Aprueban modificación que individualiza sanciones por filtraciones

Por: Isabel Charlin Fotografía: Senado 09:20 PM 2016-04-05

Tras reabrirse este lunes el debate sobre la norma que sanciona las filtraciones de las investigaciones en proceso, la cual forma parte de la agenda corta antidelincuencia, la sala del Senado aprobó la modificación presentada por la Comisión de Constitución en orden a identificar quiénes están obligados a guardar secreto y son sujetos de penas de cárcel que van de los 61 a los 541 días.

Esto, luego que se generara debate público en torno al establecimiento de eventuales restricciones a los medios de comunicación.

De acuerdo a lo expuesto este lunes por el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, y que fue acordado tras un extenso debate entre los parlamentarios de la instancia; el fiscal nacional, Jorge Abbott y la ministra de la Justicia, Javiera Blanco, están obligados a guardar el secreto de la investigación los funcionarios públicos que participan en ella; las personas que acceden a la investigación por orden de un tribunal y los intervinientes en el proceso penal.

La medida fue aprobada por 29 votos a favor. Se abstuvieron los senadores Lily Pérez, Alejandro Guillier y Antonio Horvarth.

Defienden la medida
Individualizado como uno de los impulsores de la medida, el senador del PPD Felipe Harboe precisó que el texto “nunca incluyó a los periodistas. El gremio reclamó por algo que está en la ley desde 2002, y que no hemos modificado. En todo caso, para evitar cualquier problema de interpretación o duda, se incorporó en el tipo penal actualmente vigente, además de los funcionarios públicos (fiscales, policías), a los peritos y las personas que acceden a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el tribunal”. 

Y agregó: “Nunca ampliamos la hipótesis de sanción. Lo que ocurre es que en causas complejas, como narcotráfico u otras, muchas veces un testigo, perito, o incluso la víctima, filtran información secreta, frustrándose las diligencias. Ese es el espíritu de la ley”.

Respecto de la doble lectura que puede hacer la ciudadanía, sobre todo en el actual contexto político, en el que gracias a las filtraciones se han conocido detalles del financiamiento de la política, Harboe fue enfático. 

“Eso es un delito. ¿Por qué el resto tiene que conocer una carpeta investigativa que es reservada, si se está recién investigando? Distinto es cuando se formaliza. Si bien se puede malinterpretar, no podemos legislar sobre la base de la desconfianza”, aseveró.

En tanto, el senador UDI Víctor Pérez coincidió con Harboe en que las sanciones penales nunca incluyeron a la prensa.

“Un periodista no está obligado a guardar secreto de nada, por lo tanto, no transgrede nada si publica y da a conocer. Quien transgrede es el fiscal, carabineros, el perito, o quien interviene en la carpeta investigativa. Jamás se ha incluido a la prensa”, sostuvo el legislador, quien justificó el secreto de la carpeta en el resguardo de los derechos de quien está siendo investigado.

“Una vez que una persona es formalizada, el juicio es absolutamente público”, recalcó.

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