Requerimiento para destituir a Aylwin ingresará esta semana al TER

Por: Isabel Charlin 12:30 PM 2018-09-09

Durante esta semana se espera que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble comience sus funciones y reciba lo que podría ser el primer requerimiento del nuevo territorio ante este organismo. Se trata de la solicitud de remoción por contravenciones graves a las normas de probidad administrativa y notable abandono de deberes por infracción a la letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, del alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin Lagos (PS).

El equipo jurídico, conformado por los abogados Esteban San Martín  y Andrés Suazo, adelantó a LA DISCUSIÓN que el requerimiento ya está listo, y que se redactó a petición del Concejo Municipal, el cual de manera transversal votó a favor de presentarlo, el pasado 22 de mayo en sesión extraordinaria. 

En aquella oportunidad cinco de los seis ediles (Susana Martínez, de RN; Jorge del Pozo, del PR; Patricio San Martín, del PR; Alejandra Martínez, del PS; y Pablo Pérez, del PPD), es decir, representantes de todos los sectores políticos, se suscribieron al acuerdo. Solo se restó el concejal Nelson Ferrada, del PS.

El requerimiento se basa en innumerables observaciones de Contraloría General de la República, las cuales hacen presente a los ediles sobre hechos que deben ser conocidos y resueltos por el TER, lo que a juicio del equipo jurídico “es una consecuencia clara de que la Contraloría no tiene facultades para remover a un alcalde, y al ver que hay reiterado incumplimiento y faltas graves a la administración municipal, le indica a los concejales que recurran al TER”.

El requerimiento recoge algunas de las situaciones más graves que se han visto en el último tiempo en el municipio de Chillán Viejo, como el hecho que al concejo no se le ha permitido ejercer su función, lo que altera la marcha y funcionamiento de cualquier municipalidad. Esto se traduce en que los ediles no han dado su anuencia a una serie de actos administrativos -algunos de los cuales comprometen cuantiosas cifras-, teniendo que hacerlo.

“Esta aprobación no es solo levantar la mano, sino que los concejales puedan conocer los contratos, para que puedan fiscalizar su ejecución tanto presupuestaria, como material, teniendo en cuenta que son obras para todos los chillanvejanos”, sostienen los abogados.

También se espera la revisión de muchas “ayudas sociales” que se dieron durante época electoral, específicamente en el año 2012, cuando se entregaron más de $5 millones en beneficios sociales a la comunidad, que no fueron debidamente justificados. Lo que agrava esta situación, es que fue justo durante las elecciones municipales de ese año, en las que fue reelegido el alcalde Aylwin.

Ocultamiento de información

Entre los hechos más recientes contenidos en el requerimiento que se presentará esta semana, está el ocultamiento de información por parte  de la administración de Aylwin a los concejales, como por ejemplo, de una resolución de Contraloría Regional del Bío Bío que llegó  el 15 de febrero pasado, y que no fue conocida sino hasta el 8 de mayo, la cual conminaba a los ediles a solicitar la destitución del alcalde de Chillán Viejo.

“Esto altera la marcha y funcionamiento de la municipalidad. A esto se agrega cómo el alcalde ha insistido y ha permanecido en incumplimiento de los dictámenes de Contraloría. Por ejemplo, cuando a él se le dice que no contrate de manera directa, sino que licite, él igualmente lo hace, como ocurrió con el sistema de web hosting. Lo que agrava esto es que teniendo contratada a una persona irregularmente para este fin, no se contrate la licencia requerida para los sistemas computacionales, lo que hace pagar al municipio una suma de 22 mil dólares ($15 millones), en razón de haber sido demandado por incumplimiento de la ley de propiedad intelectual. Esto obligó al municipio a llegar a un acuerdo, y tener que pagar esa suma de dinero. Si no hubiese existido esta negligencia u omisión, nunca se habría pagado eso”, alega el equipo jurídico.

Otros hechos graves contenidos en el documento dicen relación con la celebración de una transacción judicial sin la autorización del concejo. 

“Se llegó a un acuerdo con un demandante, y el concejo no aprobó, por lo tanto, cuando pasó a ser revisado, fue rechazado, pues el concejo no tiene facultades para ratificar, sino para aprobar o rechazar de forma previa”, plantearon los abogados.

A juicio del equipo jurídico, lo que ratifica todo lo expuesto en el requerimiento es que cada acusación y cada cargo han sido ratificados por Contraloría. 

