¿Otro caso de colusión?

Por: Fotografía: Fernando Villa 08:35 AM 2017-06-08

La palabra colusión es fuerte. Lo saben muy bien las cadenas de farmacias, las dos avícolas más grandes del país, la CMPC e incluso los ginecólogos de Chillán, que fueron condenados hace dos años por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por coludirse para fijar precios mínimos de prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos en el sistema privado de salud. 

La colusión es una práctica más habitual de lo que parece y la actualidad nos lo sigue confirmando. De hecho, quienes ahora están en la mira de la autoridad son los estacionamientos privados, que en la Región alzaron sus tarifas de manera coincidente entre un 30% y 40%, coincidiendo con la entrada en vigencia de la nueva ley que regula esta actividad. 

La presentación fue realizada por el senador Felipe Harboe, quien se reunió días atrás con el titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, para solicitar una investigación, con el fin de detectar conductas colusorias que expliquen el brusco aumento de los precios en una misma semana. 

Como se recordará, a partir del 15 de febrero comenzó a regir una nueva ley de estacionamientos, en la cual se introdujeron cambios en la regulación de este tipo de servicios, en el sistema de cobro y asegurando derechos a los usuarios. La nueva ley establece dos modalidades de tarificación: cobro por minuto efectivo de uso; y cobro por tramo de tiempo vencido, con un periodo de media hora y tramos siguientes de 10 minutos cada uno. Sin embargo, a pocos días de su entrada en vigencia, se registraron alzas en distintas ciudades del país, generando la natural molestia de los usuarios. En Chillán, se constató un incremento que va de 17% a 59% en los valores. 

De acuerdo a la legislación vigente, el proceso de análisis de esta denuncia queda en manos de la FNE, siendo solo posible apelar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si la operación es rechazada. También existe la posibilidad que los usuarios interpongan demandas colectivas para reclamar indemnizaciones de perjuicios, de comprobarse que se trata de una infracción a la libre competencia, además, de multas equivalentes al doble del beneficio económico obtenido o hasta el 30% de las ventas del período que haya durado la infracción. 

Además, en este caso se ha solicitado a la Fiscalía que haga uso de las facultades que se le entregaron en la Ley de Libre Competencia y proponga un cambio normativo al Gobierno, a fin de garantizar que se evite este tipo de abusos por parte de las empresas y, por otra parte, se oficie al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que establezca recomendaciones de precios y ponga límites al cobro discrecional de estos espacios por parte de sus dueños.

Es esperable que esta denuncia sea objeto de una exhaustiva investigación y de ser efectiva, también de rigurosas sanciones, pues una cosa es clara: el homo economicus responde a incentivos y mientras no se castigue significativamente el costo de incurrir en delitos atentatorios contra la competencia y transparencia de los mercados, seguiremos siendo testigos de casos donde los únicos perjudicados son siempre los consumidores.

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