¿Qué discutirá la comisión de Hacienda de la Cámara?

Por: Isabel Charlin 07:50 PM 2017-06-17

Monto para instalar la nueva unidad administrativa asciende a los $19 mil millones

Artículos que debe visar la instancia dicen relación con la creación de la región; generación de puestos de planta y reasignaciones internas del Presupuesto, entre otros tópicos

Todos los esfuerzos del Ejecutivo apuntan a que en la sesión fijada para el martes 20 de junio, a las 18 horas, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se apruebe y despache el proyecto que crea la Región de Ñuble.

Por lo menos ésa es la intención de su presidente, José Miguel Ortiz, quien se lo manifestó a su par, Jorge Sabag, quien también está preparando el camino en la sala.

“Como miembro de la mesa, he conversado con el presidente, Fidel Espinoza, para colocar el proyecto en tabla durante la primera semana de julio”, dijo.

Los artículos que deben ser visados (1º, 2º, 3º, 4º, 15 y 17, permanentes; y 1º, 3º, 4º, 5º, 9º, 10º y 13º transitorios), dicen relación con la creación de la región y sus tres provincias; la creación de cargos de planta para los servicios de Gobierno Regional, Gobierno Interior y Ministerio Público; las reasignaciones internas de los ministerios para solventar el mayor gasto durante el primer año de puesta en marcha de la ley; transferencia de bienes inmuebles desde Bío Bío a Ñuble; distribución del FNDR durante el primer año presupuestario; modificaciones de plantas; y primer pago a los funcionarios del GORE Ñuble.

El pasado 20 de diciembre, la Comisión de Hacienda del Senado, donde el proyecto de ley que crea la Región de Ñuble ingresó a fines de septiembre, aprobó por cuatro votos (senadores Andrés Zaldívar, Baldo Prokurica, Felipe Harboe y Víctor Pérez) contra uno (del senador socialista Carlos Montes), la iniciativa.

En las sesiones previas del 5 y 11 de octubre de 2016 -además de las cuatro jornadas vividas en la Comisión de Gobierno Interior del Senado-, personeros de la Subdere y la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda explicaron acabadamente el presupuesto contemplado para la instalación de la región (que alcanza los $19 mil millones), monto que es superior al aprobado para Arica y Los Ríos en 2006.

El presupuesto que se le asigna a Ñuble recoge varias deficiencias detectadas hace 11 años, como la consideración de los sueldos para contratas y honorarios de los distintos servicios públicos, lo que no ocurrió en Los Ríos y Arica.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, enfatizó durante su exposición ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado, el pasado 9 de agosto, que la propuesta presupuestaria se construyó sobre la base de un modelo que se va aplicando temporalmente, de modo que habrá servicios que se instalen un año después que lo haga la región, por lo que en un plazo de cuatro o cinco años, recién se puede tener el régimen del gasto de la nueva región.

Lo que se ha planteado, dijo, “obedece a lo mínimo e indispensable para la instalación, y es por eso que están enumeradas las cantidades de personal que resultan fundamentales, de modo que se considera la instalación inicial de los cargos vía DFL, y después el Presidente de la República tiene hasta un año para implementar las seremis”.

Agregó que el informe financiero de la Dipres lo que garantiza es que al menos en el año en que se necesiten, se va a contar con 55 profesionales, y luego hay un modelo de cómo se van a ir instalando cada una de las seremis, asegurándose con los cargos señalados la instalación de las jefaturas de cada uno de esos servicios. Agregó que instalada la jefatura, vuelve a existir un período de instalación del equipo completo, con otra estimación de gastos.

Quien también abordó el tema durante la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, fue el jefe de Sector Interior de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cuadra.

La repartición elaboró y presentó un cuadro resumen del informe financiero, entendiendo que este último es una estimación de los gastos que demandaría la aprobación del proyecto de ley. En él se mencionan en forma separada los gastos del Gobierno Regional ($2.579.095.000), el Servicio de Gobierno Interior ($1.061.398.000) y el Ministerio Público ($1.711.842.000). La partida del Poder Judicial -la cual sufrió reparos por parte de la Corte Suprema-, no representa un aumento considerable respecto del informe previo de la Dipres, ya que el aumento de grado de algunos funcionarios ascendería solo a $116 millones, monto que se ve cada año en la correspondiente partida de la Ley de Presupuesto.

Se consideraron en el informe, además, los otros Servicios Públicos con mención de los cargos de planta que se crearían, y se contabilizó también al personal a contrata. Deberán dotarse 55 cargos directivos, además de personal adicional, costo que asciende a $9.094.101.000, según el informe de la Dipres, el cual consideró la experiencia de otras regiones.

Veinticuatro de estos servicios públicos no existen actualmente en la Provincia de Ñuble y deberán implementarse a nivel regional y en las tres provincias; 26 existen solo en Chillán y deberán implementarse a nivel regional y en las tres provincias; cuatro existen actualmente en Chillán y en una cabecera provincial; uno existe actualmente en Chillán y en dos cabeceras provinciales, y dos existen en Chillán y en las tres cabeceras provinciales.

A esto se suman $2.065.841.000 repartidos en los anteriores servicios, para los ítemes “inversión” y “gastos operacionales por primera vez”.

Infraestructura
En cuanto a los gastos por una sola vez y a las inversiones necesarias para la instalación de la región ($2.065.841.000), Cuadra aseveró que se ha hecho una estimación de los gastos asociados al equipamiento del personal que va a trabajar en estas instituciones en Ñuble, pero no se consideran recursos para invertir en nueva infraestructura.

Precisó que se consideran los gastos ciertos, aunque efectivamente, podría haber necesidad de inversión que no está considerada en el informe, como los requerimientos de infraestructura, que podrían ser cubiertos por el Ministerio de Bienes Nacionales o las municipalidades, en la medida que existan inmuebles disponibles.

Las autoridades de la Subdere y la Dipres dejaron en claro que en el plazo de instalación (un año, luego de la promulgación de la ley) irán surgiendo necesidades en relación a los servicios existentes, de tal manera que deberán buscarse otras formas de financiamiento.

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