Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación por fraude en Ch.Viejo

Por: Felipe Ahumada 09:10 PM 2018-10-11

El fiscal Álvaro Serrano, titular de la causa por la que se investiga la pérdida contable de $80 millones desde la Municipalidad de Chillán Viejo en el año 2012, estaba en un juicio oral el día de este miércoles. Por tal razón no asistió a la audiencia de formalización -la tercera- que se hace en el Juzgado de Garantía, en contra de nueve funcionarios municipales de Chillán Viejo y una civil, todos acusados por fraude al Fisco.

“La verdad, pude incluso haber optado por no haber hecho esta reformalización, pero por una cosa de transparencia, para evitar posteriores quejas y objeciones de los abogados defensores, decidimos hacerla”, dijo el persecutor y ex jefe de la Fiscalía de Yumbel.

Quien lo reemplazó fue la asistente, fiscal Maricarmen Farías.

Por tanto, la razón para materializar este trámite judicial era el de “precisar algunas cifras, definir algunos artículos a invocar y establecer, en algunos casos, una relación de hechos de manera precisa y más clara”, agregó Serrano.

Por tanto, se convocó a siete de los diez imputados. A esos siete por los que el Ministerio Público necesitaba realizar precisiones.

Y entre ellos no estaba ni el alcalde Felipe Aylwin ni la funcionaria Lya González, la supuesta “funcionaria fantasma”, que habría sido contratada irregularmente por el alcalde.

Tal vinculación, peresuntamente ilegal, es el único delito que se le imputará, entonces, a Aylwin.

De todas formas, esas precisiones de datos, cifras y fechas, significaron una audiencia de 3 horas y 15 minutos, en la sala 3 del Juzgado de Garantía.

La molestia de los abogados e imputados, como era de suponer, fue manifiesta.

“Se entiende que la Fiscalía quiso hacer algunas precisiones, y dejar resueltos algunos alcances judiciales de la formalización. Pero la verdad, me pareció que fue un trámite inoficioso”, comentó el abogado Sergio Zúñiga, quien defiende a la jefa de Control del municipio, María Gabriela Garrido Blu.

Ricardo Robles, defensor del exadministrador municipal, Ulises Aedo, fue más allá y dijo que “ni para mí, ni para mi representado, y me atrevería a decir que casi a ninguno del resto de los imputados, esta reformalización fue del todo útil”.

Según el exdefensor penal público de Chillán, “todo fue más de lo mismo. La verdad ya no estoy ni siquiera en condiciones de saber a qué apunta la Fiscalía con estas acciones. No ha habido poder de síntesis, todo lo que se ha hecho por parte de la Fiscalía se pudo hacer en un tiempo tremendamente más acotado”.

Un delito de baja entidad
El supuesto fraude, que a juicio de los defensores, se debe más a un desorden contable y administrativo, que a un concierto doloso de los funcionarios, se originó en 2012, en el contexto de las campañas municipales, en las que el alcalde Felipe Aylwin se postulaba para su segundo periodo como titular del municipio.

Ese contexto es el que ha generado las sospechas de sus detractores, quienes relacionan la pérdida de los $80 millones (se dice que fue incluso más) era en beneficio de su campaña electoral.

Pese a esto Aylwin figura solo como imputado por un delito -la supuesta contratación de Lya González, como funcionaria fantasma- lo que en el papel, no le traería consecuencias penales graves, por la baja penalidad de este delito.

En otras palabras, si la Fiscalía no demuestra que Lya González fue parte de un contrato simulado, solo para contar con un salario municipal en beneficios de la campaña, ambos, Aylwin y González, serían absueltos de todo cargo.

Parte de las diligencias encargadas a la PDI por el fiscal Serrano, fue tomar fotografías y mediciones planimétricas al municipio.
Crítico a lo anterior, asoma el abogado Rodrigo Vera Lama, defensor de Silvana Ríos (la única particular de la lista de imputados).

