Lío por presunta estafa a exnotario llega a tribunales

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:00 PM 2017-05-12

Sanhueza asegura que en el tribunal civil es Bravo quien figura como infractor.

$20 millones sería aproximadamente, el costo real del dominio en venta.

Una audiencia para el mes de julio fijó el Juzgado de Garantía de Chillán, en la que el Ministerio Público local pretende formalizar por el delito de estafa al empresario automotor Ashton Sanhueza Venegas, quien es acusado de haber realizado una venta fraudulenta al exnotario Manuel Bravo Bravo, tomando partido de que su estado de salud mental no le permitía celebrar ningún tipo de negociación.

Sanhueza fue quien hizo conocido el caso en las redes sociales tras recibir la negativa del notario Joaquín Tejos a autorizar el proyecto de escritura pública, en diciembre de 2015, quien objetó el estado de salud de su excolega al aceptar comprar con siete vale vista por $250 millones un dominio sobre un bien ubicado en la periferia de Chillán.

Sanhueza llegó hasta las dependencias de la notaría para vociferar en contra de Tejos, grabándolo todo en un video que él mismo difundió en las redes sociales.

“Se están cagando a la gente acá”, era parte de lo que Sanhueza gritaba en el local.

Según los querellantes,  el dominio no supera en avalúo los 20 millones de pesos, y la Corte de Apelaciones y posteriormente la Suprema ratificaron el fallo, dejando sin efecto la transacción.

Sin embargo Sanhueza explica que “eso no es así, de hecho es Manuel Bravo quien hoy está demandado en el Civil por presentar documentación ideológicamente falsa, y pese a que ellos apelaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones, en ese tribunal les fue mal y en la Suprema también”.

Los vale vista perdidos
Lo que ahora tiene al empresario en la antesala de una investigación judicial formalizada es que según los representantes de Bravo, no ha devuelto los siete vale vista que le entregó el exnotario al efectuar la compra.

La Fiscalía, por lo tanto, ordenó a la PDI incautar los documentos.

Y no solo no los encontraron, sino que aparecieron cuatro de ellos cobrados seis meses después, pese a que Bravo ya había dado orden de no pago.

Pese a que la Fiscalía le solicitó en marzo de 2015, información al banco sobre quién cobró los $160 millones, aún la información no llega a las manos del fiscal Mauricio Mieres, titular de la causa.

Ante esto Sanhueza explicó que “yo ya devolví esos vale vista a las personas correspondientes y eso fue hace por lo menos ocho meses. Acá no hay delito y lo que en un momento se litigó fue precisamente si era lícito o no la retención de esos vale vista con los que el notario canceló la venta y luego la quiso deshacer”.

Conforme a la interpretación, la formalización tiene por objeto “solo el hacer legal la investigación y esa misma investigación es la que me va a dejar libre de todo esto”.

Bravo se querelló
El día 13 de octubre de 2016 la Fiscalía local recepcionó  un escrito confeccionado por los abogados de Aros Benavides & Cía, de Santiago, en el que solicitan al fiscal Mieres iniciar las acciones penales correspondientes en contra de Sanhueza Venegas, a quien además acusan por obstrucción a la justicia al impedir que la PDI le incautara los vale vista, por lo que se desliza otro delito más, el de presunta apropiación indebida de instrumento de especies.

Uno de los que fue citado a declarar como testigo es el notario Joaquín Tejos, quien omitiendo mayores detalles, dijo a LA DISCUSIÓN que “en efecto fui yo quien dio la orden de no hacer efectivo ese proyecto de escritura, es decir no era una escritura propiamente tal, era solo una maqueta, pero finalmente la Corte de Apelaciones ratificó mi determinación y no acogió el recurso de queja que se presentó en mi contra. El resto de los antecedentes ya se los entregué todos al Ministerio Público”.

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