Fallo deja en tela de juicio aplicabilidad de Ley Emilia en Ñuble

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:15 AM 2017-05-08

Cuando en 2014, se modificó la ley de Tránsito con el objetivo de endurecer las penas para aquellas personas que estando en estado de ebriedad generan un accidente de tránsito que le provocara la muerte a otra, dejó así al cuasidelito de homicidio con una sanción privativa de libertad por el plazo de un año, incluso antes de que se dictara sentencia en un juicio oral.

En Ñuble, los casos sumaban siete personas con esta medida cautelar, incluyendo al último caso ocurrido en Chillán el pasado 3 de abril, cuando un empresario local colisionó contra un taxi, matando a su conductor y huyendo del lugar sin dar aviso a las unidades de emergencia.

Sin embargo, el pasado miércoles, el Tribunal Constitucional (con asiento en Santiago) acogió un recurso interpuesto por el abogado chillanejo, Rodrigo Vera Lama, quien, amparado en otros fallos pronunciados por este tribunal en ciuades como Valparaíso o Santiago, apeló a la inconstitucionalidad de la medida, lo que fue acogido por el TC.

De esta manera, el TC ordenó suspender el procedimiento que afectaba a Esteban Urriaga Zapata, quien el 2 de diciembre de 2016, conducía, en estado de ebriedad una camioneta en la que iban además dos personas, entre ellas, la pasajera Koraima López, de 20 años. Urriaga chocó contra un árbol en calle Diagonal Las Termas, dejando a la joven hospitalidad con riesgo vital, falleciendo una semana después.

Si Urriaga no está actualmente en prisión preventiva es solo porque cuando se le formalizó (el mismo día del accidente) la víctima aún estaba con vida.

Por esta razón, el Ministerio Público había fijado audiencia para esta semana y solicitarle al Juzgado de Garantía que aplicara en su contra la Ley Emilia, pero conforme a lo expresado por el TC, ya no se le puede privar de libertad como medida cautelar.

“Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional aplica el principio de justicia que contrasta este cuasidelito de homicidio que tiene, en general, penas bajas, con otros delitos como los de abusos sexuales a menores, por ejemplo, en los que los acusados no quedan en prisión preventiva, por lo que se trata de una medida desproporcionada”, explicó Vera Lama.

Esta serie de fallos, que también se ha aplicado a la ley de armas anulando los tres años de prisión preventiva que se estaban decretando, pone en riesgo a la Ley Emilia, ya que le enseña a todos los Juzgados de Garantía del país que se trara de una medida inconstitucional.

Se trata, en síntesis, de dos leyes que si bien fueron colegisladas por el Congreso y la Presidencia de la República, no pasaron por el visto bueno del TC.

Para el senador Felipe Harboe, el TC se estaría excediendo en sus funciones. “El TC no está para legislar, esa es una función del parlamento y del Gobierno”.

Harboe añadió que a propósito de estos fallos, “la Corte Suprema y el Gobierno ya han solicitado hacer unas reformas  para limitar expresamente las funciones del TC”.

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