Error burocrático permite libertad para traficantes en Chillán

Por: 09:30 PM 2017-05-26

Fallo de la Corte Suprema se basa en la ausencia de una constancia judicial.

541  días fue la condena del TOP en contra de estos tres chillanejos que hoy están libres.

Una modificación, relativamente reciente, y que obliga a los jueces de garantía entregar un certificado que justifique una orden de allanamiento, fue lo que no se observó en el Juzgado de Garantía de Chillán, cuando la jueza Claudia Madsen autorizó en forma oral al Ministerio Público a autorizar una orden de entrada y registro a un domicilio en Chillán, para poder incautar drogas, dineros y otros medios probatorios que, en primera instancia, permitieron la detención de tres personas.

La causa comenzó con la detención de Margarita Mora Anabalón, Matías Crisóstomo Soto y Marco Romero Parra, el 31 de marzo de 2016, siendo formalizados el 1 de abril siguiente, y terminó en el Tribunal Oral en lo Penal, órgano que condenó a los acusados por el delito de tráfico de cannabis sativa a la pena de 541 días de presidio en diciembre de ese mismo año.

Sin embargo el abogado defensor Cristóbal Bocaz presentó en la Corte Suprema esta irregularidad cometida por el tribunal de primera instancia, y además, el antecedente que el Tribunal Oral chillanejo, obvió la falta declarando admisible la prueba obtenida en el allanamiento, que como es lógico, resultó ser la base de la condena que encarceló a los chillanejos.

Por tal razón el pasado miércoles la Corte Suprema anuló el juicio por no dejar registro (por parte de la jueza Madsen) de la orden de entrada al inmueble y mandó la inmediata libertad de los condenados.

Además, en el fallo se reconvino expresamente al TOP por pasar por alto la formalidad, criticándoles olvidar que  “el sistema de contrapesos y frenos en  salvaguarda de los derechos del imputado alcanza también a la labor de los tribunales de justicia”; y que “esta Corte no puede dejar de observar el evidente olvido de los juzgadores”.

Para el fiscal Pablo Fritz, quien lideró la causa, “con la anulación del juicio también se excluyó la parte más importante de la prueba, por lo que debemos analizar si repetimos el juicio o no. Me sorprende el fallo, creo que se trata de elevar un vicio formal a un estándar muy alto, al punto que personas que cometieron un acto punible hoy quedan en libertad. La reflexión que nos queda es que ahora como fiscales deberemos verificar que los jueces hayan dejado las constancias y consten en las carpetas judiciales”.

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