos humanos reconocidos internacionalmente y plenamente vigentes en nuestro país. Por tanto cualquier iniciativa legal que vaya en sentido contrario a la protección que debe otorgar el Estado al derecho a la vida y al reconocimiento que todo ser humano tiene como persona jurídica, debería ser considerada inconstitucional; además, cuando ello afecte a niños que están por nacer, significaría una flagrante vulneración de normas internacionales a las que el Estado de Chile se comprometió respetar.

Entonces no se trata  de darle  a la discusión una connotación simplista y sostener que  este proyecto apunta a apoyar las decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas, porque el fondo del asunto es mucho más que eso; por lo demás y tal como se ha señalado, desde la concepción el ser no nacido constituye un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre, es decir sujeto de sus propios derechos, debiendo considerarse además que el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho del otro. Tampoco se trata de una cuestión que radique exclusivamente en una religión o en una creencia religiosa. 

En definitiva se trata de un asunto que tiene directa relación con el reconocimiento y el respeto del derecho intrínseco a la vida, particularmente en este caso de un ser tan indefenso como lo es quien está por nacer.

Sin embargo, la Cámara de Diputados dio su aprobación al proyecto de espaldas a los principios que el Estado ha enarbolado jurídicamente en defensa de la vida, y paradojalmente lo ha hecho pocos días antes de celebrarse en nuestro país el día del que está por nacer y de la adopción, instituido por ley de la República. Es de esperar que en  la última etapa de tramitación del proyecto en el Senado, la discusión se centre en su justa y verdadera dimensión de manera que quienes tienen la responsabilidad de adoptar la decisión, lo hagan de manera que mejor resguarde la dignidad de las personas y el derecho  a la vida.  

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