[Editorial] Comercio ambulante

Por: Fotografía: Fernando Villa 11:00 AM 2017-06-14

La gran crítica que se hace a las acciones de control y fiscalización para detener el crecimiento del comercio ambulante, clandestino e ilegal en Chillán, es que se efectúan esporádicamente y detrás de ellas no hay una política clara, capaz de abordar el problema en su integralidad. 

Incluso, los mismos comerciantes ambulantes admiten que se relaja en esta época del año, cuando la estacionalidad eleva las cifras de desempleo. Una suerte de norma no escrita del trabajo fiscalizador de inspectores y carabineros de tolerar, al menos en invierno, a aquellos que ejercen su negocio en la vía pública sin tener permiso o la autorización correspondiente. 

Mirándolo desde el punto de vista estrictamente humano y social parece razonable, ya que los comerciantes ambulantes tienen familias, requieren trabajar e incluso aquellos que están en la ilegalidad puede que lo necesiten aún más, sin embargo, no es posible aceptar una razón de carencia económica para violar la legislación, validar la informalidad y no hacerse cargo de ella. 

Partiendo de la premisa que las municipalidades son las instituciones más indicadas al momento de resolver problemas locales, en efecto, el comercio ambulante aparece como un tema de ciudad que adolece de una política coordinada y coherente, ya que se permite un cierto tipo de comercio en la vía pública que cuenta con autorización y otro que no. Para el ciudadano común y corriente la señal es completamente contradictoria: ¿Cuál es la política en Chillán frente al comercio callejero? ¿Es permitido o sancionado? 

El fenómeno ha avanzado de tal manera que ya no es posible seguir ignorándolo, ni tampoco enfrentarlo de manera irreflexiva, con aproximaciones binarias hacia el tema, como ha ocurrido hasta ahora: o permisividad total, por el problema social que hay detrás o erradicación vía persecución policial, lo que lejos de ser una solución agrava el síntoma, generando de paso rabia en la opinión pública.

Una cosa es clara, la problemática social y de empleo, no puede resolverse saltándose la legalidad o con soluciones de parche, que posteriormente se transforman en definitivas, porque no se atacó el problema de fondo. 

Aunque con un evidente rezago, nunca es tarde para replantearse ciertos problemas y comenzar a tratarlos desde una óptica que le haga justicia a su complejidad. Por lo mismo, ¿no sería mejor revisar el valor de los permisos municipales y patentes? A lo mejor es muy alto, y una verdadera barrera de entrada para muchos comerciantes que quisieran formalizar sus negocios. 

Éste y otros puntos que vayan a la raíz del problema deberían discutirse ahora que no hay urgencias electorales en el gobierno local y así definir una nueva política de uso del espacio público, coherente en el tiempo, eficaz y sobre todo coordinada. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de los efectos negativos del comercio ambulante en el desplazamiento y seguridad de los chillanejos, así como de su inaceptable actuación al margen de la ley.

 

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