“No es posible que hoy, que estamos en el 2018, se mande a la PDI a sacar más de 130 fotos, a las escaleras, oficina y al escritorio en donde supuestamente trabajaba Lya González en 2012. Es decir seis años antes, y pretender que eso pueda ser prueba válida de algún planteamiento jurídico. Por el contrario, eso es mal utilizar el tiempo de la PDI y es, a mi modo de ver, no tener absolutamente nada para presentar ante el tribunal”.

Piden dimisión de abogado

Otra de las polémicas en torno a este caso, que se arrastra por casi seis años de investigación, es la presencia del abogado Paulo de la Fuente como representante del alcalde Aywlin.

Secretario ejecutivo del Consejo Regional de Ñuble,  y por ley orgánica, De la Fuente es ministro de fe, por tanto, funcionario público y además integrante del Consejo de Defensa del Estado de Chillán Viejo, organismo que actúa como persecutor.

“Creemos que eso es razón suficiente para que se inhabilite. Pienso que sí lo va a hacer, además al alcalde también lo defiende en esta causa el abogado Julio Díaz de Arcaya”, apuntó Sergio Zúñiga.

Acusación en 10 días más
Finalizada la última audiencia de reformalización y conforme a lo establecido en agosto de 2018, por la jueza Claudia Madsen, a partir de ayer, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar la acusación, toda que vez que la investigación se declarará cerrada esta semana.

Así, el 25 de octubre, en las manos del Tribunal de Garantía, deberá estar las listas de testigos, evidencias y la solicitud de penas que la Fiscalía pedirá por cada uno de los 10 imputados, antes que se fije audiencia para el inminente juicio oral por fraude al Fisco.

Notifican a Aylwin de requerimiento al TER

El martes pasado fue notificado el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin (PS), del requerimiento que interpusieron el pasado 2 de octubre en su contra ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble, los concejales de la comuna Susana Martínez (RN), Alejandra Martínez (PS), Jorge del Pozo (PR), Patricio San Martín (PR) y Pablo Pérez (PPD).

La acción administrativa tiene como objeto lograr la destitución del jefe comunal, aduciendo “contravenciones graves a las normas de probidad administrativa y notable abandono de deberes por infracción a la letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

La decisión de recurrir a la instancia electoral fue adoptada por el Concejo Municipal el pasado 22 de mayo, en sesión extraordinaria. El escrito presentado se basa en innumerables observaciones de Contraloría General de la República, las cuales hacen presente a los ediles sobre hechos que deben ser conocidos y resueltos por el TER, lo que a juicio del equipo jurídico que asesora a los concejales, “es una consecuencia clara de que la Contraloría no tiene facultades para remover a un alcalde, y al ver que hay reiterado incumplimiento y faltas graves a la administración municipal, le indica a los concejales que recurran al TER”.

El requerimiento recoge algunas de las situaciones más graves que se han visto en el último tiempo en el municipio de Chillán Viejo, como el hecho que al concejo no se le ha permitido ejercer su función, lo que se traduce en que los ediles no han dado su anuencia a una serie de actos administrativos -algunos de los cuales comprometen cuantiosas cifras-, teniendo que hacerlo.

También se espera la revisión de muchas “ayudas sociales” que se dieron durante época electoral, específicamente en el año 2012, cuando se entregaron más de $5 millones en beneficios sociales a la comunidad, que no fueron debidamente justificados. Lo que agrava esta situación, es que fue justo durante las elecciones municipales de ese año, en las que fue reelegido el alcalde Aylwin.

Entre los hechos más recientes contenidos en el requerimiento, está el ocultamiento de información por parte  de la administración de Aylwin a los concejales, como por ejemplo, de una resolución de Contraloría Regional del Bío Bío que llegó  el 15 de febrero pasado, y que no fue conocida sino hasta el 8 de mayo, la cual conminaba a los ediles a solicitar la destitución del alcalde de Chillán Viejo.

Luego de la notificación al alcalde Aylwin, y la publicación de un extracto en la prensa, la autoridad tiene un plazo de 10 días hábiles para efectuar sus descargos, por medio de un abogado que tendrá que contratar de manera particular.

 

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