Termoeléctrica en Pemuco

Por: La Discusión 09:50 AM 2016-04-02

Convivir con el progreso tiene sus costos y ventajas, pero es algo prácticamente inevitable y que las comunidades deben aprender a manejar. Este es un proceso que lleva tiempo y recursos y que varía de acuerdo al desarrollo de los distintos países y los tipos de sociedad. 


La construcción de una industria, un vertedero, una autopista urbana, una cárcel, centrales termo o hidroeléctricas, edificios, antenas de celulares, producen un impacto directo en los vecinos del lugar donde se emplazan. Comodidad, conectividad, un ambiente favorable para el desarrollo de otros negocios, adelantos que mejoran la calidad de vida de las personas son una cara de la moneda. En la otra hallamos impactos ambientales, visuales, en la plusvalía y seguridad. 


En definitiva, el desarrollo económico no es gratuito y si bien conlleva mejoras para los usuarios, también implica deterioro y efectos negativos, o al menos la necesidad de cambios en el sistema de vida de los grupos humanos que resultan directamente afectados. 


Desde hace algún tiempo en el mundo, recientemente en Chile y en Ñuble, las personas que se sienten perjudicadas por obras que van de la mano con el progreso, se han organizado para oponerse públicamente a ellas, aunque profundizando en las motivaciones del rechazo se advierten no solo motivaciones de tipo ambiental, sino también políticas, que conllevan un riesgo no suficientemente valorado por la autoridad, ni por la propia sociedad. 


Cuando el debate se transforma en una batalla entre empresarios y políticos o entre ciudadanos y autoridades se pierde el foco. En nuestro territorio tenemos varios ejemplos que pueden graficar lo señalado. Uno de los más emblemáticos es la nueva cárcel provincial, cuyo rechazo ha sido a las ubicaciones propuestas (Chillán, Chillán Viejo, Bulnes y San Carlos) no a la cárcel misma.


El caso contrario parecen ser proyectos de alcance productivo, de los cuales tenemos decenas de ejemplos locales, sobre todo en el ámbito de la energía donde actualmente sobresalen las centrales térmicas que pretenden instalarse en Bulnes y Pemuco. Esta última, y como era de esperarse, desató a pocos días de conocerse una oposición absoluta de algunos sectores de esa comuna, sin hacer ningún análisis previo de los efectos que desde el punto de vista energético y estratégico significa incorporar una inversión de 400 millones de dólares y una potencia de generación eléctrica de 480 MW a la economía local, sobre todo después que entre en vigencia la nueva ley que compensa a los habitantes y territorios donde se emplazan las centrales generadoras. 


Ciertamente, los proyectos de desarrollo económico no pueden prescindir de la legitimidad social, pero no son menores los riesgos que se corren cuando una comunidad no es capaz de diferenciar claramente entre las motivaciones de protección de sus derechos como habitantes de un determinado lugar, con otros objetivos que utilizan la misma situación para reivindicaciones de otro tipo, ya sea económicas, de poder o políticas. 


Es fundamental entonces que la población y en particular sus representantes, se informen adecuadamente y cuenten con los antecedentes suficientes que le permitan actuar con objetividad y no solo con pasión o con un sesgo negativo a priori, como parece ser los casos en comento. 


A la ciudadanía le preocupa la conservación del medio ambiente, pero ella debe comprender que las posibilidades de crecimiento y progreso social son hoy en extremo dependientes del costo de disponer de energía, lo que requiere un esfuerzo de todos para mantener esta discusión en el terreno de la racionalidad y el bien común.

Comentarios