Seis presos por Ley Emilia podrían quedar libres

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Agencia Uno 09:30 PM 2017-05-13

Eran cerca de las 11.32 horas del pasado miércoles cuando las puertas de la Segunda Sala del Juzgado de Garantía de Chillán se abrían tras una audiencia que no duró más de dos minutos.

Las personas que abandonaban la sala salían con una inconfundible expresión de desconcierto y frustración, tras oír a un tajante y resuelto juez Manuel Vilches decir que la causa estaba suspendida y que no había nada que hacer.

Para los asistentes era la causa en que se formalizaría, conforme a los fundamentos de la Ley Emilia, al causante del accidente que seis días después le causó la muerte a la joven de 21 años Koraima López Troncoso.

Pero una resolución del Tribunal Constitucional (TC), es decir inapelable, sin opción ni siquiera a través de la Corte Suprema, obligaba al juez a no realizar la audiencia.

Quedaban en nada esa promesa parlamentaria de dejar un año como preso preventivo a quien le cause la muerte a un tercero por conducir en estado de ebriedad. En nada esos comerciales que se transmitían en el CDF promoviendo la conducción responsable debido a lo temible de esta nueva sanción promulgada el pasado 16 de septiembre de 2014.

Los familiares de Koraima le pidieron explicaciones al abogado Juan Pablo Ortega, director de la Corporación de Asistencia Judicial de Chillán, quien no tuvo más remedio que explicarles que el abogado Rodrigo Vera Lama, representante del imputado Esteban Urriaga, había recurrido al TC para que declarara como inconstitucional la modificación estelar de la Ley de Tránsito, y cómo ya había ocurrido antes en casos de Concepción, Santiago y Valparaíso, el TC acogió la petición.

El argumento es el principio de justicia, “que dice que no se le puede aplicar una cautelar tan dura a una pena que rara vez terminará con una condena privativa de libertad, menos aún en consideración que hay muchos autores de delitos más graves, como los abusadores de menores o los traficantes, que generalmente quedan en libertad. Y esto no es un delito, es un cuasidelito, porque el culpable no tuvo el ánimo de accidentarse, a diferencia de un abusador o un traficante, que sí saben lo que hacen”, aclaró Vera Lama, quien terminada la audiencia se retiró de inmediato del lugar, especialmente cuando la abuela de Koraima empezó a increpar a su representado, por lo que el resto de los familiares de la joven fallecida la tuvieron que contener.

Si con estos fallos del TC es natural preguntarse qué futuro tiene la Ley Emilia, es el mismo Juan Pablo Ortega quien despeja el panorama y advierte que “sin duda que en adelante se van a declarar todas como inconstitucionales, pese a que se debe revisar caso a caso, porque si en este accidente, que tuvo como víctima a Koraima, el imputado hubiese tenido antecedentes penales o por haber causado otros accidentes en estado de ebriedad, el TC los hubiera rechazado”.

En lo concreto, ya son varios los abogados que alertados por las decisiones del TC esperan revisar en tribunales las medidas cautelares de prisión preventiva que desde septiembre de 2014 se les ha impuesto a estos infractores en algún juzgado de Ñuble.

De hecho, desde la Defensoría Penal Pública el abogado jefe de la unidad, Antonio Guerra, confirmó a LA DISCUSIÓN que “esta semana pediré un informe completo para saber si tenemos personas privadas de libertad por invocación de la Ley Emilia, y de encontrarnos con casos, sin lugar a dudas revisaremos si se dan las condiciones para que se recurra al Tribunal Constitucional”.

Hay seis casos en Ñuble

Fue a comienzos de abril de este año cuando el empresario chillanejo César Becerra Riquelme se retiró en estado de ebriedad de la discoteca Costa Cuervo, ubicada en el camino a Pinto, mismo lugar del que segundos antes había salido el taxi conducido por Francisco Romero Pérez, padre de una hija.  

Becerra colisionó por alcance al taxi y Romero fue eyectado de la cabina, por lo que murió. 

El empresario llamó a unos amigos, entre ellos dos carabineros, para que lo socorrieran y estos lo sacaron de su Chevrolet Camaro y se lo llevaron para evitarle líos judiciales.

Horas después Becerra se presentó en la 6ª Comisaría de Chillán Viejo para denunciar que le habían robado su Camaro, ignorando que Carabineros ya lo buscaba, puesto que el montaje fue observado por un testigo,  quien dio aviso y datos de la patente del vehículo conducido por el cabo Y.J.G.

Mientras los funcionarios policiales fueron dados de baja, Becerra quedó en prisión preventiva, luego que se invocara la Ley Emilia en su contra.

Sin embargo, sentada ya la jurisprudencia del TC, su abogado Giovanni Gotelli adelantó que también va a recurrir de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, “para que mi representado quede en libertad. Él no es un delincuente”.

En Ñuble hay seis casos de Ley Emilia, dos en la Fiscalía de Chillán, uno en la de San Carlos y tres en la de Quirihue, los que probablemente serán objetados.

Cada caso que se admite en el TC hace que este tribunal exija informes al Ministerio Público y a los juzgados que decretaron la prisión preventiva.

Curiosamente, el fiscal nacional Jorge Abbot no ha formulado observaciones cuando se le ha pedido que se pronuncie sobre los recursos de nulidad presentados por los defensores, “y esa es una señal inequívoca de que a la Fiscalía no le interesa defender la Ley Emilia”, apunta Vera Lama.

Consultado por LA DISCUSIÓN, el senador Felipe Harboe dijo estimar que el TC se excedía en sus funciones al suspender estas causas y que ya hay un proyecto entre el Senado y la Corte Suprema para limitarlo en sus atribuciones.

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