Educación Superior

Por: La Discusión 12:00 PM 2017-05-14

Una fundada preocupación hay entre los rectores de las universidades tradicionales por las implicancias y omisiones de la nueva propuesta del Gobierno para la educación superior. Como se recordará, frente a la falta de acuerdos para avanzar en la discusión del proyecto de ley de educación superior, el Ejecutivo optó por enviar una indicación sustitutiva y sacar todo lo que tenía que ver con gobernanza y financiamiento de las universidades estatales y llevarlo a otra iniciativa legal. De esta forma, se intenta destrabar la tramitación del proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados. Y no es que no haya voluntad para mejorar el actual sistema, criticado desde distintos sectores por aspectos como el acceso, la calidad de la enseñanza, la fiscalización y el financiamiento, entre otros. Las diferencias más bien apuntan a los mecanismos para llevar adelante los cambios.

En materia de financiamiento, el proyecto, si bien mantiene el aporte fiscal directo, elimina los aportes basales para las universidades no estatales con vocación pública, que precisamente han permitido en estos años el desarrollo y mejoramiento continuo de instituciones emblemáticas, como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile o la Pontificia Universidad Católica. Lamentablemente, desde el Ejecutivo persiste la discriminación hacia las universidades no estatales que tiene su fundamento en una mirada ideológica que busca fortalecer lo estatal a costa de lo privado, desconociendo el rol público que han tenido casas de estudios de larga tradición, que en la práctica han hecho un aporte al conocimiento y a la equidad en el acceso a la enseñanza, mucho mayor que buena parte de las universidades estatales.
Probablemente, esa misma mirada ideológica explica que la normativa propuesta no se haga cargo de la heterogénea realidad de las casas de estudio, rigidizando su funcionamiento, con prohibiciones que rayan en lo absurdo y que en la práctica, harían inviable su operación. Se trata de medidas que apuntan a impedir el lucro, un tema respecto del cual existe un acuerdo transversal, pero que en el proyecto se aborda con gran desconocimiento del funcionamiento de estos planteles. 

Otro aspecto clave es el aseguramiento de la calidad, donde si bien se valora la continuidad de la Comisión Nacional de Acreditación, urge cambiar su dependencia política y precisar aspectos de procedimientos, para evitar que en la práctica se desaliente el proceso de acreditación. Finalmente, este nuevo proyecto tampoco introduce estímulos o incentivos explícitos a las universidades que realizan su labor fuera de Santiago, y que han sido claves en el desarrollo científico, cultural y económico de las regiones en las que están insertas. En otras palabras, en el proyecto se desaprovecha la oportunidad de dar un paso en favor de la equidad territorial y la descentralización.
Como se ha planteado anteriormente en esta páginas, es muy importante que el Congreso pueda discutir este proyecto consultando la opinión de los involucrados, sin apresuramientos derivados del escenario político, de manera que pueda ser perfeccionado y depurado de discriminatorios visos ideológicos que una minoría ha intentado imponer.

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