“Aquí no vamos a ir a probar los hechos, llevaremos los dictámenes de Contraloría. Desde el punto de vista de la opinión pública, el requerimiento es la culminación de una adecuada fiscalización que han hecho uno o más concejales al interior de la municipalidad, y desde el punto de vista práctico, era esperable que se presentara en el TER Ñuble, considerando los gastos de traslado que hay que realizar para las notificaciones”, sentenciaron.

Largo proceso

Una vez presentado el requerimiento, el TER Ñuble lo recibe a tramitación. Se notifica al requerido (alcalde Felipe Aylwin) personalmente y a través de la prensa local, y este tiene un plazo de 10 días hábiles para efectuar sus descargos, por medio de un abogado que tendrá que contratar de manera particular.

Luego, el tribunal recibe la causa a prueba técnicamente, que es cuando se definen los puntos sobre los cuales debatir. Viene una etapa probatoria, en la que se presentan testigos, y se solicitan nuevamente oficios a la Contraloría, tras los cual el TER emite una sentencia, la cual es apelable ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Este puede confirmar la resolución, o revocarla.

“Ahora bien, si el requerimiento es acogido por el TER, inmediatamente el alcalde deberá cesar en sus funciones, en espera del pronunciamiento del Tricel, que confirmará o revocará la decisión”, indicaron los abogados.

Agregaron que “esto no tiene un plazo de duración, es bastante variable. Casos similares han tardado un año y medio entre la presentación y la determinación del Tricel. Pero en este caso en particular, podría tardar más, ya que lo esperable es que se pida la carpeta investigativa a la Fiscalía, que contiene 5 mil fojas; y los oficios al Consejo de Defensa del Estado, para que diga por qué decidieron querellarse en contra del alcalde. Si bien son antecedentes que escapan a lo administrativo, son importantes, pues si la Fiscalía determina que hay que investigar; los concejales y el Consejo de Defensa del Estado también, y Contraloría determina que hay que aplicar sanciones. ¿Quién es el que está mal?”, sostienen los juristas.

Eventualmente, el proceso podría toparse con las próximas elecciones de alcaldes de 2020, e incluso, Aylwin podría presentarse nuevamente como candidato si no hay una sentencia en su contra. Sin embargo, si finalmente el tribunal determina una sanción, podría ser destituido o quedar inhabilitado durante cinco años para ejercer funciones públicas.

Concejales

Para el concejal del PPD, Pablo Pérez, “esta presentación está en el contexto del acuerdo del concejo, debido a una serie de irregularidades administrativas sucedidas en los últimos años. Aquí no solo es un tema, partimos con todas las irregularidades que se arrastran de 2012, las que incluso están en tribunales. No solo hay ilícitos, también hay faltas administrativas reiteradas. Está el tema de las luminarias LED, cuya licitación fue desprolija, van cinco años y no se han podido recepcionar las obras, y tenemos cortes reiterados, falencias en mantención, etc. Fuimos a Contraloría con el concejal Del Pozo para ver alguna solución, y Contraloría ha determinado que el municipio no ha sido diligente. Esto ha generado una deuda con la empresa, que la administración que llegue deberá asumir. Aquí no hay ánimo de rencillas personales, sino que es un tema de lo que la ley nos pide. Chillán Viejo se merece que se establezcan estos hechos”.

El edil radical Jorge del Pozo, quien ha sido uno de los precursores de las presentaciones ante Contraloría, manifestó: “estamos ad portas de cumplir con las recomendaciones que nos ha hecho Contraloría General de la República, por cuanto esta entidad fiscalizadora ha logrado acreditar responsabilidades administrativas de Felipe Aylwin en reiterados pronunciamientos. El Concejo no puede desentenderse del rol que debe cumplir, es por ello que cuando vemos que se omite poner a disposición del Concejo el destino de los recursos que sobrepasan las 500 UTM, y se destinan recursos de todos los chillanvejanos a fines electorales, debemos acudir a la instancia que la ley contempla para perseguir el notable abandono de deberes del alcalde”. El edil recalcó que “esta acción solo obedece al interés que tenemos por resguardar los recursos de nuestro municipio. Prueba de ello es que el apoyo al requerimiento es transversal, dejando de lado los colores políticos”.

En tanto, la concejala del PS, Alejandra Martínez, aseveró que “esta presentación ante el TER se sustenta en nuestra labor fiscalizadora como concejales. Así nos mandata la ley. Lo anterior quedó confirmado en el acuerdo de Concejo tomado durante el mes de mayo. Es por esto que hemos estado trabajando en el texto que presentaremos, junto al equipo jurídico, en los próximos días”.

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