Gremios advierten fin a la perpetuidad de los derechos de agua

Por: Roberto Fernández 2017-06-18

Luego que la semana pasada la comisión de Recursos Hídricos del Senado aprobara un controvertido artículo del proyecto de reforma al Código de Aguas, que establece que todos los nuevos derechos de aprovechamiento tendrán caducidad a los 30 años, el mundo agrícola ha intensificado sus críticas a lo que consideran un “debate ideologizado”, que se traduce en disposiciones de carácter “expropiatorio e inconstitucional”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, fue enfático al plantear que esta reforma contempla artículos que “atentan contra el patrimonio más significativo del agricultor (…) Pretender modificar la naturaleza jurídica de los derechos de agua, cambiándolos de perpetuos a simples derechos de uso y goce temporal, tiene vicios de inconstitucionalidad. Aprobar una reforma de esa índole significaría comprometer seriamente los derechos de propiedad de los agricultores que la Constitución garantiza”, explicó.

El timonel de la SNA destacó las coincidencias con el Gobierno en priorizar el uso del agua para bebida, los temas de saneamiento y medio ambiente, así como también fortalecer el agua potable rural y las organizaciones de usuarios de agua, cobrar patentes por no uso y establecer caudales ecológicos. Por ello, Ariztía instó al Gobierno a aunar posiciones. “Convirtamos este proyecto en una oportunidad para dar una solución real a la administración del agua y mejorar la institucionalidad en materia hídrica. La SNA tiene la mayor disposición para avanzar en esa línea. No pongamos en riesgo la inversión, las confianzas que tan necesarias son en este momento”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Fedefruta, Luis Schmidt, declaró que “considero lamentable la aprobación dada por la comisión de Recursos Hídricos, ya que creemos que no pueden coexistir para los mismos derechos de aprovechamiento de agua, unos de primera clase y otros de segunda. Este concepto podría ser incluso inconstitucional, al poseer características de discriminación”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, comentó que “esto implicará la necesidad de dos normativas, dos formas de control y lo más grave: la posibilidad de perder la primera categoría con un derecho permanente, y al apelar obtener un derecho con caducidad”. En términos legales, el abogado Sebastián Leiva, socio de Araya & Cía., indicó que la aprobación de este artículo “no afectará a quienes posean derechos de aprovechamiento de agua con anterioridad a la Reforma. Éstos no van a mutar, mantienen su característica de continuidad. Sin embargo, los derechos que se obtengan luego de aprobada la ley, serán temporales”.

A pesar de esto, Leiva identifica “una trampa” en el proyecto de ley, puesto que “por primera vez se establece la posibilidad de caducar los derechos de agua por una decisión arbitraria tomada por parte de la autoridad administrativa”, que en este caso será la Dirección General de Aguas (DGA). Leiva explicó que de aprobarse el proyecto de ley tal como está, “la autoridad podrá -arbitraria y antojadizamente- investigar , resolver y extinguir derechos de agua a agricultores, lo que los llevaría a pedir nuevamente estos derechos, pero ahora bajo la nueva normativa, es decir, con la característica de ser temporales”, con una limitación de 30 años. 

Consecuencias negativas
De igual forma, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, afirmó que “el primer problema de esta votación es que los nuevos derechos van a afectar a miles de pequeños y medianos agricultores, ya que por tener caducidad no será posible hipotecar los derechos o gravarlos, por lo que no podrán ser garantías ante bancos”.

Otro de los puntos conflictivos de este artículo es que no considera los tiempos agrícolas. “Un ejemplo es que la Comisión Nacional de Riego exige 10 años mínimos de funcionamiento de un proyecto. Si cuentas la plantación, para que entre en producción y la implementación de los equipos, pueden no dar los plazos para poder pedir un subsidio de riego por caducidad del derecho”, explicó el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez.

Un temor importante, según los regantes, es que la caducidad y extinción de los derechos le entregará a la Dirección General de Aguas (DGA) “facultades expropiativas que afectarán las certezas de contar con el agua, ya que quedará al arbitrio de la autoridad y gobierno de turno, politizando la entrega y la expropiación de los derechos”.

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